Economía

The government is determined to formalize mining: Ulloa
El Gobierno está empeñado en la formalización minera: Ulloa
Autor: Igor Eduardo Torrico Silva
31 de Enero de 2016


En 2015, el Ministerio de Minas caracterizó 4.087 unidades productivas mineras para un total de 7.349. De ellas, 1.600 están en Antioquia que, junto a Cauca y Tolima, están completamente caracterizadas.



Llegamos muchas veces a un territorio a solucionar problemas. Queremos que la minería llegue con esa cara amable de “aquí hay desarrollo”.

La viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, lo tiene muy claro, aunque busca comunicarlo en el mejor tono, sin que suene agresivo: el Gobierno está buscando regularizar la minería en Colombia, lo que pasa necesariamente por formalizar, más que simplemente legalizar, toda la actividad, incluyendo a la pequeña minería y la artesanal. Sin embargo, hay un límite, y quienes no estén en capacidad de ejercer la actividad dentro de unos estándares mínimos de seguridad, protección social y ambiental,  y cumplir con la juridicidad serán considerados ilegales y, por tanto, penados por la ley.


La Viceministra dialogó con EL MUNDO.


¿En qué tarea está su despacho actualmente?


Empezamos una gira regional con los gobernadores, con los alcaldes, contando qué es la minería. Muchas veces no se sabe, tampoco se conoce qué títulos hay en la región. En el caso de Antioquia, estuvimos con el secretario de Minas, en contacto con la delegación minera y también conversamos con empresarios interesados en reunirse con nosotros. Escuchando muchas de sus inquietudes, de sus preocupaciones, y sobre todo para darles mensaje a ellos y es: Estamos aquí unidos para dar respuestas.  


Lamentablemente en muchos sectores de la sociedad la minería es vista como el diablo. Y entonces hay discusiones en concejos municipales. Es impresionante cuando ves “minería no, vida sí”. ¿Pero, en qué momentos hemos llegado a este radicalismo? Las cosas puedan coexistir, minería y agricultura, turismo y minería, claramente vida  y minería. Precisamente, por eso se cuenta con una regulación robusta, que permite hacer la minería de manera sostenible y que sea fuente de desarrollo. Por eso, uno de nuestros esfuerzos es quitar esa mala imagen que tenemos como sector. Un sector que le ha generado empleo por décadas a Colombia.


¿Y cómo lograr esto? ¿Cómo lograr la cercanía y el cambio de percepción?


Estamos trabajando con base a tres pilares. Uno es el de la confianza legítima, que un poco lo que busca es: primero, que coordinemos mejor entre las entidades del Estado, la nacional, la departamental y la local. Lamentablemente a veces no nos comunicamos bien. Y lo que queremos decir es: aquí estamos.


También pasa por un segundo objetivo que es abrir un diálogo, porque muchas veces es un diálogo bilateral (comunidad-empresas, comunidad-entidades) y tiene que ser tripartito: todos con unas obligaciones, exigencias y deberes. Que además sea proactivo y no reactivo. 


Llegamos muchas veces a un territorio a solucionar problemas. Queremos que la minería llegue con esa cara amable de “aquí hay desarrollo” y dar toda la información que se requiera. Y el tercer objetivo de ese pilar es que definitivamente en el territorio, en las regiones, sientan la minería como una fuente de desarrollo por vía de las regalías, por vía de lo que las mismas empresas pueden hacer, no diciendo que ellas se tienen que volver Estado. Suena en principio retórico, pero hemos hecho unas sesiones en territorio muy importantes.


¿Qué dificultades hay en la formalización?


En la actividad hay muchos grises, hay muchos mineros tradicionales que se aferran a la actividad por sustento, porque mal que bien genera unos recursos mejores que el promedio de la población. Hay lugares donde les decimos que no se metan en esos socavones que se van a morir, que primero es la vida y no les importa. Dicen: “¿Y qué?”.


Es muy difícil. También tenemos pequeños mineros que están en zonas excluidas de la minería, donde no se puede y también responden: “No, yo quiero seguir haciendo mi actividad, no me importa ser ilegal”. Es muy difícil. 


¿Y qué se puede hacer?


El llamado del Estado en el marco de su política de formalización que, insisto, ha sido efectiva no sólo en Antioquia, es decirles: tienen tres puertas. La primera es la de la formalización, regularícense: hay instrumentos. Si ustedes hacen eso estamos aquí listos para ayudarlos en todo el sentido. Cuando hablamos de regularización no sólo hablamos de legalidad minera sino de legalidad ambiental y laboral.


