Columnistas

El Acuerdo de Paz, la nueva carta de navegación
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
16 de Diciembre de 2016


La obstrucción del proceso de paz, a través de largos procedimientos legislativos y del cumplimiento de requisitos formales, ¡

La obstrucción del proceso de paz, a través de largos procedimientos legislativos y del cumplimiento de requisitos formales, no ha prosperado frente al imperativo de hacer prevalecer el cumplimiento de los fines propios del Estado, y de garantizar el derecho a la paz, como un bien superior en el estado social de derecho que se consagra en la Constitución colombiana.


Con la refrendación que el Congreso de la República les ha dado a los acuerdos de paz, suscritos entre el gobierno y las Farc, sumado a la de decisión de la Corte Constitucional contenida en la sentencia C-699-16 en la que se declararon exequibleslos artículos demandados del Acto legislativo 1º de 2016, estamos avanzando positivamente en el camino de la paz.


Aunque el boletín de la Corte Constitucional 052,publicado el pasado 13 de diciembre,deja aspectos muy relevantes por resolver, que muy posiblemente se aclaren una vez se publique el texto completo de la sentencia C-699-16, con la providencia se allana el camino y se deja en manos del Congreso y del Gobierno decisiones que próximamente deben adoptarse. Será la decisión de la Corte Constitucional la última palabra sobre la refrendación del Acuerdo y uno de las bases de la construcción de nuestra nueva democracia.


Con los sucesos de los últimos días no solo estamos terminado más de cincuenta años de conflicto armado, sino que además estamos haciendo posible un escenario de conciliación nacional, en el que se abandona el uso de las armas como medio de solución del conflicto, y las discusiones pasan del campo de batalla a las corporaciones públicas, siendo la confrontación política y no la armada, el mecanismo para el reconocimiento de diferentes reivindicaciones sociales.


Es claro que, a pesar de la importancia del proceso adelantado, hasta ahora no se ha experimentado una transformación sustancial en nuestro ordenamiento constitucional y legal, y la concreción detallada de cada una los acuerdos a que han llegado el Gobierno y las Farc apenas comenzará a convertirse en normas jurídicas vinculantes para el Estado, los insurgentes reinsertados a la sociedad y para la totalidad de los colombianos.


Aunque las primeras normas que deben tramitarse en el Congreso son las relacionadas con la amnistía y los mecanismos de participación democrática, que deben abrir canales para la participación ciudadana, lo más seguro es que rápidamente se deba asumir la discusión sobre temas sustanciales como la reforma rural integral y el acceso universal a diferentes modalidades de servicios públicos. 


Sin duda la evolución del modelo jurídico colombiano ha sido notoria en los últimos años y la forma como el Gobierno, el Congreso y los Jueces han entendido el proceso político del país, genera una transformación sustancial de la manera como se entiende el papel del derecho en la sociedad contemporánea, pues ha dejado de ser un fin en sí mismo, para convertirse en un instrumento a favor de la paz, la equidad y el desarrollo de la sociedad.


Todo parece indicar, que Colombia avanza en un proceso de transformaciones radicales en su funcionamiento institucional y que el proceso de paz no es un simple acuerdo jurídico formal, en el que los insurgentes dejan las armas y nada más, por el contrario, lo que se ve claro es la voluntad política del Gobierno, por obtener transformaciones que no solo se expresan en la representación de las Farc en el Congreso, sino que además implican reformas constitucionales y legales, que el Congreso debe comenzar a debatir y que en algunos casos el Gobierno podrá poner en vigencia mediante Decretos con fuerza de ley.


Ante la necesidad de cumplir el acuerdo de paz, lo que deberíamos tratar es de lograr que se avance en el fortalecimiento institucional, de manera tal que la democracia de participación se haga realidad y que el Estado adopte diferentes medidas cuyo propósito sea dignificar las condiciones de existencia de todos los colombianos. Es la hora de profundas transformaciones nacionales en las que todos debemos participar.