Columnistas

¿El cierre de la frontera con Panamá?
Autor: José E. Mosquera
12 de Mayo de 2016


El anuncio del Presidente de Panamá Juan Carlos Varela sobre el cierre de la frontera colombo-panameña, con el fin de frenar el tráfico de indocumentados desde Colombia, sin dudas que será una medida que tendrá pocos resultados en las detenciones.

El anuncio del Presidente de Panamá Juan Carlos Varela sobre el cierre de la frontera colombo-panameña, con el fin de frenar el tráfico de indocumentados desde Colombia, sin dudas que será una medida que tendrá pocos resultados en las detenciones de los flujos de ciudadanos indocumentados de Cuba, África y China, procedentes de Suramérica hacia Estados Unidos.


Medida que tomó el Gobierno de Varela, en el marco del lanzamiento de una operación antinarcóticos que implica el cierre de varios puntos fronterizos, entre ellos en el área de Puerto Obaldía para evitar el tráfico de inmigrantes de Colombia hacia su país. Se habla que dicha medida, también será para combatir la producción y embarque de drogas desde Colombia. Por lo tanto, lo que busca el Gobierno panameño es “blindar” a Panamá de los efectos del tráfico de drogas e indocumentados.


Medida similar a otras decretadas en Costa Rica y Nicaragua, pero en el caso panameño serán un saludo a la bandera dado a que Panamá tiene una fuerza policial permeada por los tratantes de personas y poco entrenada realmente para combatir el narcotráfico. 


Además, por otras tres razones de fondo. La primera, el hecho que Panamá sea un paraíso fiscal, exista la lavandería de activos en la Zona Libre de Colón y la permisividad de su sistema financiero, seguirá siendo uno de los mayores centros de las operaciones de lavados de dineros del narcotráfico que se mueve de Suramérica hacia Centroamérica, Estados Unidos, Europa y África. Por lo tanto, eso hace que su territorio sea un santuario de negocios ilícitos y de operaciones de lavados de activos como las que revelan los papeles de Panamá.


La segunda, el crecimiento de los cultivos ilícitos y los procesamientos de drogas en el Darién panameño y en otras regiones son hechos inocultables. En la zona fronteriza pululan las plantaciones de coca y los laboratorios de procesamientos de drogas.


Hace siete años reseñé la existencia de más de 200 pistas aéreas clandestinas en Darién panameño, diseminadas en decenas de haciendas de connotados empresarios y hombres de negocios panameños. ¿Cuantas más hay en la actualidad?


La tercera, para los que conocemos la realidad que se viven en dicha frontera, sin dudas que seguirá siendo un coladero por rutas clandestinas que existen, tanto por tierra como por los esteros de ambas costas, difíciles de combatir por las autoridades desde la época colonial.


Indudablemente que la falta de vías ha hecho que la vigilancia, la seguridad y el control de esta franja fronteriza sea algo tortuoso para las autoridades colombo-panameñas. Obviamente que las medidas del presidente Varela deben de servir para abrir de nuevo el debate sobre la importancia de la conexión vial entre ambos países. Una vía que traerá más seguridad en la región, porque permitirá el desarrollo de redes de vigilancia más efectivas, debido a que actualmente por las condiciones selváticas y de aislamiento es un paraíso de narcotraficantes de armas, drogas e indocumentados.


Erróneamente algunos sectores de la clase dirigente panameña siguen creyendo que manteniendo “la barrera natural” de las selvas porosas de Darién es la mejor manera de evitar la “invasión” de la delincuencia internacional desde los países Suramericanos. 


Sin embargo, cada vez la realidad les demuestra que el camino es la integración vial de los territorios fronterizos por ser pasos fundamentales y estratégicos para mejorar los niveles de seguridad y defensa de la frontera. Es necesario que aquellos sectores de la clase política panameña comprendan que es absurdo seguir oponiéndose a la conexión vial con Suramérica y al desarrollo de unas redes de comunicaciones en la región, preponderante para aumentar las capacidades de defensa, los niveles de respuesta para combatir la delincuencia; frenar la tala indiscriminada de los bosques, desarrollar mejores políticas de conservación de los ecosistemas y para fomentar un eje de ecoturismo binacional en los dos Parques naturales.