Editorial


Reficar: ¿lecciones aprendidas?
28 de Enero de 2016


Ya se anuncian los llamados a inquietantes tribunales de arbitramento internacional que deberán dirimir las diferencias de las partes contratantes. Que estos hechos sean alerta para los responsables de dirigir la construcción de las vías 4G.

Tras entregar el Estudio Sectorial sobre Reficar, la Contraloría General de la República inició una auditoría para esclarecer responsabilidades en decisiones que determinaron que la obra fuese entregada con retraso de 27 meses -en los que se considera que Ecopetrol tuvo costos de oportunidad por $3,6 billones- y que en su construcción se hubiese incurrido en sobrecostos cercanos al 110% del valor contemplado en la contratación de la obra, en 2007. Para la Contraloría, estos errores representan pérdidas equivalentes a 4,15 veces la participación de la Nación en Isagén. El informe de 146 páginas, elaborado por la Delegada de Minas y Energía, concede razón a quienes reconocimos la importancia de esta refinería cuando por fin se puso en funcionamiento, pero insistimos sobre la necesidad de resolver las múltilples preguntas que había dejado la ejecución del proyecto. 


Un aspecto especialmente complejo en el proceso lo constituye el período entre 2006 y 2009, de ingreso y permanencia de Glencore como aliado estratégico que ofreció bajo precio para obtener el 51% del control del proyecto, según denunciamos en el editorial ¿Por quién doblan las campanas? (27 de agosto de 2006). En tanto gestora de la sociedad anónima Refinería de Cartagena, definió, en 2007, el contrato de ingeniería y construcción con la firma Chicago Bridge & Iron Company (CB&I), radicada en Texas. En 2009, la minera suiza vendió sus acciones a Ecopetrol. Las obras físicas del proyecto iniciaron en 2010. En el proceso de auditoría llegarán claridades sobre la escogencia de Glencore, de la que la Contraloría sostiene que “aun cuando podría operar como un socio financiero (en el cual tampoco demostró idoneidad) no era la firma propicia ya que su experticia no correspondía a la necesaria para ejecutar un proyecto de estas características en un sector especializado”.


Como si cumpliera un lamentable libreto que ha afectado a grandes obras del Estado, la construcción de la Refinería fue duramente afectada por prórrogas e incrementos del valor de los contratos de ejecución. Denunció la Contraloría que en el proyecto “se dio una verdadera feria de adiciones a contratos. Y se presentaron costos por adiciones en diferentes divisas: $1,67 billones, US$185 millones y EUR 0,8 millones”. Según la investigación especializada, “durante el tiempo de ejecución, el proyecto tuvo 2.460 contratos”, de los cuales, el 18%; es decir, más de 440, presentaron incrementos superiores al 100%, algunos tan estrambóticos como el de suministro de andamios, incrementado en 37.528%. Ha anunciado el contralor Edgardo Maya que la auditoría deberá ofrecer explicaciones sobre estos sobrecostos que están ligados a las prórrogas en la ejecución del contrato. Entre tanto, ya se anuncian los llamados a inquietantes tribunales de arbitramento internacional que deberán dirimir las diferencias de las partes contratantes. ¿Será posible esperar que estos hechos sean alerta para los responsables de dirigir la construcción de las vías 4G, cuando ya algunos contratistas les están haciendo reclamaciones?


Durante los últimos meses se ha insistido ante la opinión pública que la caída de valor de Ecopetrol en la bolsa de valores y su pérdida de prestigio ante calificadoras internacionales, obedece al comportamiento de los precios internacionales del crudo, que, por supuesto, han afectado a la compañía productora y refinadora. Pero el aserto se demuestra parcialmente válido cuando la Contraloría afirma que “preocupa el descenso en la rentabilidad que la refinería le retribuirá en el largo plazo (4.35%), la cual está por debajo del costo promedio (5.5%) de la deuda del proyecto”. Tal comportamiento es el que, por supuesto, también preocupa a los observadores de mercados financieros mundiales. Y al país habrá de inquietarle, además, la noticia de que la Refinería que pudo ser impulso al crecimiento de la economía y las finanzas públicas, apenas alcanza a cubrir la demanda interna de gasolina interna hasta el 2019, mientras que ya es deficitaria para atender la demanda de diésel.


La auditoría es una intervención especial y esclarecedora con la que la Contraloría puede identificar hallazgos fiscales, o sea responsabilidades de detrimento del patrimonio público, y tener indicios que le permitan pedir la intervención de la Procuraduría, en situaciones disciplinarias, o de la Fiscalía, si existen indicios de delitos. El compromiso de rigor y agilidad en su realización puede demostrar voluntad de las autoridades responsables por mover a Colombia del mediocre punto medio de combate a la corrupción en que ha permanecido en los índices realizados por Transparencia Internacional.