Editorial

Harakiri constitucional
28 de Septiembre de 2016


Puede obligar a cambiar la Constitución de Colombia si la Corte Constitucional omite fallar antes del viernes, cuando también será tarde, sobre la exequibilidad del Acto legislativo para la paz.

Mediante hábil conjugación de prisa en el trámite del Acto legislativo para la paz y en la consulta plebiscitaria acompañada de despliegue propagandístico -que manipula con la pregunta que interroga por “la paz”-, el Gobierno avanza en su idea de institucionalizar el Acuerdo de La Habana, suscrito tras seis años de negociaciones, cuatro de ellos en la Mesa de conversaciones. En seis puntos, y el entramado de aclaraciones y protocolos, el Gobierno y las Farc decidieron nuevas reglas de juego, instituciones y procedimientos que reconfiguran, sin contar con la ciudadanía, ni concordar con nuestra Constitución, al Estado. 


El Gobierno no ha ocultado su desprecio por los argumentos de juristas, voceros políticos y analistas que han detectado graves falencias en el Acuerdo final, siendo muy notorias las de impunidad para responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad; paralelismo en la justicia penal, que favorecería vindictas o bloqueos, y evidente inequidad en la participación política contra los pequeños partidos que han ganado voto a voto su lugar en la democracia. Ahora, en hábil manejo lingüístico acrecentado por el coro de medios unidos en aplauso a la negociación, proclama a los cuatro vientos que es mejor un “acuerdo imperfecto” que la continuación de la guerra. El engaño es doble pues consigue que el ciudadano agobiado o renuente al estudio de las 297 páginas de fárrago que constituyen el Acuerdo lo acepte como un “buen acuerdo”, el único posible, y mejor en todo caso, que una “guerra”, cuando en realidad el conflicto interno que ha vivido el país, podrá cambiar de nombres y protagonistas pero continuará en tanto permanezcan el narcotráfico, la minería criminal y la extorsión como fuentes de financiación de los bandidos. 


Pero lo más grave es que ese mal acuerdo, con la aprobación del plebiscito, se elevará a categoría de norma constitucional, creando tal caos jurídico que terminará por exigir una nueva Asamblea Constituyente que acabe con la garantista Carta de 1991, forjada en rico debate democrático y realizada hasta donde las condiciones del país y los ataques de sus enemigos lo han permitido. El asalto fue facilitado por el Congreso que, con el Acto legislativo para la paz, además de otorgar poderes extraordinarios al presidente e incorporar procedimientos expeditos para la aprobación de reformas constitucionales y leyes producto de los acuerdos, permitió ingresar las 297 páginas del Acuerdo final al bloque de constitucionalidad. Al asalto del Congreso le siguió el silencio cómplice de la Corte Constitucional, que omitiendo su responsabilidad como guardiana y renunciando a la independencia que la hizo merecedora de la confianza de los colombianos, omite fallar antes del viernes, cuando también será tarde, sobre la exequibilidad del Acto legislativo para la paz, norma a la que debe hacer control de constitucionalidad y que, también, es objeto de demandas del Centro Democrático -que fue acompañada con 1’300.000 firmas- y del exconstituyente Jesús Pérez González-Rubio. Los querellantes reclaman del Tribunal pronunciarse sobre la sustitución -que no reforma constitucional-, la violación al sagrado principio de separación de poderes y la ruptura del trámite de actos legislativos, producida con la introducción de un tema nuevo -el de bloque de constitucionalidad del Artículo 4- en el último debate. Comprender que para la Corte es difícil emitir sentencia por la estrechez del tiempo entre la promulgación de la norma y la convocatoria al plebiscito, y entender que debe superar el bache de la destitución del ponente, exmagistrado Jorge Pretelt, no implica superar la preocupación porque un pronunciamiento tardío sería tan ineficaz para la protección de la Constitución como favorable a los intereses del Gobierno Nacional.


La exigencia al Tribunal Constitucional para que se pronuncie oportunamente corresponde con la inminencia del plebiscito y con la habilidad con que este fue convertido en seguro para el Acto legislativo, en tanto su Artículo 5 determina que esa norma “rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Cualquier pronunciamiento judicial posterior que pueda modificar la voluntad de la ciudadanía soberana será improcedente, excesivo e incluso contrario a la voluntad democrática de la Constitución del 91. Por la vía del silencio, entonces, la fiel guardiana de la Carta del 91 está firmando su sentencia de muerte.