Editorial

La hora de la ETB
26 de Mayo de 2016


Las mejores coberturas, a precios razonables y con alta calidad no resultan por la propiedad pública de las empresas prestadoras, como ETB o la deprimida Emcali.

La aprobación en primer debate del proyecto que autoriza al alcalde Enrique Peñalosa a vender la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, es un paso en la dirección correcta para los bogotanos, la Alcaldía de esa ciudad y para un país que aún tiene importante potencial que desarrollar en el sector de las telecomunicaciones. La contundente aprobación de la iniciativa, con once votos a favor y sólo cuatro en contra, demuestra madurez de concejales que han logrado razonar en medio de debates promovidos por ideólogos tan listos a sacrificar los bienes públicos en el altar de su estatismo a ultranza como refractarios a adaptarse a cambios económicos, sociales y tecnológicos. 


Treinta años bastaron para transformar las telecomunicaciones de su quietismo local a su condición de puntales de innovación tecnológica y riesgo económico. Hasta los años 80, el sector estuvo dominado por monopolios públicos con coberturas nacionales, como los europeos; privados y nacionales, como la estadunidense AT&T, y de coberturas nacionales y locales, como los que se instituyeron en Colombia. Fundamentadas en la extensión de redes de cobre, estas empresas se caracterizaron por bajas coberturas, altos costos de operación y venta de sus servicios, así como mínimos cambios. Por decisiones judiciales, en Estados Unidos, y políticas, en Europa, los monopolios se fueron resquebrajando hasta quedar rotos por la intempestiva llegada, de la mano de otros actores, de la telefonía móvil y del internet. Si hasta los años ochenta, si se quiere los noventa, el mejor jugador era el que podía sumar más conexiones telefónicas domiciliarias locales con capacidad de operación en larga distancia, la actualidad del sector está marcada por costosos cambios permanentes para agilizar y abaratar la transmisión de datos realizada por individuos que tienen comunicaciones globales. 


El cambio de modelo en la operación impone nuevas preguntas y actuaciones. Así lo entendieron la Alcaldía de Medellín, la Gerencia de EPM y el Concejo municipal, que en 2013 aprobaron la fusión de UNE con Millicom, operadora de Tigo. Entonces, los líderes de la ciudad demostraron valentía para, como dijimos el 10 de marzo en el editorial Necesaria y conveniente, “escoger una alternativa que no ponga en riesgo el patrimonio público, que no sea una carga para EPM y que le deje a Medellín posibilidades de seguir jugando en el mundo de las telecomunicaciones”. En las condiciones presentes, el Estado debe retirarse, o transformar su presencia a fin de que empresarios privados con mayor capacidad de riesgo y más agilidad en el proceso de toma de decisiones, asuman el reto de prestar los servicios de telecomunicaciones. 


No obstante, la delegación en privados de la operación y prestación de servicios de telefonía impone al Estado responsabilidades estratégicas en procura de la equidad, eficacia económica y calidad en la prestación de los servicios. Y es en ese marco que se fijan capacidades complementarias en planificación, que Colombia ha puesto en cabeza del Ministerio TIC, y en la vigilancia y control, responsabilidades de la CRC. Estas instituciones, creadas en la Ley 143 de 1993, tienen desempeños satisfactorios en telecomunicaciones sociales, comprobables en la existencia de cincuenta millones de usuarios de telefonía celular o en la ampliación de coberturas de internet gracias al Fondo social de las telecomunicaciones, que se nutre con impuestos pagados por los operadores privados. Sin embargo, sobre el MinTIC y la Comisión también recaen las responsabilidades de omisión en el cumplimiento del mandato legal y judicial de revertir las redes, y los elementos asociadas a ellas, de operadores cuyos contratos vencieron en 2013, así como el de ejercer escasa vigilancia a la calidad de prestación de los servicios móviles y de internet, deficientes en cobertura -como se revela con la incertidumbre por los periodistas secuestrados en Catatumbo, por ejemplo- y calidad. Las mejores coberturas, a precios razonables y con alta calidad no resultan por la propiedad pública de las empresas prestadoras como ETB o la deprimida Emcali, cuyos gastos son financiados con ingresos de otros servicios. Ocurren en medio de una sana competencia donde el Gobierno Nacional despliega su capacidad vigilante y la ciudadanía controla que sí lo realice.