Columnistas

Cumpliéndole a Bojayá
Autor: Sofia Alejandra Gaviria Correa
24 de Agosto de 2016


Hace un mes, publicamos una denuncia que nos habían hecho 32 gobernadores indígenas de Bojayá, sobre la muerte, en lo que va corrido del año, de 51 menores indígenas de ese municipio (que, a la fecha, son 52)

Hace un mes, publicamos una denuncia que nos habían hecho 32 gobernadores indígenas de Bojayá, sobre la muerte, en lo que va corrido del año, de 51 menores indígenas de ese municipio (que, a la fecha, son 52), por causas que, si no hubieran estado acompañadas de desnutrición crónica o aguda, no habrían sido letales. En ese momento, como Comisión de Derechos Humanos, nos comprometimos a hacer una serie de brigadas de verificación de la gravedad de la situación y de atención a los niños afectados, y propusimos adelantar una campaña nacional de auxilio al Chocó, que tuviera el mismo éxito que la que desarrollamos durante todo el año pasado en aras de que el país pusiera sus ojos en La Guajira.


La semana pasada, comenzamos esa anunciada intervención humanitaria. Tras un trayecto de cuatro horas y media, en lancha, desde el casco urbano de Bojayá, nos desplazamos hasta el resguardo indígena de Charco Gallo, donde realizamos la brigada. Allí, además de corroborar la precariedad de la atención en salud y de la salubridad, nos encontramos con doloroso abandono estatal en todas las demás áreas: ningún tipo de atención por parte del Icbf; programas de educación muy precarios, que no tienen en cuenta la educación bilingüe, necesaria para nuestros indígenas; muy pocas fuentes de ingresos, mientras son altísimos los costos para la conectividad y el transporte de las personas o de cualquier tipo de comercio.


Evaluamos la situación de 423 personas, entre niños de 0 a 5 años y madres gestantes (que fueron el 4.1% del total de pacientes). De estos, encontramos siete niños con desnutrición aguda, que tuvieron que ser remitidos con urgencia a centros de recuperación, pues estaban en peligro de muerte.


Otros 232 niños (el 54.8% del total) resultaron estar en desnutrición crónica, y a 114 (el 27%) se les diagnosticó malaria.


Además de este alarmante rebrote de paludismo, ante el cual el Ministerio de Salud tiene que actuar con toda premura, encontramos diversos casos de enfermedades del sistema respiratorio, del osteomuscular, del digestivo y enfermedades e infecciones de piel y tejidos blandos.


Tras la comprobación de esta crisis de desnutrición e insalubridad, tanto la alcaldía de Bojayá, como la IPS, reconocieron que había un subregistro grande a este respecto y acordaron que había que realizar un mapeo completo de la población, para hacer una intervención adecuada con los recursos apropiados.


En el último día de nuestra visita, realizamos una audiencia pública, de la cual salimos muy optimistas, porque, en ella, afros e indígenas del municipio y responsables de IPS y EPS, se sentaron juntos y se comprometieron a establecer y fortalecer en los resguardos un modelo acorde con los usos de la medicina tradicional de los indígenas, combinado con los avances de la medicina “occidental”.  Este trabajo lo ha venido liderando la Universidad de Antioquia, a través de su asociación de médicos egresados, capacitando a indígenas como promotores de salud, especialmente a parteras y a gobernadores, para que puedan iniciar procesos de atención primaria en salud, sin tener que salir de los resguardos.


Así, se llegaría a que enfermedades prevenibles o tratables, como la malaria, la diarrea y el vómito, la tosferina y la hepatitis dejen de ser para estas comunidades un riesgo letal en proporciones tan alarmantes como las actuales. Por lo demás, de este modo, se reducirían notablemente los costos y los inconvenientes de los traslados y remisiones de los eventuales enfermos, los cuales son muy altos si la promoción de la salud no se hace dentro de la comunidad.


Durante la ejecución del programa Ventana de Infancia y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Chocó, desarrollado por agencias del Sistema de Naciones Unidas, entre los años 2010 y 2013, la línea de base del estado nutricional de niños menores de cinco años, de 58 comunidades de nueve municipios de este departamento, mostró prevalencias de desnutrición aguda del 1.8% y de desnutrición crónica del 46.8%. Cinco años después, se observa que las gestiones que se hubieren realizado para la mitigación de esta tragedia no sólo no han logrado mostrar cambios positivos, sino que, por el contrario, no han impedido que las cifras empeoren.


Nos angustia enterarnos de que el Icbf no tendrá lista, sino hasta el año entrante, la Ensin, la gran encuesta nacional sobre la situación nutricional de nuestros niños, que debía estar lista el año pasado. Mientras tanto, hemos hablado con el Ministerio de Salud, y se ha comprometido con la aplicación del nuevo modelo al que nos hemos referido, de concertación entre la medicina tradicional y la “occidental”. Esperamos que eso se cristalice muy pronto, porque estamos seguros de que este es un modelo que le va a servir notablemente al ministerio para intervenir de forma positiva en el mejoramiento del cubrimiento en salud a nuestras comunidades étnicas. Mientras nuestros niños sigan muriendo por desnutrición, no podemos parar de buscar soluciones.


*Presidente Comisión de Derechos Humanos Senado de la República