Editorial


La movilizaci髇 democr醫ica por Isag閚
12 de Enero de 2016


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Con el pronunciamiento de la Asamblea de Santander, el apagón voluntario de anoche y los plantones que hoy se realizarán en las capitales del país, la opinión pública profundiza su movilización para buscar que el Gobierno Nacional detenga el proceso de venta de Isagén, a la que podría hacerse la canadiense Brookfield Asset Management, único proponente calificado que confirmó su presencia en la subasta. De insistirse en lo que sería ahora una venta directa se perpetraría una afectación irreversible al sector eléctrico, el ahorro de los colombianos y la confianza del público en la democracia de las instituciones republicanas.


Inicialmente, la enajenación atrajo a siete importantes agentes nacionales y extranjeros. Progresivamente los candidatos desaparecieron, sin que el Gobierno entendiera las señales de preocupación que daban aquellos que rechazaron el precio por acción o temieron, sin hacer alarde por ello, la creciente oposición a esa venta y las tres acciones populares contra el decreto de venta, aún pendientes de pronunciamiento de fondo del Consejo de Estado. El declive del número de compradores, reducido a uno tras el retiro de la chilena Colbún, contrasta con el crecimiento de voceros de opinión que sumaron perspectivas y argumentos contra esta venta y a favor de intentar alguna de las múltiples alternativas en manos del Gobierno Nacional para constituir el fondo que financiaría la construcción de las vías 4G. En el último año, las voces críticas frente al proceso pasaron de ser las de aislados analistas, entre quienes nos contamos desde el 2007, o los tradicionales opositores a toda enajenación de bienes públicos, como los sindicatos o los partidos de izquierda, para sumar a líderes políticos como el expresidente Uribe o los excandidatos Horacio Serpa y Antonio Navarro; a exministros y ex altos cargos públicos como Amylkar Acosta, Diego Otero, Mauricio Cabrera Galvis o Jorge Bustamante; a la mayoría del Congreso; a prestigiosas ONG, como Justicia Tributaria, y a ciudadanos que acompañan las acciones del Comité por la Defensa de Isagén.


La pluralidad de representaciones y perspectivas ha favorecido un debate rico en su valor pedagógico, pues muchos colombianos comienzan a interesarse por este sector medular de la economía nacional, y en su capacidad de discutir ideas razonables. Ellos ya logran explicar por qué no es conveniente que el Estado enajene la empresa que, junto a EPM, produce el 45% de la energía eléctrica del país, ofreciendo un importante equilibrio, que es garantía para un país que deberá ser exportador de energía eléctrica, para los clientes y para los propios prestadores. El análisis de las implicaciones de esta venta ha reclamado el papel regulador de las tarifas sobre todo cuando las instituciones del Estado han demostrado, como en la actual crisis, incapacidad para vigilar, controlar a los generadores privados y no ceder a sus chantajes. Y en tiempos de preocupación climática, es destacado su papel en la protección de 14.064 hectáreas de tierras donde han sido registradas 32 especies en vías de extinción, así como su aporte ambiental como regulador de 5.600 millones de metros cúbicos de agua embalsados en sus seis centrales hidroeléctricas. Hacer tal esfuerzo ambiental es deber, y posibilidad, de las empresas estatales o mixtas que supera las obligaciones legales y responsabilidades éticas de los inversionistas privados.


La pluralidad del debate se manifiesta en las posiciones e ideologías que convergen por la protección de Isagén. Aquí están partidos que defienden la privatización, como el Centro Democrático; aquellos que la niegan a ultranza, como el Polo Democrático y los sindicatos, y aquellos que, como el Liberal, demandan hacer análisis puntuales, y, por tanto, han controvertido esfuerzos por privatizar a EPM, ISA o Isagén, pero también han promovido fusiones público-privadas, como la de UNE y Millicom para fortalecer un segundo jugador importante en telecomunicaciones, o intentado privatizaciones de empresas que progresivamente pierden rentabilidad y cuya operación es un contrasentido con las obligaciones estatales de proteger la vida y velar por la salud pública, como es el caso de la propuesta de vender la Fábrica de Licores de Antioquia. Mientras esperamos el desenlace  final de la inusitada subasta con un solo oferente, no renunciamos a inquietarnos por la indiferencia del Gobierno Nacional frente a las manifestaciones espontáneas y crecientes de la opinión calificada, las mayorías del Congreso y la opinión ciudadana, unidas por Isagén.