Columnistas

Golpe, congreso, democracia y el Papa
Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
18 de Diciembre de 2016


Ya la Corte Constitucional terminó su trabajo de zapa para dinamitar nuestro ordenamiento jurídico, al avalar el fasta track, que no sólo acorta los tiempos de los procedimientos legislativos, sino que convierte al Congreso en simple notario.

Ya la Corte Constitucional terminó su trabajo de zapa para dinamitar nuestro ordenamiento jurídico, al avalar el fasta track, que no sólo acorta los tiempos de los procedimientos legislativos, sino que convierte al Congreso en simple notario y amanuense de lo que le dicten el Gobierno y las Farc; labor  complementada por la mayoría del parlamento, que, por un plato de lentejas, presuroso corre a dar trámite a las leyes y actos legislativos que terminarán por demoler cualquier vestigio de democracia liberal (no en el sentido partidario, sino en el doctrinario) en Colombia. Corte y Congreso entregan voluntariamente sus poderes, lo que constituye un caso atípico de golpe de estado: el que los poderes derivados dan al pueblo, fuente de soberanía y de su poder delegado.


Y, como se ha venido denunciando por aquellos que todavía encuentran espacios donde escribir y hablar, ya comienzan los, hasta ahora, vencedores del pulso político, las Farc, a mostrar cómo será lo que le espera a Colombia, como lo hizo alias lozada en Caracol esta semana: impunidad para los criminales  que se ufanan en decir que no serán juzgados ni condenados porque no les ha sido probado ningún delito de lesa humanidad o de guerra, pero que sí lo serán los militares, los empresarios del campo e industriales en las ciudades y periodistas, esos que han osado poner en evidencia sus tropelías. Pero también anuncian expropiaciones exprés, reforma electoral a su medida, con voto electrónico implementado por el grupo que lo ha puesto a funcionar en Venezuela, para facilitar desde el 2018, su gobierno de transición al bolivarianismo (fase terminal del marxismo caribeño) de Chávez y Maduro, que para eso Venezuela y Cuba son países “acompañantes” del “proceso”. Y no tendrán de qué preocuparse, que para eso tienen a la corte, al congreso y al tenebroso sistema paralelo de la llamada Justicia Especial para la Paz, JEP, a su servicio, todo bajo la atenta mirada de la comisión paritaria del gobierno y las Farc (más los países acompañantes, estos por los primeros seis meses), que les dirá exactamente lo que hay que hacer, sin posibilidad de esguince.


Cuentan, además, conque las elecciones presidenciales están relativamente lejos, por lo que tienen, creen, el tiempo suficiente para que a la hora de la justa electoral, la sustitución de la Constitución esté terminada, la oposición debilitada, en la cárcel o el líos judiciales de los que no podrá escapar; el pueblo desanimado y fragmentado; mientras ellos tienen el control de las “organizaciones sociales”, que paralizarán el país, así como el apoyo de  la gente que gira alrededor del narcotráfico y la minería ilegal, con la economía ilegal creciendo desbordadamente, ingresando recursos infinitos para su propósito de  la toma del poder, aupados, además, por  la violencia desatada por los grupos de narcotraficantes propios, derivados o aliados, armados hasta los dientes, conjurados en su lucha contra un estado debilitado desde adentro. 


Y no se descarta nada, incluso la suspensión de las elecciones del 2018, si De la Calle y Piedad Córdoba, o la dupla que constituyan en su fórmula presidencial, la tiene difícil en las urnas.


Parte importante de su estrategia, quiero recalcar, será debilitar a la oposición y para ello acudirán a lo que sea, como acaba de ocurrir esta semana con la invitación del Papa a Uribe y Santos para obtener un consenso sobre la paz establecida. El presidente dijo que estaba abierto al diálogo, cuando lo que hizo, exactamente después del plebiscito fue cerrar el camino a un acuerdo nacional. Como quien dice, dialogo si aceptan lo que les impongo. Menudo sofisma. Y lo hace a sabiendas de que utiliza la figura del líder espiritual para forzar al senador a decir que no acepta la solicitud del pontífice porque hay puntos de fondo que fueron rechazados por el pueblo en el plebiscito que el presidente pretermitió. El presidente sabía la respuesta, pero quería mostrar a Uribe como un radical irredento. Debió ser difícil para el senador, católico ferviente. Pero quedó claro que en asuntos del interés supremo de nuestra democracia nadie, ni el mismísimo Papa, puede pedir que se dé a Santos lo que es del pueblo. Es que el propio Jesucristo enseñó el paradigmático “Dar al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”.


Un futuro muy oscuro nos espera. Pero el pueblo colombiano ha dado muestras de su sabiduría y confío en que finalmente nuestra democracia resultará victoriosa. Pero habrá que defenderla en las calles y en las urnas, en los pueblos y en los foros. De manera pacífica, pero firme.