Columnistas

Reversión en la telefonía móvil celular
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
26 de Agosto de 2016


Cumplidos esta semana tres años de la expedición de la sentencia C-555 del 22 de agosto de 2013, a través de la cual se ordena claramente que se reviertan las redes de telefonía móvil celular al Estado Colombiano,

Cumplidos esta semana tres años de la expedición de la sentencia C-555 del 22 de agosto de 2013, a través de la cual se ordena claramente que se reviertan las redes de telefonía móvil celular al Estado Colombiano, aun a esta fecha la sentencia no se ha ejecutado, por el contrario, por lo que se lee en algunos medios de comunicación, se hará lo posible por ejecutarla en forma parcial o de manera deficiente.


El paso del monopolio a la competencia en telecomunicaciones, no implica que el Estado colombiano, haya renunciado a sus responsabilidades en materia de prestación de servicios de telecomunicaciones y de administrador del espectro radioeléctrico, ya que con la ley 1341 que transforma el sector de comunicaciones en el de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las responsabilidades estatales deben ser aún mayores. 


La importancia que las TIC tienen en el desarrollo económico y social del país y su vinculación con la calidad de vida de los ciudadanos, hace que asuntos como el relativo a la propiedad de las redes de comunicaciones y la garantía de acceso a las mismas, se constituya en un tema de vital importancia al momento de definir la política pública en este sector.


Lo que ha sucedido, es que se quiere desconocer que en los eventos en los que los prestadores de servicios públicos no actúan con posición propia, sino mediante la celebración de contratos de concesión, es necesario que, a la terminación de sus contratos, entreguen a la entidad concedente, la propiedad de los bienes, en especial de las redes, que permitan la continuidad en la prestación del servicio.


El tema de la reversión de redes e instalaciones esenciales en la celebración de contratos de concesión, no es un asunto meramente económico o asociado al incremento patrimonial de los bienes del Estado, pues corresponde a una institución cuya finalidad es complemente diferente y consiste en el derecho que tienen los usuarios de servicios públicos y el Estado, de que al culminar una habilitación para la prestación de estos servicios, regrese a la entidad concedente y ella esté en condiciones de garantizar que en gestión directa o indirecta el servicio podrá continuar prestándose.


Si se tiene en cuenta que el fundamento del contrato de concesión para la prestación del servicio, que es la ley 37 de 1993 y su decreto reglamentario 741 del mismo año, el tema no debería tener discusión alguna, pues, estas normas no se afectan por las leyes 422 y 1341 tal como claramente lo concluye la Corte Constitucional, pues la Ley 37 solo se afectaría por leyes posteriores expedidas con fines de protección del interés público o social y en este caso el tema ya ha quedado plenamente definido.


Si al momento de la celebración de los contratos de concesión para la prestación de servicio de telefonía móvil celular, era claro que de conformidad con los mandatos de las  Leyes 37 y  80 de 1993, existía la reversión como elemento natural de los contratos de concesión de ese servicio público, ahora no puede afirmarse ante la comunidad nacional o internacional, que los prestadores del servicio desconocían una condición que en ese caso era expresa y en consecuencia no pueden afirmar que se les toma por sorpresa.


Para terminar, es pertinente recodar que con el fin de garantizar el cumplimiento de  esa sentencia, la Corte dice: “Para la Sala, la defensa del patrimonio estatal y los principios que orientan la función administrativa, subyacen a la cláusula de reversión pactada inicialmente, por ende, orientan su lectura y, serán la Procuraduría General de la Nación de conformidad con lo normado en los numerales 3, 5 y 7 del artículo 277 y La Contraloría General de la República acorde con lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 268 de la Carta, los garantes que cuando llegado el momento, velen por el cumplimiento de tales imperativos constitucionales.