Columnistas

Fajardo y el oscuro túnel del Toyo
Autor: José E. Mosquera
26 de Mayo de 2016


Al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, se le cayó la máscara, los paisas están estupefactos por las irregulares administrativas durante su gobierno.

Al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, se le cayó la máscara, los paisas están estupefactos por las irregulares administrativas durante su gobierno. No solo dejo vacías las arcas de la Gobernación, sino con un endeudamiento sin antecedentes y en los peores niveles de desempeño fiscal en la historia.


Fueron danzas de anomalías que han dejado al desnudo la cacareada transparencia que pregona. Hechos irregulares que han puesto en contexto una estela de sombras que expelen fetidez. Las cuestionadas adjudicaciones de contratos sin procesos licitatorios transparentes en el caso del Túnel del Toyo son apenas uno de los tantos nubarrones oscuros de una cadena de desaciertos administrativos, que desnudan la falacia de su slogan, que en Antioquia la más educada, no se perdía un peso.


Desaciertos que, si no son corregidos por los entes administrativos antioqueños con la cooperación de los organismos de control, se pueden convertir en verdaderas sangrías paras las finanzas antioqueñas. No hay dudas que durante la administración del ex gobernador Fajardo lo que hubo en los procesos de adjudicaciones de obras en el túnel del Toyo, fue un millonario carrusel de contratos, adjudicados de manera poco trasparentes a la firma Konfirma, los cuales son investigados con lupas por la Fiscalía, la Procuraduría y Contraloría General de Antioquia.


Una firma creada por la Cámara de Comercio de Medellín y la empresa Cadena S.A., esta última especializada en impresión, distribución y venta de formas continuas preimpresas, cuyo objeto empresarial es el de diseño y venta de sistemas de información. Una firma sin registró sobre especialidad construcciones de túneles y obras afines, controlada por los accionistas de Cadena. Lo polémico fue que se le delegó la responsabilidad de asesorar a la Gobernación de Antioquia y a la Agencia Nacional de Infraestructura, en las adjudicaciones de las contrataciones del túnel del Toyo, la obra de infraestructura más grande del país. 


La labor de Konfirma fue de brindar apoyo a la Gobernación de Antioquia y a la Nación, en la administración de los procesos de contratación de dicha obra. Entonces, el gobierno de Fajardo y la ANI, basados en las recomendaciones de Konfirma, adjudicaron una serie de contratos de construcción del Túnel del Toyo, cuyas cuantías ascienden a $ 1.8 billones. 


Obra que se ejecuta con aportes de la nación de $ 540.000 mil millones, la Gobernación de Antioquia por $780.000 mil millones y la Alcaldía de Medellín de $ 510.000 mil millones. 


Es el túnel más largo del país, con 9.8 kilómetros, entre las poblaciones de Giraldo y Cañasgorda, en la vía al mar Medellín–Urabá. Por consiguiente, fue la misma firma Konfirma que le recomendó a la administración de Fajardo, faltando ocho días para finalizar su mandato, contratar con una firma privada la Gerencia del Túnel por $35.000 millones. Contrato que tiene vigencia 11 años, donde el punto crucial del debate es que se le entrego a una empresa privada la administración de dineros públicos, sin que el Estado tenga mucha injerencia en las supervisiones de los mismos. Es decir, se delegaron funciones propias de la administración pública a particulares.


Otro punto de la controversia, obedece que el contrato fue adjudicado teniendo solo los diseños de la fase dos, sin tener listos los de la tres y sin licencia ambiental. Además, con otra serie de irregularidades como violaciones de las normas de contratación de concesiones, al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y transparencia.


Por aquellas anomalías la Contraloría de Antioquia, solicitó a la Gobernación suspender la obra y tras una investigación ha encontrado 25 graves hallazgos de tipo fiscal, disciplinario y penal. De manera que, abrió investigaciones de responsabilidad fiscal en contra de los exsecretarios Mauricio Valencia y Rafael Nanclares. Investigación que puede desencadenar en embargos en contra de estos exfuncionarios y otros implicados en esta danza de contratos oscuros.