Un Juzgado Especializado de Cundinamarca condenó a 21 militares del Ejército a penas entre 37 y 52 años de prisión por ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) de cinco jóvenes en hechos ocurridos en 2008 en la localidad de Soacha, aledaña al sur de Bogotá, informaron fuentes oficiales.

Entre los condenados está el teniente retirado Gabriel de Jesús Rincón Amado, oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15 del Batallón Contraguerrillas 96 en Norte de Santander (noreste), quien deberá pagar 46 años de prisión.

Según las pruebas recolectadas por el Juzgado Primero Penal de Cundinamarca, los jóvenes fueron reclutados "de manera engañosa" y llevados hacia una aldea ubicada en el municipio de Ocaña, en Norte de Santander, donde fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, según reseñan medios locales.

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"Los cuerpos presentaban maltratos físicos y tiros de gracia, lo que no deja en evidencia un combate como dijeron los uniformados al presentar los jóvenes a las autoridades (...) aportaron armamento a las víctimas con el objetivo de otorgar legitimidad a la actuación ilícita", según expedientes aportados por Medicina Legal.

Los militares sindicados del crimen, catalogado como "de lesa humanidad", fueron acusados por los delitos de "desaparición forzada, concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento privado, homicidio agravado, porte, tráfico y fabricación de armas de fuego".

La juez encargada del caso aseguró que la condena asignada a los 21 militares del Ejército "no impide" que estos se postulen a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en un futuro, sin embargo destacó que su inclusión dependerá de los magistrados de la Justicia Transicional.

La JEP, columna vertebral del acuerdo firmado entre el Gobierno de Colombia y las Farc será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (Didh), del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacional (DPI).