Columnistas


El futuro de los indocumentados en manos de la Corte Suprema
Autor: Rafael Bravo
22 de Abril de 2016


La batalla de la población indocumentada para evitar las deportaciones y salir de las sombras llega a la Corte Suprema luego de que las acciones ejecutivas promulgadas por el presidente Obama fueron demandadas por los mandatarios de 26 estados.

La batalla de la población indocumentada para evitar las deportaciones y salir de las sombras llega a la Corte Suprema luego de que las acciones ejecutivas promulgadas por el presidente Obama fueron demandadas por los mandatarios de 26 estados, en cabeza de Tejas. No debe sorprender que todos ellos sean gobernadores republicanos para quienes la inmigración indocumentada solo representa una carga, sin consideración de los aportes a las economías regionales. 


La iniciativa conocida como Dapa ( Acción Diferida para Padres de Ciudadanos y Residentes Permanentes) les permitiría a los padres de hijos y familiares nacidos en los Estados Unidos o de residentes permanentes protegerse de la deportación y solicitar una autorización para trabajar por un tiempo no mayor de 2 años. Ello no significa una legalización y seria la extensión del Daca ( Acción Diferida para quienes entraron al país siendo niños y jóvenes ) que también busca proteger también por 2 años a quienes están en la escuela y prestan servicio en las fuerzas militares. El Dapa contrario a lo que se pretende mostrar como una amnistía generalizada, se aplicaría a cerca de 5 millones de los 11 millones de indocumentados. 


Obama decidió actuar bajo su jurisdicción ante la negativa del Congreso de mayoría republicana, de darle tramite a una reforma migratoria. Por lo demás, estas iniciativas tienen un amplio respaldo de la población nativa. Los argumentos del procurador general de Tejas de que al expedir una autorización de trabajo llevaría a los inmigrantes a pedir una licencia de conducción, la cual tendría un costo para los estados. Los demandantes quieren desconocer una norma que viene aplicándose desde 1981 según la cual quien reciba una acción diferida de deportación lo hace elegible para un permiso de trabajo por un tiempo definido.


La Corte Suprema ha abierto el debate a través de lo que se conoce en el ámbito jurídico como ‘’ Argumentos Orales’’ de modo que quienes se muestren a favor o en contra esgriman sus razones. La decisión del máximo tribunal solo se conocerá en junio, lo que podría terminar en un empate pues de los 8 miembros, la mitad se inclinaría por un voto favorable (de tendencia liberal ) y el resto lo haría de manera negativa ( son jueces de filosofía conservadora ). Luego del fallecimiento del magistrado  Anthony Scalia hace unas semanas, el congreso como órgano que elige al sucesor, se niega a considerar al juez nominado por el presidente Obama pues la mayoría republicana es de la opinión que ello debería serlo por quien salga elegido en noviembre.


De acuerdo con lo establecido en la Constitución de producirse un empate en la Corte Suprema, la decisión tomada por el juez donde se produjo el fallo queda en firme. En otras palabras, queda claro que Tejas y los otros estados se empeñan en desconocer la realidad que deben enfrentar millones que deben vivir en un limbo y trabajar arriesgando su permanencia en los Estados Unidos. 


En consecuencia, lo que se busca es la oportunidad de tener un alivio discrecional y temporal para tantos que viven bajo el temor de ser expulsados y separados de sus familias. Al final de cuentas, quienes resultan afectados son personas de bien, que aportan al país y que no constituyen ningún peligro para la sociedad.


Asimismo, no son pocos los que van a continuar siendo explotados por empleadores inescrupulosos quienes se niegan a remunerar a los inmigrantes con salarios justos y sin los beneficios legales a los que tienen derecho. Cualquiera sea el resultado, el asunto servirá para que los políticos de ambos partidos utilicen a los inmigrantes como mercancía de cambio en las elecciones de noviembre