Editorial


Actos de fe y actos de paz
5 de Junio de 2016


La aprobaci髇 del Acto legislativo para la paz nos obliga a la dolorosa decisi髇 de cesar el apoyo a este retru閏ano y votar negativamente en un eventual referendo.

Transcurridos 43 meses de diálogos en la Mesa de conversaciones y cuando al presidente Juan Manuel Santos le restan poco más de 25 meses de su segundo mandato, los negociadores en La Habana reclaman de la ciudadanía nuevos actos de fe hacia los “gestos de paz” que las Farc ofrecerían con el acuerdo final, cuya firma se sigue aplazando debido a que los negociadores no han podido forjar acuerdos sobre el fin del conflicto y la creación del Tribunal especial para la paz.


La aprobación del Acto legislativo para la paz, con el artículo cuarto, introducido a última hora por la Mesa de conversaciones que alegó necesidad de asegurar los acuerdos, ha dado origen a un curioso retruécano jurídico. Por su cuenta, la Corte Constitucional queda en el dilema de hacer su acto de fe propio declarando exequible una norma aprobada en aras de consolidar el bien supremo de la paz, así existan vicios de forma y pervivan incertidumbres sobre decisiones aún no adoptadas, o ratificarse en el celo con que ha salvaguardado los procedimientos de reforma constitucional. Y lo que es aun más grave, la Corte se enfrenta al dilema de asentar, con carácter de bloque de constitucionalidad, una serie de reformas que amenazan con producir un caos normativo de magnitud tal que terminaría incentivando la convocatoria de la asamblea constituyente que las Farc demandan, y que las equipararía al M19 como reformadoras del Estado.


Concluido el proceso legislativo, el Gobierno, y quienes junto a él han depositado máximas expectativas en la negociación, llaman a depositar más confianza en un proceso que no ha demostrado merecerla. Sustentan su demanda en narrativas parciales que animan esperanzas de quienes todavía anhelan un lugar en la historia, como firmantes o testigos, de los acuerdos de paz. Por bien intencionados que estén, los voceros de estos reclamos omiten la inexistencia de un acuerdo sobre el cese definitivo del fuego y la dejación, cierta y verificada, de armas por parte de las Farc, tampoco están claros los mínimos de justicia,  irrenunciables por las víctimas y la sociedad en pleno, que esa organización debe ofrecer a la sociedad antes de ser reincorporados y de ingresar como parte activa de la vida política. En las condiciones presentes, la dejación de armas y cese definitivo de hostilidades es una promesa cuyo cumplimiento está sujeto a la voluntad de quien la hace, como lo están las realizadas públicamente sobre finalización del reclutamiento de menores y devolución de aquellos que siguen siendo víctimas de ese crimen; además de las de verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas, y cese unilateral de actividades criminales, inclusive la extorsión o el tráfico de drogas. 


El recorrido incierto emprendido en noviembre de 2012 ha insuflado expectativas de concordia y seguridad entre la desinformada comunidad internacional y entre voceros de opinión resistentes a admitir los vasos comunicantes entre la lentitud del proceso de negociación; el proclamado -que no evidente- cambio en las Farc, y la consolidación de territorios que la creciente y poco controlada ocupación criminal ha convertido en agujeros negros que devoran la legalidad, el orden democrático y cualquier intento de presencia institucional, entre ellos, como lo reconoce el país, Tumaco, Nariño; el Catatumbo, Norte de Santander, y el Bajo Cauca antioqueño, este último protagonista de una tragedia que hemos intentado visibilizar en informes periodísticos.


Durante la negociación hemos realizado análisis dirigidos a coadyuvar la construcción, por la vía negociada, de la paz estable y duradera que los colombianos anhelamos disfrutar. La aprobación del Acto legislativo para la paz nos obliga a la dolorosa decisión de cesar el apoyo a este retruécano y votar negativamente en un eventual referendo. Asumimos la responsabilidad de explicar en próximos editoriales las razones, ajenas a la política o el personalismo, que nos distancian del proceso al que este Gobierno terminó hipotecando todo su capital político de manera que su sometimiento para firmar es cada vez mayor.