Columnistas


Solidaridad y equidad con los recicladores
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
19 de Febrero de 2016


Solidaridad, equidad y protección de los más débiles debería ser el norte de todas las personas que expiden o aplican normas asociadas a la prestación de servicios públicos, pues es en estos principios y valores en los que debe fundarse el régimen.

Solidaridad, equidad y protección de los más débiles debería ser el norte de todas las personas que expiden o aplican normas asociadas a la prestación de servicios públicos, pues es en estos principios y valores en los que debe fundarse el régimen especial de estos servicios, y no solamente en que se trata de actividades económicamente eficientes, que facilitan la concentración de capitales.


Es injusto que los recicladores sigan realizando día a día su labor ambiental, que la sociedad se beneficie de su trabajo y que no obstante que la Corte Constitucional en diferentes decisiones haya ordenado que se adopten acciones afirmativas para la protección de una población tan vulnerable, lo que generó que la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico expidiera la regulación que permite remunerar al menos parcialmente ese trabajo, por una u otra razón, la norma hasta la fecha no se haya cumplido.


Muy posiblemente si no se tratara de población vulnerable y discriminada como son los recicladores, ya se hubieran tomado medidas, para impedir que se afecten derechos fundamentales de trabajadores, pero el caso es que se trata de un grupo social tradicionalmente desconocido, que si no fuera por la labor de la Corte Constitucional y de algunas administraciones municipales, sus derechos no serían reconocidos.


El aplazamiento de la aplicación de la Resolución CRA 720 de 2015, que establece el nuevo régimen tarifario del servicio de aseo, trae dos consecuencias directas, la primera que los Municipios deban seguir asumiendo el pago de actividades que en adelante deben ser tenidas como costos del servicio de aseo, como es el caso del corte de césped, la poda de árboles y el lavado de áreas públicas; la segunda es que se dificulta la aplicación de las decisiones de la Corte Constitucional, según las cuales los recicladores de oficio deben recibir una remuneración justa por el trabajo que realizan.


Dos son las razones que se tienen para no aplicar la nueva regulación, la primera, el hecho de que las tarifas dependan de una actividad que deben adelantar los municipios como es la expedición adecuada, oportuna y completa de los denominados PGIRS, “planes de gestión integral de residuos sólidos”; la segunda, el hecho de que no exista una reglamentación detallada de la actividad de aprovechamiento en la que se defina claramente (i) el servicio, (ii) sus prestadores, (iii) relaciones prestadores – usuarios, (iv) fallas del servicio, (v) operatividad del mecanismo de remuneración, (vi) los incentivos al aprovechamiento y (vii) la relación de los recicladores con otros componentes de la cadena de construcción de valor de la que hacen parte, entre otros aspectos. 


No obstante la claridad y contundencia de la decisión de la Corte Constitucional en el sentido de que los recicladores deben ser remunerados por el trabajo ambiental que realizan, y que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, expidió la Resolución 720 de 2015, que a la fecha se encuentra vigente, la realidad es que aún hace falta que se expida un reglamento detallado sobre la “actividad” o “el servicio” de aprovechamiento, para que se aplique el nuevo régimen tarifario y los recicladores efectivamente reciban la parte de la tarifa de aseo a que tienen derecho.


Cada día que pasa sin que se aplique la nueva regulación tarifaria del servicio de aseo, y sin que se remunere de manera justa y adecuada a los recicladores, se ratifica la notoria discriminación que se hace a un sector tan vulnerable y desprotegido de la sociedad, como son los recicladores de oficio, además de desconocerse la aplicación de normas y principios constitucionales, que la Corte Constitucional ya plenamente ha reconocido.


Temas como “servicio universal”, “mínimo vital” y “acciones afirmativas” deben hacer parte de la agenda cotidiana de los gobernantes, los administradores de las empresas de servicios públicos y de quienes desde la Universidad nos dedicamos a construir que lo debe ser una verdadera teoría del “servicio público”