Editorial


Campanazo de la Corte
27 de Mayo de 2016


Aunque importante su auto de seguimiento, la Corte insiste en el enfoque maximalista sobre las intervenciones necesarias para “garantizar la materialización efectiva del derecho a la salud”.

A cinco años de la intervención a Saludcoop, iniciada el 11 de mayo de 2011, y seis meses de inicio del proceso de liquidación y traslado de pacientes a Cafesalud, el 24 de noviembre de 2015, la Corte Constitucional se ha apersonado de la inconformidad con la debacle de una EPS que tiene importantes responsabilidades en la crisis del sistema de salud. Según apartes de su pronunciamiento en la materia, el tribunal ha elevado “solicitudes” de acción reparadora a los responsables del servicio, la liquidación de la EPS y el castigo por irregularidades en la operación previa y actual de la entidad.


Es bienvenido, y llama especialmente la atención, el llamado a los órganos de control para investigar “prácticas defraudatorias, malversación de recursos, dilapidación de fondos, sobrecostos de medicamentos y corrupción que se presentaron o se presentan en Saludcoop-Cafesalud”. El tribunal reclamó de la Fiscalía que “informe a la comunidad en general los trámites y decisiones adoptados en el curso de los procesos adelantados contra Saludcoop”, mientras que demandó de la Contraloría explicar por qué “a la fecha no existe claridad sobre la forma como se reparará el detrimento patrimonial causado al Estado, ni la prelación que tendrán estas acreencias en el proceso de liquidación adelantado”, a pesar de que desde 2013 ese organismo condenó a los directivos de Saludcoop a pagar $1,4 billones “correspondientes al detrimento patrimonial al Estado”. Asimismo reclamó de la Contraloría “que redoble los esfuerzos para cobrar el dinero que deben devolver exdirectivos de Saludcoop como Carlos Palacino”.


La impunidad que beneficia a los responsables de los desfalcos a Saludcoop, con sus 4.6 millones de afiliados, y Caprecom, con 2.2 millones de afiliados, ofende a los ciudadanos que enfrentan dificultades para recibir atención, así como a prestadores obligados a sortear situaciones de iliquidez y grandes deudas. Esta es una afrenta a instituciones que, como Savia Salud, se destacan por la calidad y eficiencia de su modelo, a pesar de recibir el impacto por el desfinanciamiento causado por el menor valor de la UPC, frente a la de aseguradoras del régimen contributivo, así como por deudas acumuladas en la atención No POS, de las que es responsable la Gobernación de Antioquia. ¿Qué es el déficit de Savia por $251.000 millones frente a la deuda de los responsables del desfalco de Saludcoop?, ¿cómo explicar los escándalos sin sustento frente al déficit de la primera y los silencios interesados con la deuda del señor Palacino y sus asociados?


Aunque importante, el auto de seguimiento a las dificultades de  Saludcoop-Cafesalud, autoría del magistrado Jorge Iván Palacio, insiste en el enfoque maximalista sobre las intervenciones necesarias para “garantizar la materialización efectiva del derecho a la salud”. No son pocas, ni despreciables, las responsabilidades que le caben a una institución que ha emitido sentencias en las que hace iguales las posibilidades de exigir, por razones sicológicas, un tratamiento estético, y las de reclamar atención de calidad que permita minimizar, y casi desaparecer, riesgos de daños irreversibles, cuando no letales.  


Entre agosto de 2015 y el pasado 4 de mayo, Alejandro Gaviria, ministro de Salud, pasó de afirmar “no podemos decir que Colombia tiene una crisis de salud pública, eso es mentir y desconocer los hechos que son evidentes” a escribir que “¡claro que los desafíos de la salud pública son muchos y las diferencias regionales enormes!”. No hay que ignorar avances significativos, como el pleno aseguramiento o pasos adelante en prevención para admitir que el significativo menor número de afiliados al sistema contributivo que al subsidiado, el desorden en muchas EPS y sobrecostos en la atención o los medicamentos, provocan un déficit anual del sistema que en octubre del año pasado fue calculado en $11 billones, y que se traduce en tener un modelo de salud ideal reducido a un paciente famélico, situación que frustra a todos sus actores y que por su gravedad reclama del Gobierno Nacional mayor atención y acciones más que comunicativas como las desplegadas por el doctor Santos para motivar el ahorro de energía, necesario para paliar el irresponsable desabastecimiento en el Fenómeno de El Niño, o para llamar a la acción contra la criminal minería ilegal, como lo hizo en Chocó el pasado miércoles.