La camisa de fuerza de los acuerdos

Autor: Jorge Mejía Martínez
7 octubre de 2017 - 12:07 AM

Los acuerdos están constreñidos por una férrea camisa de fuerza. El presupuesto nacional es insuficiente para asumir la financiación de lo pactado.

Lograr que las Farc dejen de existir como organización armada es un logro incuestionable del actual gobierno. Lo intentaron, sin éxito, Belisario, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, combinando todas las formas de lucha antisubversiva, desde la militar y paramilitar, hasta la política.

Así algunos minimicen la trascendencia del desarme de un ejército ilegal con más de 50 años de experiencia, control territorial y cuantiosas rentas a su haber, diciendo que si pero que no, esa es la noticia que en un futuro será más valorada, como lo hace hoy la comunidad internacional. Con imperfecciones por la improvisación, dudas jurídicas y enormes sapos, pero también menos víctimas, menos muertos, menos zozobra. Más esperanza. Lo contrario es sacrificar un mundo por pulir un verso, como cuestionaba el maestro Guillermo León valencia. Entendible, porque la desaparición del coco de las Farc armada, es una tragedia para quienes han hecho política con la guerrilla en la punta de la asta de sus banderas, dejando en la trastienda los grandes problemas estructurales de este país como la inequidad y la pobreza.

Ahora toca mirar hacia adelante. La mujer de Lot quedará tranquila en la sagrada historia.

Pero compartir la suerte del proceso de negociación entre el gobierno y la guerrilla, no es óbice para desconocer sus dificultades. Sin dejar de reconocer que ha sido el ejercicio pacificador más integral de todos los desarrollados en Colombia, incluido el de las Auc, en el cual las víctimas fueron las grandes ausentes y no estuvieron todos los que eran, ni eran todos los que estaban.

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Las expectativas generadas por el actual proceso fueron desbordadas, no porque las reformas acordadas fueron revolucionarias y trastocadoras del sistema socio económico vigente. Después de no soltar el dedo del gatillo, entrar y salir del monte y regar el territorio de violencia y de dolor, las Farc se contentaron con reclamar el cumplimiento de la Constitución del 91 y de múltiples leyes enmochiladas por su carácter reformista, como la que le asignó una función social a la propiedad en el ya olvidado gobierno de López Pumarejo. El sistema permanece intacto.

Y por el lado del gobierno, este se quiso hacer el verriondo y el progresista, asumiendo compromisos para atender deudas largamente acumuladas, pero sin sacrificar recursos presupuestales ni adecuar los diseños institucionales propios del largo periodo con conflicto armado. Los acuerdos están constreñidos por una férrea camisa de fuerza. El presupuesto nacional es insuficiente para asumir la financiación de lo pactado. El llamado Fondo para la paz se pretende nutrir del Sistema General de Regalías, SGR, y del Sistema General de Participaciones, SGP, este último con un tono regresivo después de los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 que marchitaron la intensión de la Constituyente del 91 de reforzar la capacidad de inversión de las entidades territoriales. Según la Gobernación de Antioquia, el posconflicto en la región requiere más de 11 billones de pesos, el 91% dirigido a la dignificación del campesino. Cifra imposible si el gobierno nacional no asume el 75% restante, por lo menos.

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La otra o la misma camisa de fuerza es la famosa ley 617 de 2000 que regula los gastos de funcionamiento de municipios y departamentos. Por su aplicación se redujeron los inspectores de policía, los comisarios de familia, los fiscales, los jueces, los maestros, los médicos, la presencia del Estado se concentró escasamente en los grandes centros urbanos, mientras en las zonas rurales la institucionalidad se redujo al soldado o al policía, generalmente de paso. La ilegalidad asumió el control territorial, el monopolio de la fuerza, de la justicia y de la tributación. Hoy se pretende copar con institucionalidad esos espacios, pero solo con buenas intenciones, porque ni los municipios, ni los departamentos tienen como designar funcionarios que encarnen el Estado al servicio de la comunidad. No hay recursos y la ley 617 pende como una espada de Damocles. 

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