Columnistas

Nuevos retos municipales en agua potable y saneamiento básico
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
9 de Diciembre de 2016


Con la reglamentación por parte del Gobierno Nacional del artículo 18 de la Ley 1753, la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo tendrá una transformación sustancial,

Con la reglamentación por parte del Gobierno Nacional del artículo 18 de la Ley 1753, la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo tendrá una transformación sustancial, puesto que tanto en el caso de las zonas rurales, como urbanas, la ley ha autorizado que se reconozcan diferentes esquemas de prestación de esos servicios, lo que indica que se flexibiliza el modelo rígido contenido en la Ley 142 de 1994, que impedía que en algunos casos los municipios o los prestadores adoptarán medidas especiales que les permitiera llegar a algunas comunidades con menor grado de desarrollo.


En el caso de las comunidades rurales constituye verdadera novedad que se permita la prestación del servicio de acueducto a través de pilas públicas, en las que los usuarios podrán tener derecho a los subsidios del fondo de solidaridad, también es novedoso que se permita a las comunidades organizadas dedicarse al suministro o agua, a través de la administración de puntos de abastecimiento o la realización de actividades del servicio.


A las “empresas comunitarias” que se dedican a la administración de un punto de suministro o abastecimiento del agua, el reglamento les reconoce que se trata de la realización de una actividad, que no se regula por la Ley 142, luego no estarán sujetas a las regulaciones de la CRA, ni a los controles de la Superintendencia de Servicios Públicos, lo que demandará la especial intervención de las autoridades locales.


Como resultado de la aplicación plena del artículo 18 de la Ley 1753, muy posiblemente en el país se contará con diferentes esquemas de prestación de servicios públicos domiciliarios, pues en las zonas rurales, el servicio puede ser prestado bajo tres modalidades, a saber: (i) la prestación ordinaria, que se presentara en zonas rurales con desarrollos urbanísticos normalizados; (ii) La prestación de servicios en la modalidad de esquemas diferenciales; y (iii) a través de la administración de un punto de acceso para el suministro de agua o saneamiento básico, teniendo en cuenta, que en el último de las eventos no se aplica la Ley 142, sino que se trata de actividades del servicio, que no conllevan la existencia de un prestador de los mismos.


Así mismo, con fundamento en el artículo 18 de la misma Ley, el Gobierno debe fijar las reglas que permitan la prestación de los servicio públicos, en las zonas urbanas, bajo dos modalidades diferentes a saber: (i) la prestación ordinaria, que


es la forma típica reglamentada en la Ley 142 de 1194, y (ii) la aplicación de esquemas diferenciales por prestarse el servicio, (a) en zonas de difícil acceso, (b) en áreas de difícil gestión, y, (c) en áreas especiales de servicio, que tienen condiciones particulares


En adelante no se pretenderá que en las zonas rurales los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, sean prestados siempre por empresas de servicios públicos, en las “mismas condiciones” en las que lo hacen en las zonas urbanas, pues por el contrario, estos servicios podrán prestarse adoptando diferentes modalidades de prestación, lo que impacta positivamente la gestión empresarial de los prestadores y la forma como las comunidades organizadas pueden vincularse a la gestión de los servicios.


Con la expedición del Decreto 1898 de 2016, a través del cual se reglamenta la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales de los municipios, mediante la utilización de esquemas diferenciales de prestación de los servicios o de suministro de abastecimiento de agua y saneamiento básico, se inicia una nueva etapa para la gestión de éstos servicios, en la que se reconocen nuevas formas de prestación de los servicios, que antes eran inexistentes.


Todo lo anterior será posible si los municipios, los prestadores de servicios y las comunidades locales, entienden su nuevo rol y asumen las nuevas responsabilidades, además, si los organismos de control impiden que, bajo el nuevo esquema, las empresas de servicios públicos y los administradores de puntos de abastecimiento y suministro de agua, abusen de su posición