Pero estos mecanismos de regularización tienen unas condiciones. Las legalizaciones del 2001 y el 1993 tenían unas, puede estar una comunidad entera, pero si las cumplen pueden tener su título minero. Las áreas de reserva también tienen una condición de tradicionalidad, están más enfocadas a comunidades mineras tradicionales, pero eso se debe comprobar.


En las visitas que hace la ANH se precisa en los socavones si en efecto hay esa “tradición”. Tiene que haber estado en una zona por décadas. Como, por ejemplo, ocurre en Segovia.


Para el minero que quiere pero no puede ejercer la actividad dentro de unas condiciones mínimas, el Gobierno ofrece la reconversión, señala la viceministra Ulloa.


Los mecanismos están enfocados en los mineros tradicionales que queremos reivindicar, porque sabemos que existen y no podemos ignorar que van a seguir.


La segunda puerta es para el que quiso ejercer la actividad pero no pudo o no puede. Creo que la gran mayoría, si son tradicionales y son buenas personas y buenos mineros, van a querer sumarse a ello. Allí como Estado estamos abriendo la puerta a la reconversión, que muchas veces no es popular o los que han sido mineros toda la vida no les parece, pero lo que es una realidad es que si no se puede ejercer la minería no podemos seguir estando en la actividad, y tenemos que buscar otras alternativas.


¿Qué opciones hay para la reconversión?


Las opciones son las que hay para muchas actividades. El Departamento de Prosperidad Social ha hecho cosas en minería y hemos hecho cosas concretas en Amagá, empleos temporales, productivos. Pero el mejor caso en otros sectores es el ejemplo de los cultivos ilícitos. Son proyectos productivos agrícolas en su mayoría, pero también turísticos, que probablemente en términos de recursos no serán igual de rentables que la minería pero, insisto, la actividad minera para esos mineros no va a ser legal. Ahí la opción que queda es la reconversión.


Así que por eso está esta tercera puerta: si tu quisiste pero no pudiste, quisiste y podías y tampoco te reconvertiste, pues ahí sí tristemente tenemos que tratar a esos mineros como ilegales porque no hay otra manera. A esta minería tenemos que penarla para no seguir en esta discusión. No se puede estar en esta ambivalencia, lo que hemos hecho como Estado es ordenar. Se ha hecho un esfuerzo gigante.




¿Qué pasa en Buriticá?

Buriticá hoy tiene una problemática de orden público importante que por motivos de competencia prefiero no contestar. Desde el punto de vista minero, hubo una visita de la Agencia Nacional de Minería, luego ocurrió un accidente minero y después tuvimos información de la empresa que tiene los títulos en la zona (Continental Gold) de otros riesgos. Mandamos tanto a la Agencia, como a la unidad de salvamento, y a otros funcionarios. Se emitió un acta con una serie de recomendaciones. Según la información que tengo, las autoridades locales hicieron unos cierres iniciales, pero la Gobernación está a la espera de un cronograma de cierres definitivos para cumplir a cabalidad con esa resolución.


No tenemos capacidad para verificarlos por un tema de competencias, pero lo que nos ha contado la Policía y el alcalde es que hicieron un cierre para eliminar la actividad temporalmente, pero tendrán que hacer un cierre definitivo para que nadie pueda entrar. El objetivo era sacar a la gente porque era un tema de riesgo. Hay trece socavones en la zona de riesgo, pero pueden haber muchos más.




Formalización no es sólo legalización

Informó la viceministra que en el país en 2015 se incorporaron 619 unidades productivas mineras en proceso de formalización. Estas unidades tienen título minero o cuentan con un mecanismo o una habilitación para ejercer la actividad, tienen instrumento ambiental en proceso de formalización, es decir, trabajan con un ingeniero de minas en el sitio mejorando sus prácticas. 


Este número se suma a casi 1.500 unidades, que van más allá de simplemente tener un papel, es un proceso holístico donde se busca superar el simple título legal, según señala la Viceministra, e incorporar todos los aspectos que rodean las buenas prácticas en minería. “Es un acompañamiento, es como el colegio. No hemos graduado ninguna pero tenemos muchas en proceso. Algunos se demorarán dos o tres años. Lo que pasó en su momento es que eso que se llamó formalización era más una legalización. Yo te entrego un contrato y tú decías ya yo soy formal”.