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Transformar el servicio de aseo: una prioridad para todos
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
20 de Mayo de 2016


Tal como se preve韆 desde hace varios a駉s, los avances en la prestaci髇 del servicio p鷅lico de aseo, tiene un resultado inevitable, ha surgido un nuevo servicio: El aprovechamiento, en especial una de sus modalidades el reciclaje.

Tal como se preveía desde hace varios años, los avances en la prestación del servicio público de aseo, tiene un resultado inevitable, ha surgido un nuevo servicio: El aprovechamiento, en especial una de sus modalidades el reciclaje.


Como es apenas natural, con las transformaciones económicas, nacen nuevas necesidades sociales, ambientales y culturales, por eso cada día los retos que se debe asumir son nuevos y más complejos, de allí que la actitud positiva frente al cambio debe ser un común denominador para el que deberíamos estar preparados todos los seres humanos. 


Terminado el complejo sistema normativo que se aplicará a la prestación del servicio de aseo, pues a la ley 142 de 1994, se ha sumado la doctrina constitucional contenida en sentencias como C-1043-03 y C-793-09, sentencias de tutela como las contenidas en las sentencias T-724-03 (Bogotá), T-291-09 (Cali) y T-387-12 (Popayán), el artículo 88 de la ley 1753 de 2015, los nuevos decretos reglamentarios 2981 de 2013 y 596 de 2016 y la regulación tarifaria contenida en la Resolución CRA 720 de 2015, solo queda que todos asumamos el compromiso de aplicarlos.


Varios deben ser los propósitos en la aplicación del nuevo marco jurídico del aseo, en primer lugar la protección del medio ambiente, pues es claro que el calentamiento global debería unirnos a todos en la lucha por mantener la vida en la tierra; en segundo lugar, el disfrute de derechos colectivos como son el uso del espacio público y el medio ambiente; y, en tercer lugar, la protección de un grupo vulnerable como son los recicladores, que debe ser uno de los propósitos fundamentales del nuevo esquema, pues se involucran principios y valores fundamentales en la Constitución como es la “dignidad de la vida humana”.


El debate que se inició hace varios años, ha permitido que veamos el tema desde nuevas perspectiva que no se limitan a la económica, pues sin duda se trata de asuntos asociados a temas de sustancial importancia como: (i) la protección del medio ambiente; (ii) la protección y disfrute del espacio público, (iii) el desarrollo integral de la social mediante la adopción de acciones afirmativas a favor de la población vulnerable.


Aunque siempre habrá personas reacias al cambio, la realidad es que ante las bondades que se derivan de la transformación del servicio, casi todos parece que estamos de acuerdo y por ello es de esperar que en poco tiempo se regularice el nuevo esquema de prestación del servicio y todos resultemos beneficiados.


Pero si bien, se siguen tareas que son responsabilidad de todos, la realidad es que las mayores quedan en manos de las autoridades municipales, que además de estar obligadas a actualizar el PGIRS municipal, deben: (i) definir e impulsar el esquema de prestación del servicio; (ii)hacer pedagogía entre los ciudadanos sobre el nuevo régimen del servicio y sus efectos tarifarios; (iii) adoptar diferentes acciones afirmativas a favor de la población vulnerable; (iv) buscar el equilibrio del fondo Municipal de subsidios y contribuciones; y, (v) garantizar la adecuada prestación de la actividad de aprovechamiento a través del funcionamiento las estaciones de clasificación aprovechamiento ECA.


 A las tareas de los municipios se suman las de todos, pues a los usuarios le corresponde la clasificación del material en la fuente y el pago oportuno de las tarifas por recibir los servicios; a los Concejos Municipales la actualización del fondo de solidaridad y redistribución de ingresos, a los prestadores establecidos facilitar la facturación conjunta y el acceso al servicio de las organizaciones de recicladores; a los recicladores les es imperativo formalizarse, a los empresarios participar en construcción de una cadena de construcción de valor; a la Superintendencia de servicios públicos realizar labores de inspección, vigilancia y control y en fin, para que el esquema funcione todos agentes del sector deben responsabilizarse del éxito del sistema. 


*Docente y asesor