Editorial

La firma
27 de Septiembre de 2016


Fue firmado el Acuerdo final y ratificado el compromiso de renunciar a las armas. Se abre paso al plebiscito, que definirá si se avalan los acuerdos como quedaron o se exige su renegociación.

Con presencia de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU; Luis Almagro, secretario de la OEA, y Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y una lluvia de funcionarios y 17 jefes de Estado, la Comunidad internacional avaló el Acuerdo de La Habana sobre el que los colombianos van a decidir este domingo 2 de octubre, en el plebiscito. Su protocolaria presencia poco garantiza el compromiso serio de ser vigilantes imparciales del cumplimiento de los principios de equidad, justicia y respeto por la institucionalidad democrática, que definen a la Constitución de 1991 y que supuestamente persigue el Acuerdo.


El pacto de cesar la confrontación armada fue firmado por un gobierno legítimo en su origen, como los elegidos desde 1958 por la democracia más legal y estable de Sudamérica. En tal calidad, el mandatario es personero de instituciones respetuosas de la separación de poderes, ajenas a manipulaciones como las del Consejo Nacional Electoral de Venezuela empeñado en obstaculizar la convocatoria y realización del referendo revo- catorio. Ese presidente representa a un Estado que si bien ha tenido miembros irrespetuosos de los derechos humanos y las libertades ciudadanas, no ha tenido una política criminal de Estado para contrarrestar el conflicto interno con grupos armados vinculados a la economía criminal. El otro firmante, que lo hizo con seudónimo, es el jefe supérstite de una organización con 52 años 


de acciones criminales y terroristas, así como cuatro intentos de negociación, que hoy tendría unos ocho mil militantes, de los que no se conoce el número de personas que fueron reclutadas antes de llegar a la mayoría de edad. Esa organización está condenada por la justicia por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad que han afectado a los colombianos. Las partes representadas, tan desiguales, fueron equiparadas en virtud de la generosa disposición del pueblo colombiano para buscar un acuerdo de paz.


El tercer actor, destacado hasta la hipérbole, son los personeros de la Comunidad internacional , organismos multilaterales, países, ONG de derechos humanos y autonombrados jueces de la moralidad, o no, de lo acordado y de las decisiones de los colombianos sobre los acuerdos. Así como hoy son aliados de este paso de Colombia, ayer celebraron con su presencia y aplausos, las victorias contra el narcoterrorismo de Pablo Escobar o las Farc, pero también batieron palmas por la firmeza de la democracia de Venezuela. Lo que no dijeron es cómo actuarán en caso de que se cumplan las amenazas de impunidad, desorden institucional o arrasamiento de la oposición, que asoman con los acuerdos en la forma en que fueron definidos. ¿Correrán a ayudar a reconstruir las instituciones o, como sucede con Venezuela, buscarán refugio en frases de cajón sobre la soberanía y autodeterminación, hoy ausentes del jolgorio?


Ayer, en Cartagena, fue firmado el Acuerdo final y ratificado el compromiso de renunciar a las armas, proceso que abre paso al plebiscito que definirá si se avalan los acuerdos como quedaron o se exige su renegociación. En la firma, alias “timochenko” afirmó que las Farc “van a la lucha por la expansión de la democracia”, luego de “ofrecer perdón a todas las víctimas del conflicto, por el dolor que hubiéramos podido causar”. El presidente Santos, por su parte, pidió “no más intolerancia que nos exige excluir al otro por el sólo hecho de pensar diferente”.  Antecediéndolos, Ban Ki-moon reclamó “una política sin violencia” que la ONU, dijo, acompañaría con la supervisión a la dejación de armas. 


La fiesta no fue universal. Por fuera de los circuitos de invitados especiales y celebrantes estaban los votantes del No, gentes de distintos partidos, que en Cartagena y las redes sociales se manifestaron a pesar de obstáculos físicos impuestos por autoridades que bloquearon sus movilizaciones y de estigmatizaciones de los discursos oficiales y la propaganda en redes. Vaya paradoja en la que han entrado los firmantes de un acuerdo que defienden como medio para terminar un conflicto surgido de los acuerdos que dieron vida al Frente Nacional y, según su parcial análisis, acallaron a la oposición e izquierda, y que termina siendo excusa para estigmatizar, perseguir y acallar a la oposición de derecha, en la que gentes de distintos partidos emergen como la fuerza vigilante a las decisiones de La Habana.