Economía

For Postobón, an invoice from EPM does not seem right
A Postobón no le cuadra una factura de EPM
Autor: Duván Vásquez
31 de Mayo de 2016


Un fallo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ya le dio la razón a la compañía de gaseosas, pero la empresa de servicios públicos no comparte la decisión administrativa y llevó el caso a instancias judiciales.


Foto: Hernán Vanegas 

La fábrica de Postobón está ubicada en la Autopista Norte en jurisdicción del municipio de Bello.

El cobro por alcantarillado tiene en una discusión a EPM y a Postobón, ya que esta última alega que su valor debería ser menor al que actualmente le facturan porque vierte menos agua de la que consume.


Usualmente cualquier usuario puede observar en su factura de servicios públicos domiciliarios que el valor que se le cobra por acueducto es el mismo que le facturan por saneamiento básico y alcantarillado. Esto a raíz de que la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos Domiciliarios estima que, en promedio, lo que se consume es lo que se vierte.


Así lo explicó el director Territorial Occidente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Bernardo Arboleda Garzón, quien además le confirmó este caso a EL MUNDO, diario que también consultó a Postobón pero oficialmente respondió: “No podemos entregar información sobre el tema. Esa es la determinación de la compañía”.


Por su parte, EPM comunicó, con la respuesta a un cuestionario a este periódico, que el caso de Postobón es el mismo de otros usuarios que “por ley se denominan grandes consumidores”, que se viene desarrollando desde 2011 y que no sólo sucede con la antioqueña sino con todas las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en el país.


Con ocasión de un pronunciamiento judicial en esa época, informó la multilatina de servicios domiciliarios, “EPM vio la necesidad de ajustar la facturación de los clientes a partir del año 2012 (incluyendo a la empresa Postobón S.A.) con apego a dicha decisión, que después ha sido replicada en idénticos términos en varios despachos judiciales”.


Y es por eso que las cuentas no le cuadran a la productora antioqueña de bebidas gaseosas. Según Arboleda Garzón, normalmente los usuarios no se fijan en eso, “pero una empresa como Postobón que consume agua para embotellar en sus refrescos, en sus gaseosas, compra, por ejemplo, 100 metros cúbicos de agua en el mes. Pero no vierten 100 metros cúbicos de agua, porque embotellan el líquido en su producto”.


Es por eso, aseguró el funcionario, que se pusieron unos medidores por parte de EPM, que avaló Postobón, con los que se esperaba que se facturara según los registros. Sin embargo, “EPM los quitó y dijo. ‘Yo mejor me voy a apegar a la ley’, porque le estaba yendo muy mal. Entonces se apegó a la ley y dijo, retiro los medidores y le voy a cobrar lo que la ley me autoriza: 100 metros cúbicos que compró de agua, 100 metros cúbicos que vertió al alcantarillado”, afirmó Arboleda Garzón.


Al respecto, la prestadora de servicios públicos comunicó: “Es importante indicar que EPM no instaló los medidores a los que se hace alusión, estos son instalados por los usuarios, así como tampoco han sido retirados. Estos usuarios los utilizan para diferentes fines”, aunque aclaró que desde 2012, como ya lo había comentado, “dejó de usar los datos de los medidores de vertimientos para la facturación de alcantarillado y se implementó según la medición de los consumos de acueducto y/o fuentes alternas”.


Decisión tomada


El director, quien está encargado de la Superservicios para los departamentos de Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó, sostuvo que cuando llegó a la territorial -en el mes de febrero- era un tema que encontró sin solucionar, por lo que tuvo que intervenir y fallar: en este caso a favor de Postobón hace dos meses.


“Verificamos, fuimos, estuvimos allá en Postobón, allá en Bello, hablamos con el gerente y escuchamos también a EPM. Entonces nosotros dijimos, no puede ser así. Si usted (EPM) no tiene la prueba del vertimiento, no puede cobrar eso”, aseveró el funcionario.


El acto administrativo no lo comparte EPM porque considera que “no se ajusta a la ley”. Entonces, ha impulsado ya varias demandas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo pidiendo un control de “nulidad y restablecimiento del derecho”.


Es así que este caso lo resolverá un juez de la República, y su sentencia podría convertirse en un precedente no sólo para los “grandes consumidores” sino para todos los usuarios en Colombia.



Quejas resueltas

El caso de Postobón es una de las 3.200 peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (Pqrs) y silencios administrativos de Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó que encontró este año a su llegada al cargo el director Territorial Occidente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Bernardo Arboleda Garzón, quien aseguró que de esa cifra ya sólo quedan pendientes por respuesta 1.400.


De acuerdo con el funcionario, desde su llegada ha revisado con mayor lupa los casos y se ha enfocado en que “la carga probable le corresponde a la empresa”, para que sea esta la que evidencie si tiene la razón en una queja de un usuario de servicios públicos domiciliarios, ya que a él se le dificulta más tener las pruebas de un mal servicio o equivocaciones en un cobro.