Editorial

Crisis carcelaria: la historia se repite
15 de Mayo de 2016


“Creo que si hay algo vergonzoso para nuestra generación, es el tema de las cárceles. Si bien es cierto que no lo vamos a resolver del todo, sí lo trataremos desde una perspectiva interdisciplinaria”. Jorge Londoño Ulloa, ministro de Justicia.

La primera acción tomada por el ministro de Justicia, Jorge Londoño Ulloa, luego de asumir su cargo, fue declarar la emergencia carcelaria en 74 de los 134 establecimientos penitenciarios del país ante la no prestación de servicios de salud para los internos. No se consideró, en esta decisión que estará vigente hasta el mes de diciembre, la situación de los centros de reclusión de Antioquia, donde los sindicatos del Inpec determinaron no recibir nuevos internos desde hace algunas semanas, llevando el problema del hacinamiento a las estaciones de Policía, donde alrededor de 450 personas permanecían hasta el viernes pasado a la espera de que se les resolviera su situación.


Hacemos votos por que el carácter prioritario que dijo daría a estas crisis el titular de la cartera de Justicia, deje de ser una frase de cajón a la que han acudido sus antecesores, sin que ninguno haya tomado, hasta ahora, las medidas de fondo que requiere un problema que hace mucho tiempo se le salió de las manos al Estado, pero que es poco atractivo políticamente hablando. Y aunque esta vez la afirmación vino acompañada del decreto de emergencia carcelaria, es evidente que las facultades que otorga la medida pasarán a hacer parte de los múltiples pañitos de agua tibia con que se ha enfrentado esta situación, la cual cada día tiende a empeorar si se consideran las nuevas leyes que castigan con cárcel o con mayor tiempo en prisión, cada vez más conductas delictivas.


La coyuntura actual es que no hay personal ni recursos suficientes para atender a 611 internos con VIH, 89 reclusos con cáncer, 1.112 pacientes insulinodependientes, 188 internos con enfermedad pulmonar obstructiva y 2.884 pacientes psiquiátricos en las cárceles  cobijadas con la medida. La declaratoria de emergencia le permite al director del Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec (entidad que asumió la atención médica de la población carcelaria tras la liquidación de Caprecom), contratar de manera directa obras de mejoramiento en unidades de sanidad, brindar atención de urgencia y adquirir medicamentos, acciones que han debido empezar a desarrollarse desde el pasado fin de semana con el apoyo de las secretarías de Salud, la Fuerza Pública y algunas ONG.


No dudamos ni por un momento de la necesidad ni las bondades de este tipo de medidas, mucho más en materia de salud que es, sin duda, el mayor problema que tienen los colombianos. Si una persona en libertad debe enfrentar las trabas que el actual sistema ofrece para acceder a un servicio, no es difícil imaginar la situación para los internos por los factores adicionales que deben padecer, como el hacinamiento y la falta de agua potable y saneamiento. El problema, como lo hemos señalado reiteradamente en estas columnas, es la falta de una solución estructural que cada nuevo ministro o cada nuevo director del Inpec anuncia, pero que no se concreta. No entendemos cuál es la razón para que no se asuma el compromiso y se estructure la reforma normativa e institucional que sea necesaria, tal como pasa en el Icbf con el sistema de protección integral, donde se hacen programas, brigadas y campañas, pero nadie le mete el diente a una verdadera reestructuración para garantizar mejores controles.


Ante la falta de medidas de fondo, situaciones como las que motivaron la declaratoria de emergencia o como la que se está viviendo en Antioquia, al parecer ante la mirada indiferente del orden nacional, se tornan cíclicas y alcanzan picos que son los que aparecen en los medios de comunicación y que los funcionarios aprovechan para hacer anuncios que, al final, sólo sirven para calmar la tensión. En la práctica, la salida anticipada de presos o capturados va liberando cupos que permiten paliar el trance en los calabozos hasta que el problema vuelve al olvido mientras, al parecer, nadie se percata de las secuelas que en materia de impunidad y de desprestigio para la Fuerza Pública van quedando, pues a los ojos del ciudadano común la liberación de un delincuente recién capturado es culpa de la Policía y no del sistema judicial y sus vicios.


Aunque no hay realmente razones para estar seguros de que las cosas vayan a ser distintas ahora, menos aun cuando el alto Gobierno está entregado de lleno al proceso de paz, no perdemos la esperanza en que la crisis carcelaria sea afrontada en toda su dimensión, para lo cual un primer paso sería, como lo pidió la Defensoría del Pueblo, que se cumpla con el cronograma de nuevos cupos carcelarios planeados por el Inpec, pues a la fecha hay un retraso considerable en las obras de los que se debían haber entregado el año pasado.