Editorial


Prop髎itos nacionales para el 2016
31 de Diciembre de 2015


Alo largo de esta 鷏tima semana hemos acercado nuestra mirada a los gobiernos de An韇al Gaviria y Sergio Fajardo, quienes hoy terminan sus mandatos con alta aceptaci髇 seg鷑 distintas encuestas y reconocimientos como los mejores del pa韘.

A lo largo de esta última semana hemos acercado nuestra mirada a los gobiernos de Aníbal Gaviria y Sergio Fajardo, quienes hoy terminan sus mandatos con alta aceptación según distintas encuestas y reconocimientos como los mejores del país por instituciones prestigiosas como Colombia Líder. Así como el mundo, que ayer observamos, Colombia pasa el calendario sin solución de continuidad en sus grandes propósitos y retos, que el Gobierno del doctor Santos ha resumido en el derecho ideal, y síntesis de todos, la paz. En tanto ideal abstracto, el país intenta concretar sus características, definir las condiciones que la harían posible y tomar las decisiones que la faciliten, siendo cada vez más consciente de que el perfeccionamiento de acuerdos con las Farc y su eventual refrendación por la ciudadanía no son la fórmula exclusiva para alcanzar la paz.


El trabajo de la Mesa de conversaciones de La Habana, suspendido sin que haya pronóstico de reanudación, tiene todavía grandes pendientes en todos los temas, pero muy especialmente en el de justicia. Los análisis a ese acuerdo han puesto en evidencia importantes vacíos que le restan confianza de quienes debieran ser su objetivo: las víctimas. Colombia se merece que millones de personas y amplios territorios que han sufrido directamente por el conflicto armado reciban reconocimiento respetuoso, conozcan la verdad de lo ocurrido, reciban del Estado la mano tendida de la justicia, y obtengan de los victimarios las garantías de reparación y de no repetición que les devolverán tranquilidad y les quitarán el miedo. 


La paz es la obra magna de la equidad, las oportunidades y la capacidad de concertar en una democracia participativa. La infancia colombiana sigue sufriendo hoy la peor denegación de sus derechos, que es la inequidad en el acceso a la nutrición. Especialmente ignominiosa es la indolencia del Estado y la opinión pública ante la tragedia de la desnutrición de niños, niñas y madres indígenas y afrodescendientes que habitan en los territorios más abandonados. Prueba dramática de esa indiferencia la da el manejo propagandístico dado por instituciones nacionales, encabezadas por la Cancillería, a los indígenas Wayúu que fueron protegidos el pasado 17 de diciembre por medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Del mismo orden es el parsimonioso burocratismo con que el Ministerio de Educación actúa frente al Programa de Alimentación Escolar: pronto para el escándalo, confuso para orientarlo, ineficiente para mejorarlo. Tal indiferencia se replica en el Congreso, despreocupado para dar trámite al proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, a fin de darle a la nutrición de los colombianos el lugar de prelación que merece.


Ayer, el Gobierno Nacional decretó el alza del salario mínimo, reconociendo un nuevo fracaso en las negociaciones de empresarios, trabajadores y autoridades, en busca de acordar un salario posible de ser pagado por el sector productivo, equitativo para los trabajadores y garante para la creación de empleos formales para el 50% de los trabajadores colombianos que tienen alguna ocupación, pero no gozan de acceso a la protección social y la estabilidad laboral. Como sucede cuando el salario mínimo se define por decreto, los actores que fracasaron viven la insatisfacción por procesos insuficientes y por decisiones que terminan desconociéndolos. La paz de la sociedad, y especialmente la paz laboral, es una conquista que se alcanza tras apostar, a pesar de las dificultades que entraña, por el diálogo social permanente, inclusivo y tendiente a construir políticas públicas en la que todos los actores comprometen sus capacidades y buena voluntad.


Colombia va a cerrar el 2015 preocupada por los impactos del pobre control público y la sequía sobre los costos y prestación de los servicios públicos de electricidad y agua potable. También ocupada en combatir los incendios forestales que hasta ayer habían afectado a 500 municipios, donde ardieron 100.000 hectáreas de bosques y prados. La eliminación de estas conflagraciones que arrasan la vida de fauna silvestre y bosques, afectando sus suelos, es posible si cada ciudadano asume su corresponsabilidad dejando de quemar pólvora, elevar globos de mecha y dejar elementos peligrosos en lugares naturales que visiten, estos compromisos son la respuesta más fácil y necesaria para vincular cada vida con el futuro del planeta. 


Firmar un acuerdo de terminación de conflicto sin sacrificar la justicia, erradicar las muertes por desnutrición infantil, lograr por consenso una política de trabajo decente y prevenir de manera más contundente los desastres naturales provocados por manos irresponsables o criminales, son metas alcanzables en Colombia que proponemos y defenderemos especialmente durante el 2016.