En último debate en el Senado de la República fue aprobado el proyecto de ley que moderniza el Código de Extinción de Dominio, este modifica la Ley 1708 de 2014 y busca ampliar el concepto de crimen organizado y contrarrestar cualquier organización delictiva. 

En la práctica, esta nueva ley permitirá al Estado perseguir económicamente a los criminales y a su vez aspirar a una enajenación temprana de bienes, que por tener una naturaleza ilegal, el Estado pueda aplicarles extinción de dominio de una forma más eficiente agilizando todo lo relacionado con este tipo de procesos.

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El Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero indicó que "uno de los grandes retos que ha enfrentado el Estado es la persecución contra las economías ilícitas, lo que ha llevado a repensar y reestructurar la figura de la extinción de dominio en todas sus etapas". Esta ley permitirá mejorar tanto los procesos de investigación y judicialización como la administración de los bienes.

El ministro explicó que esta ley de reforma contiene tres ejes primordiales: la supresión de la fijación provisional de la pretensión en la fase de investigación, cambios en la figura de la enajenación temprana y por último la ampliación de las causales de la justicia premial.

Además agregó que esta ley permitirá superar las dificultades y las falencias que se venían presentando. "Podremos avanzar y tendremos un feliz resultado en materia de extinción de dominio", indicó el Ministro Gil. Con la implementación de la enajenación temprana el Estado ya no tendrá el problema de administrar tantos bienes y de diferentes naturalezas. Esto último contribuirá a eliminar la posible corrupción que pueda existir en la administración de los recursos. 

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Pero no solo se trata de agilizar y optimizar los procesos de enajenación de bienes producto de actividad ilegal, sino que se definió de una mejor manera la repartición de los el remanente de los bienes objeto de extinción de dominio, y que en lo sucesivo serán asignados en un 40 por ciento para el Gobierno Nacional, 10 por ciento  para la Policía Nacional,  25 por ciento para la Fiscalía General de la Nación y 25 por ciento para la Rama Judicial.

'La Fiscalía General de la Nación busca que los bienes que estén afectados puedan destinarse a la justicia premial, es decir, a beneficiar a quienes contribuyan de manera eficaz con la extinción', puntualizó el alto funcionario. 

“Vamos a intensificar la lucha contra las organizaciones criminales que hoy amenazan con la consolidación de una paz estable y duradera”, expresó el ministro Gil Botero, quien espera que la sanción presidencial sea rápida y así la nueva ley pueda entrar en vigor cuanto antes.