Columnistas

La firma de la carta
Autor: Alfonso Monsalve Solrzano
12 de Junio de 2016


A veces, es imposible separar a la persona de sus argumentos.

A veces, es imposible separar a la persona de sus argumentos. Pero lo que sí es inadmisible es atacarlas sin desmontar sin desmontar las razones que esgrimen, recurriendo a falacias, falsedades o pretensiones de superioridad moral, para descalificar las tesis que defienden. 


Algunos columnistas e intelectuales, incluidos ciertos caricaturistas, se consideran con licencia para descalificar, ofender e insultar a quienes consideran sus enemigos (los conocidos argumentos ad hominen), a la vez que se consideran intocables, hasta el punto de que cualquier crítica que se les haga, la consideran un ataque personal y hasta un atentado contra su seguridad personal.


Digamos que ese fenómeno, a pesar de precedentes históricos conocidos en nuestro país, se instauró para quedarse, durante los ocho años de gobierno del presidente Uribe: se lo acusó de paramilitar sin prueba alguna, a pesar de que ha sido, sin duda, el político más escudriñado de la historia colombiana,  y no obstante, que ha sido el único que aprobó la extradición de los principales jefes de esos grupos a los Estados Unidos, con la condición de que siguieran vinculados a los procesos que se les seguían y a declarar en los que las autoridades judiciales nacionales sobre sus crímenes y cómplices. A pesar, además, de que logró llevar la presencia del Estado a todos los rincones del país, expulsando a los agentes ilegales que ejercían soberanía, liberando a millones de colombianos de la tiranía de esos grupos y permitiéndoles el goce de sus libertades y derechos civiles y políticos, así como su inserción en el tejido social y económico del país. 


Con la llegada del presidente Santos, su entorno ha sido objeto de persecución política, judicialización selectiva, señalamientos y condenas, por el hecho de oponerse a la manera como se está llevando este proceso de paz. El propio Santos ha utilizado epítetos inaceptables contra Uribe y la oposición que encabeza y los partidarios de aquel, junto con los simpatizantes y amigos de las Farc, no han sido inferiores a sus jefes en el menú de calificativos en algunos de los grandes medios y en las redes sociales, amparados en una pretendida superioridad moral que no tienen, porque defender a criminales de guerra y de lesa humanidad a nombre de la justicia social es la justificación de la mayor de las injusticias, la que se hace contra los pobres y desvalidos, en su propio nombre y sin que lo soliciten, sufriendo, en cambio,  las terribles consecuencias de las acciones depredadoras de sus “salvadores”. 


Cuando un muy grande sector de los colombianos, encabezado por el Centro Democrático,  repudia la impunidad anunciada en la Habana, la participación política y el mayor lavado de activos jamás intentado en Colombia al mayor cartel internacional del narcotráfico;  ve con horror que se están aprobando leyes y actos legislativos para legitimar hasta constitucionalmente acuerdos que todavía no se conocen en su versión definitiva y se les quiere dar valor de inamovibles constitucionales; cuando muchísimos compatriotas repudian la creación de un sistema judicial paralelo, para juzgar a aquellos que las Farc señalen como responsables directos o indirectos del conflicto, en el mayor acto de venganza que pueda concebirse; cuando el país se prepara para una arremetida tributaria que pretende despojar a los colombianos para cubrir los costos de una “paz” que a los hipermillonarios de la guerrilla no les costará nada; cuando ven el derrumbe de las instituciones de justicia y su politización; cuando ocurre eso y mucho más, deciden declarase en resistencia civil, pacífica, derecho inalienable  que tienen para detener los abusos del estado y sus aliados en la Habana.


Y entonces, de nuevo los colombianos que la apoyan son de derecha -como si serlo fuese una ignominia, además de que es connotadamente falso, porque se trata de ciudadanos de todas las ideologías y sin ellas, los que ya no admiten que este régimen que está bordando la dictadura, continué sus andanzas como si no estuviese pasando nada- paramilitares, fascistas, enemigos de la paz, etc.


La dirigencia de la resistencia civil, invocando la resistencia civil, ha llamado a una firmatón para pedirle a la Corte Constitucional que declare ilegal el acto legislativo, sustentada en una carta donde se explican las razones de la solicitud. Si lograse recoger millones de firmas, Santos y sus amigos estarían notificados de que el país quiere paz sin impunidad y sin entregar las instituciones. Sería un golpe político demoledor para sus pretensiones nefastas. Él lo sabe: Por eso ya puso su maquinaria a descalificar esta iniciativa ciudadana en los medios, con sus conmilitones y escritores. Los colombianos lo saben también. Por eso, muchos, millones, firmarán. Porque los insultos no taparán los hechos.