Editorial

El s韓drome de La Habana
14 de Mayo de 2016


Esto nos obligar韆, si la iniciativa consignada en el citado acuerdo prospera, a retirar nuestro apoyo a este proceso.

Tras el aparente estancamiento en que estaba la mesa de negociaciones de La Habana, el Gobierno y la guerrilla de las Farc emitieron el jueves el Comunicado Conjunto número 69, en el cual se detalla un “acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final; para asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho Acuerdo Final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al Derecho Internacional”, el cual hace parte del sexto punto del Acuerdo General para la terminación del conflicto, que corresponde a la Implementación, verificación y refrendación del Acuerdo Final. De su lectura detallada nos queda claro que en la medida en que se van acabando los plazos y la paciencia del pueblo colombiano da muestras de agotamiento, se hace apremiante para las partes sacar adelante resultados cueste lo que cueste.


A diferencia de anteriores anuncios, este no fue un globo sino un verdadero bombazo, seguramente el primero de otros que están por venir, ya que los temas más complejos de la negociación se dejaron para el final del proceso. Ahora bien, que otros golpes similares lleguen dependerá de la continuidad de las conversaciones, pues aunque los adláteres de la negociación pregonan a los cuatro vientos que el Acuerdo Final es inminente, creemos que las reacciones que esta última notificación va a generar bien podrían propiciar alguna novedad. Porque salta a la vista, y así lo confirman las voces en contra que se han escuchado incluso por parte de muchos reconocidos defensores de las conversaciones, que con esta decisión la mesa de La Habana se ha auto otorgado un poder de constituyente primario que a todas luces no tiene, pues no hay una norma que se lo conceda.


El Estado de Derecho se basa en que el Pueblo soberano detenta el poder y lo delega expresamente en una Asamblea Constituyente de cuyas deliberaciones resulta la Constitución, carta suprema que establece, entre otras cosas, sus propios mecanismos de reforma. Cualquier intento de hacer algo por fuera del marco que ella representa, implica simple y llanamente un desconocimiento del Estado de Derecho y un intento por relevarlo. En este sentido, resulta paradójico el reconocimiento con que el presidente Juan Manuel Santos resaltó desde Londres el acuerdo alcanzado, pues redujo todo el alcance de lo pactado a señalar que por primera vez las Farc reconocen la Constitución y la institucionalidad. A nuestro modo de ver, la guerrilla efectivamente está reconociendo la Constitución, pero solamente para tantear la manera de adulterarla mediante procedimientos especiales no establecidos en ella y pretender, de paso, asimilar tales procedimientos al concepto de Acuerdos Especiales al que se refiere el artículo tercero común a los Convenios de Ginebra.


Nada más alejado de la realidad: los Acuerdos Especiales a los que se refiere el artículo tercero común a los cuatro Convenios de Ginebra son los que pueden adelantar las partes de un conflicto no internacional para someterse a parte o a la totalidad de los Convenios que regulan el Derecho Internacional Humanitario. Por otro lado, el intento de introducir en el bloque de constitucionalidad los puntos acordados en La Habana, sin que ellos surtan el proceso necesario de conciliación con los demás artículos de la Constitución, produciría un cúmulo de inconsistencias tal que generaría la necesidad de una nueva Carta, con su respectiva Constituyente, que es el objetivo real de las Farc, ajeno a la voluntad popular y al mandato y los objetivos planteados en el Acuerdo General para la terminación del conflicto. Además, es definitivamente indignante que la refrendación popular, única legitimadora y garante de la seguridad y el blindaje de lo acordado por y para ambas partes, no sólo haya sido desconocida por completo en la letra escrita del acuerdo divulgado, que es lo único definitivo, sino que oralmente se pretenda insistir en el valor de convocar al pueblo a pronunciarse frente a un hecho cumplido.


Son muchas las inquietudes que nos ha generado el desarrollo de este proceso, las cuales, con el mayor ánimo constructivo, hemos querido expresar y evaluar, pero ante esta última manifestación, lo que antes veíamos como el acorralamiento del Gobierno en su deseo por alcanzar un acuerdo con las Farc, se ha convertido en una relación similar o peor a la pérdida de identidad con que describe la psiquiatría al Síndrome de Estocolmo, de modo que sus plenipotenciarios han dejado de representar al Estado de Derecho y al Pueblo de Colombia. Esto nos obliga, si la iniciativa consignada en el citado acuerdo prospera, a retirar nuestro apoyo a este proceso.