Editorial

Las Vicealcald韆s de Seguridad y Convivencia
30 de Octubre de 2016


Bienvenido sea un debate serio y constructivo sobre esta y otras propuestas concretas, nacidas en las regiones y tendientes a dar paz y seguridad a las zonas m醩 aquejadas por el conflicto.

En Bogotá, con voceros de los sectores críticos del Acuerdo Final, y en La Habana, con las Farc, avanza la renegociación que busca construir la paz estable, duradera, incluyente y sostenible exigida por los colombianos. El acuerdo que se conquiste podría sentar las bases para el fin de la confrontación de las Farc, y eventualmente del Eln, contra el Estado colombiano. Sin embargo, el acuerdo no significaría la inmediata conquista de la paz en municipios y zonas rurales alejadas de los centros de poder y opinión. Para que esas regiones sientan la paz es preciso que el Estado asuma el control territorial garantizando la vigencia de los derechos humanos y el fin de actividades criminales como los cultivos ilícitos y la minería ilegal, entre otros. 


El reconocimiento de las dificultades para alcanzar la paz territorial exige entender que en regiones aisladas y en corredores estratégicos de la economía ilegal, distintas organizaciones criminales, todavía no estructuradas, presionan buscando copar espacios y actividades abandonadas por las guerrillas. También demanda que el Estado asuma su responsabilidad en poner coto prontamente a esas amenazas. En tal perspectiva, el gobernador de Antioquia ha presentado la propuesta de crear las Vicealcaldías de Seguridad y Convivencia, 32 que tendrían carácter temporal, a fin de cubrir los municipios del departamento con mayor riesgo de aumento de la criminalidad y la violencia. La iniciativa, ha explicado el doctor Luis Pérez, busca que esas funciones sean desempeñadas “en comisión de servicios por un oficial de la Fuerza Pública, del Ejército, la Policía o de la Fuerza Aérea, para que de la mano con la ciudadanía y de los gobiernos municipales restauren la civilidad y la autoridad como una virtud de la democracia”, aunque admite que los alcaldes que rechacen trabajar con los oficiales pueden designar funcionarios civiles, asumiendo el costo de esa operación con recursos municipales. El nombramiento de altos y destacados oficiales, además de no representar erogación adicional del presupuesto municipal, y que de esta manera se le estaría dando un importantísimo y bien merecido rol a miembros de la Fuerza Pública en el postconflicto, se explica por su experiencia y capacidades profesionales para actuar en terrenos remotos y bajo amenazas de diversa índole.


La iniciativa del gobernador reedita experiencias con resultados destacados, como el que tuvo la Vicealcaldía de Seguridad y Derechos Humanos de Medellín, hoy escindida en dos secretarías independientes, cuyo logro más destacado fue la progresiva reducción de homicidios entre los años 2012 y 2015, cuando la ciudad salió de la lista de 20 urbes del mundo con más altas tasas de muertes violentas. Esta dependencia inspiró la creación de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, que ya deja resultados en mejora de la percepción de seguridad. 


Aunque todavía no se ha presentado oportunidad para abrir un examen formal y profundo a la iniciativa de la Gobernación, algunos ¿interesados? pregoneros de desastres han rechazado la idea fundándose en críticas a los alcaldes militares nombrados a fines del siglo pasado. Sobre tal recuerdo se alegan falencias administrativas y acusaciones sobre aumento de la violencia en los municipios donde se hizo el experimento. Quienes así argumentan descuidan el importante hecho de que el modelo no contempla que los funcionarios sean la máxima responsabilidad administrativa del municipio, y, lo más importante, descuida lo que el país ha avanzado en la formación de miembros de la Fuerza Pública en Derechos Humanos, así como en controles amplios, exigentes y eficientes para militares y policías, estos superiores a los que tienen muchos funcionarios civiles.


Bienvenido sea entonces un debate serio y constructivo sobre esta y otras propuestas concretas, nacidas en las regiones y tendientes a dar paz y seguridad a las zonas más aquejadas por el conflicto armado. Tras un primer acercamiento a la iniciativa, uno de los aspectos que sí nos suscita interrogantes es el muy posible “choque de trenes” en el ejercicio de autoridad, “virtud de la democracia” según el documento, entre el alcalde elegido popularmente y delegatario del poder soberano en el municipio, y el oficial designado en comisión de servicios para trabajar con ese alcalde bajo su “mando y tutela” pero sin romper sus nexos de sumisión al mando de su superior jerárquico. Se hace necesario establecer muy claramente las funciones, competencias y limitaciones, para que la figura no represente riesgo institucional para la democracia más sólida y antigua de América Latina, calidad preservada en gran medida por el acatamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía al principio de no participación en política.