Columnistas

Golpe de estado e historia de Colombia I
Autor: David Roll
9 de Junio de 2016


En audiencia pública en el Congreso el pasado mes de mayo expuse algunas ideas sobre cómo la historia política del país nos puede dar algunas luces sobre la incorporación jurídica del proceso de paz al ordenamiento jurídico.

Profesor Titular Universidad Nacional


En audiencia pública en el Congreso el pasado mes de mayo expuse algunas ideas sobre cómo la historia política del país nos puede dar algunas luces sobre la incorporación jurídica del proceso de paz al ordenamiento jurídico.  En escenarios de este tipo se ha utilizado la palabra golpe de estado y también en medios de comunicación tradicionales o redes sociales. Por ello esta y las siguientes 4 columnas tratarán con exclusividad ese tema, referido a la historia constitucional colombiana.


En ese sentido, el primer ejemplo histórico que señalé en dicha Audiencia es el fracaso relativo de la Revolución en Marcha de López Pumarejo en 1936, el cual demostró contundentemente que el Congreso que apruebe una Reforma Constitucional debe estar dispuesto a votar también los desarrollos legales de la misma o la terminará convirtiendo en letra muerta. O sea que veo como positivo que se permita el blindaje de los acuerdos y sus reformas contra las propias veleidades de la vida política. Pero también es cierto, y eso sucedió desafortunadamente en dicha República Liberal, que los procesos de modernización no pueden ser hechos con una lógica de paternalismo corporativista, en la que los ciudadanos son supuestamente beneficiarios pasivos de los mismos. Por ello, no tiene aceptación en pleno siglo XXI que los ciudadanos pierdan la posibilidad de intervenir en el debate y análisis de constitucionalidad en las diferentes etapas de ese complejo proceso de incorporación a las normas.


El segundo hito histórico importante, la interrupción abrupta del proyecto de modernización gaitanista y la consiguiente violencia política generalizada, también señala otra enseñanza, la de que no se debe recorrer ese mismo errado camino de la polarización partidaria de entonces.  Los partidos de hoy no pueden cometer el error que cometieron los partidos de mediados del siglo pasado, al no encontrar un punto de negociación flexible sobre la base de sus diferencias y las reglas constitucionales establecidas. Esto implica que es improcedente cualquier expediente de aplanadora de mayorías, aunque tampoco supone concesiones excesivas a las fuerzas minoritarias en el Congreso, si bien debe tenerse alguna consideración a las cifras de apoyo de esas minorías parlamentarias en las elecciones presidenciales. 


El tercer momento a considerar es  el Frente Nacional, del cual se ha dicho con persistencia que se trató de una medicina eficaz y necesaria pero con efectos secundarios negativos y serios, algunos de los cuales se podían haber evitado si la reforma política instaurada no se hubiera presentado justamente como una solución de todo o nada ante una ciudadanía atormentada por la violencia. Por esta vía, las varias etapas del complejo proceso de refrendación e incorporación jurídica de los acuerdos  no pueden convertirse en cápsulas intocables, y por ello mismo es necesario el diálogo a tres bandas con la ciudadanía, los expertos y la oposición, y en tal sentido los blindajes no deben ser absolutos aunque sí contundentes por la importancia del tema. 


Por último, la gran enseñanza para el momento actual de la sucesión de reformas políticas posteriores al 91, unas fallidas totalmente, otras incompletas, incluso unas y no pocas en contracción en lugar de ser en expansión, es muy evidente: No se le debe sacar el cuerpo a las verdaderas reformas necesarias. Es decir, deben hacerse en esta oportunidad reformas serias sobre los temas que son urgentes y sobre los que hay consenso, especialmente los  referidos al Sistema Electoral, pero también los atinentes a la Justicia, el Ordenamiento Territorial y otros temas que como estos se han ido evadiendo por distintos motivos. 


En síntesis, este conjunto de normas no pueden ser tramitados sin esos cuatro requisitos: Incluir la participación ciudadana de los controles, negociar mínimos con las minorías parlamentarias que se oponen si estas se avienen a ello, darle credibilidad a los consensos de los expertos en temas tan serios como el mayor o menor blindaje, y abordar los problemas reales de la política colombiana con reformas que vayan más allá del simbolismo. Pero sobre todo es importante, construir un auténtico consenso de cambio político entre los partidos mayoritarios, en lugar de la simple aprobación de normas jurídicas coyunturalmente pactadas, para que éstas tengan un efecto real en el futuro. No se trata de un golpe de Estado, pero tampoco las mayorías deben prescindir de la negociación con expertos, ciudadanos y oposición.