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Autor: Alfonso Monsalve Sol髍zano
2 de Octubre de 2016


Hoy es un d韆 crucial para la sociedad colombiana.

Hoy es un día crucial para la sociedad colombiana. El plebiscito podrá definir el futuro de nuestra sociedad porque, en caso de que triunfe el sí, será el comienzo de fin de nuestro estado de derecho y su devenir en una dictadura bolivariana fundada en una narco república. Y, en cambio, si lo hace el no, abrirá una puerta a la corrección de lo pactado, que podría llevar a una verdadera paz estable y duradera con las Farc y el Eln.


Muchos colombianos creen en las bondades del acuerdo, y lo avalarán hoy. Lo hacen con convicción, buscando un mejor mañana para ellos y sus descendientes en un país que aman, en el que quieren vivir y ver crecer. Los partidarios del no, también. Queremos a nuestras familias, estamos orgullosos de nuestra nación, aquí queremos morir de viejos. A todos nos une el amor por Colombia. A los primeros, les pido respetuosamente que lean los argumentos que siguen.


Ir contra la corriente, creada, además, sobre la base de un enorme despliegue propagandístico -sólo piensen en la infinitamente grande desproporción en el acceso a los grandes medios para exponer nuestras razones- es difícil. Pero no nos quejamos porque la verdad no es un asunto de publicidad masiva sino de concordancia de lo que se dice con la realidad. Es más, tanta propaganda es sospechosa, y si no, ¿por qué los promotores del sí requieren semejante exhibición, apabullante y falaz, de mensajes, emitidos una y otra vez hasta saturar a los ciudadanos, al mejor estilo de los regímenes totalitarios?


Se nos ha dicho que se negoció el mejor acuerdo posible. ¿Qué significa esto? ¿Lo posible para satisfacer a las Farc a cualquier precio, o lo posible para salvaguardar los intereses supremos de nuestra sociedad y estado de derecho, cediendo aquello que no los destruyera? La respuesta me la dio Sergio Jaramillo en la edición especial (1795A) de la Revista Semana, del 27 de septiembre. Primero, me confirmó en la tesis de que este país casi siempre ha sido gobernado por una camarilla centralista y, generalmente bogotana, como que supe que el señor Jaramillo es pariente lejano del presidente Santos, educado totalmente en las universidades de élite norteamericanas, inglesas y alemanas, descendiente de Miguel Antonio Caro, gramático como él, cultor del griego clásico, a diferencia de su ascendiente, que era experto latinista. 


Saber esto me produjo una gran conmoción, porque era, ni más ni menos, sentir otra vez el país en manos de los gramáticos del siglo XIX. O lo que es peor, éstos manejados por Santos. Veamos, en el texto se dice que Jaramillo defendió la ampliación de la agenda pactada, a temas como la tierra, el narcotráfico, la impunidad y la democracia (p.40). Ya la gente sabe que el Gobierno dejó la reforma agraria a las Farc, con una concepción reaccionaria sobre el desarrollo del campo, que terminará por destruirlo en su combinación con los narcocultivos, pues el presidente tiene al país con 200.000 hectáreas de coca (a la fecha); que las Farc ejercen el control (en alianza con el Eln y las bandas criminales), de esos territorios, aupadas, además en las políticas “voluntarias” de erradicación. Y si por democracia se entiende la construcción de un estado paralelo, plagado de subsidios descabellados, en muchas ocasiones, organizaciones, veedurías, comités, comisiones, emisoras propias, etc., entonces ya se sabe cuál es el concepto de ésta Jaramillo maneja.


Pero lo que más me llama la atención es el asunto de la impunidad: Jaramillo, dice el artículo, defendió “1) que los responsables de crímenes graves fueran juzgados de manera selectiva pero ejemplar, 2) que hubiese algo de privación de libertad, 3) que la participación en política estuviese limitada para quienes tuvieran condenas por delitos de lesa humanidad y 4) que la justicia fuera para todos y no solo para la guerrilla” (p.41). Lo que se pactó, en los tres primeros puntos, fue exactamente lo contrario. Y la explicación que se da, es que las Farc no cedieron en ellos y, lo que es peor, que cuando el negociador se tornó incómodo, Santos le montó una mesa “ad Hoc” paralela -la canciller Holguín, Roy Barreras, etc.- que desestimó sus objeciones y aceptó todas las peticiones de las Farc., en lo que se conoce como la “Jurisdicción Especial para la Paz”, que instaura la impunidad total para esa organización y de paso, utilizará esta jurisdicción para juzgar a todos los colombianos que requiera, pasándose por la faja el ordenamiento jurídico nuestro. El sueño de Jaramillo convertido en pesadilla para los colombianos. Y hay que decir que De la Calle, Naranjo y Mora pasaron también de agache.


No sé ustedes, amables lectores, pero yo lo que veo es que no se negoció el mejor acuerdo posible para el país, que abriera las puertas de la civilidad a las Farc para fortalecer el Estado de Derecho, sino uno a la medida de esa guerrilla, que dinamita nuestro ordenamiento jurídico, y que, para hacerlo, se renunció, conscientemente a defenderlo, como era obligación del presidente y sus negociadores, y, además, se guardó silencio ominoso, cuando tal engendro se concretó. 


Invito en consecuencia a votar por el no, con la convicción de que lo que le conviene al país es corregir el acuerdo.