Economía

Government increased fiscal oversight of foundations and NGOs
Gobierno aumenta fiscalización de fundaciones y ONG
Autor: Monica Andrea Saavedra Crespo
30 de Octubre de 2016


Entre las iniciativas están la eliminación de la contratación directa con las entidades sin ánimo de lucro por parte del Estado y los requisitos que ahora pedirá la Dian para calificar a estas organizaciones.


Foto: Cortesía 

Entre las entidades sin ánimo de lucro están las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las fundaciones, las corporaciones, entre otras.

La semana pasada el presidente Juan Manuel Santos anunció que firmará la modificación al Decreto 777, que regula el régimen de contratación pública con las entidades sin ánimo de lucro (fundaciones y ONG), lo que junto a la propuesta de mayor fiscalización de estas organizaciones, contemplada en el proyecto de Reforma Tributaria, evidencia cómo el Gobierno busca aumentar la fiscalización de aquellas.


Esta modificación tiene el objetivo, según Santos, de frenar la contratación directa con las entidades sin ánimo de lucro e iniciar procesos contractuales, para controlarlas de la misma forma que se hace actualmente a las empresas que suministran bienes o servicios al Estado.


Según Liliana Rodríguez Burgos, directora de la Confederación Colombiana de ONG (Ccong), “tuvimos la oportunidad de hacer comentarios al proyecto que está reformando al Decreto 777 y hay una preocupación que es el sentido que se le está dando al Artículo 355 de la Constitución Política. Nos preocupa el hecho de que este Decreto se orienta a las organizaciones contratistas del Estado y no valorar las propuestas de valor, los procesos y modelos de trabajo que le pueden servir a aquel para cumplir sus metas. El Decreto está planteando como si se tratara de simples operadoras contratistas del Gobierno”.


Al término de la reunión con la Comisión Nacional de Moralización en la Casa de Nariño, con la cual hicieron un seguimiento en los avances de la lucha contra la corrupción, el primer mandatario dijo referente a las entidades sin ánimo de lucro: “Hemos encontrado que son responsables de la pérdida y desviación de billones de pesos que son recursos generalmente destinados a la población más vulnerable”. 


Rodríguez Burgos manifestó que reconocen el mal uso de la figura jurídica que se le ha dado a las entidades sin ánimo de lucro y de igual forma los avances e iniciativas que está haciendo el Gobierno para generar mejores controles. No obstante, “somos conscientes de ello, lo que sí nos preocupa es la forma de cómo siempre se dirigen hacia el sector, diciendo que es corrupto y evasor de forma general y es allí donde está el principal riesgo de estigmatización desconociendo la inmensa diversidad que hay”, sostuvo la directora de la Ccong.


Por su parte, Enrique Daza Gamba, director del Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo) que hace parte de la Red de Justicia Tributaria, indicó que todo lo que contribuya al control de la corrupción es bueno. “Sí hay una gran cantidad de anomalías entre tantas entidades sin ánimo de lucro que contratan con el Gobierno y que han sido creadas por la misma clase política o por algunas empresas”, sostuvo. Sin embargo, agregó que acusar a las entidades sin ánimo de lucro es como “buscar un chivo expiatorio ante un sentimiento en la población de que hay una corrupción fomentada. Entonces yo creo que eso es una medida inocua, que esconde los verdaderos problemas de la corrupción en el país”.


Juan Carlos Álvarez Vásquez, director de la Corporación de Amor al Niño Cariño, consultado sobre el anuncio del presidente Santos expresó que se desconoce lo que las entidades sin ánimo de lucro y las ONG han aportado a la comunidad en general. 


También explicó que las entidades sin ánimo de lucro, tema que conoce desde hace 38 años cuando fundó su corporación, aportan al desarrollo social del país. Ya sea enfocado para la niñez, tercera edad, desarrollo juvenil para el empleo, entre otros.


Por esa razón, el director de Cedetrabajo expone que existe una gran diversidad y heterogeneidad en las entidades sin ánimo de lucro, “no se puede tratar de iguales a entidades que son desiguales, la crítica sería que no se diferencia entre las grandes y las pequeñas. Entre las que efectivamente cumplen un fin social, humanitario, de derechos humanos, de cualquier cosa de aquellas que apenas son un mascarón para encubrir negocios o para aliviar impuestos a grandes grupos económicos”.


Respecto a la Reforma Tributaria, Daza Gamba argumentó que el Gobierno no determina en realidad nuevos impuestos sobre las ONG, “lo que hace es establecer una cantidad de requisitos nuevos para controlarlas”, por lo tanto todas las entidades sin ánimo de lucro tienen que demostrar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) que operan de esta manera y tienen plazo hasta el 31 de diciembre.


Entre otras acciones, que forman parte del plan anticorrupción del Ejecutivo, Santos comentó que aumentaron el presupuesto de la Secretaría de Transparencia para el año 2017, darán inicio al Laboratorio de Innovación en lucha contra la corrupción y usarán la evidencia científica para medir la efectividad en los principios del Buen Gobierno.



Labor de las entidades sin ánimo de lucro

Carlos Andrés Monsalve Roldán, director ejecutivo de la Confederación Antioqueña de ONG expresó que “es muy precipitado que se de a entender que todas las organizaciones sociales tienen una naturaleza corrupta. Históricamente estas organizaciones vienen trabajando para favorecer una cultura de paz con una presencia en los territorios mediante proyectos de transformación con las comunidades, es decir, tienen un compromiso decidido y transparente para construir el tejido social y eso ha generado muchas transformaciones y es un asunto que estamos dispuestos a visibilizar”.


Respecto a las reglamentaciones que se están proponiendo con la Reforma Tributaria, tienen unas propuestas a nivel de gremio que ya han venido trabajando, porque aparte de ser organizaciones críticas, son propositivas.


Adicionalmente, en este momento desde la Confederación Colombiana de ONG y las Federaciones están liderando un  proceso de rendición social pública de cuentas “que no solamente es financiera sino de nuestro valor agregado, de cómo nos sumamos a los objetivos de desarrollo sostenible, etc., es decir, que por iniciativa propia venimos haciendo unos ejercicios para identificarnos como organizaciones transparentes que le apuestan a esa construcción social”, puntualizó Monsalve Roldán.