Nacional

Crisis in the Colombian-Venezuelan border
Crisis en la frontera colombo-venezolana
Autor: Daniela Ángel Madrid
31 de Diciembre de 2015


Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera colombo-venezolana tras el cual se afectaron miles de familias de ambos países.


Foto: EFE 

Colombianos bloqueados en la frontera colombo-venezolana.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 19 de agosto, estableció el cierre de la frontera con Colombia desde Cúcuta hasta las ciudades de San Antonio y Ureña en Venezuela, durante 72 horas, a causa de un enfrentamiento de tres militares venezolanos con presuntos contrabandistas en el estado del Táchira.


Según el presidente colombiano Juan Manuel Santos, el cierre fue unilateral, “una decisión soberana” del Estado de Venezuela. Sin embargo, el mandatario venezolano ordenó a más de 2.000 militares la revisión de cada una de las casas de la frontera con Colombia en busca de paramilitares, contrabandistas y acusados de otros delitos.


La expulsión de los colombianos de Venezuela produjo un éxodo de 394 deportados en menos de dos días, entre ellos 42 menores de edad, y generó denuncias por las violaciones de derechos humanos, lo que marcó “el comienzo de una crisis humanitaria”, según afirmó la canciller del Gobierno colombiano María Ángela Holguín.   


Frente a esta crisis, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) solicitó a Venezuela detener de manera inmediata “cualquier expulsión colectiva, arbitraria o sumaria” de los colombianos.  Mientras que la Organización de los Estados Americanos (Oea) se negó a participar como un organismo mediador al no aprobar la solicitud realizada por parte del Gobierno colombiano para organizar una cita entre los cancilleres de ambos países con fines a concretar una posible solución.


Por su parte, el Gobierno de Ecuador reunió a los cancilleres de Venezuela y Colombia junto a su homólogo, el canciller de Ecuador, pero esta reunión no fue de avances y dejaron a consulta las decisiones sobre la crisis, al mismo tiempo en que el mandatario venezolano extendía el estado de excepción hasta los municipios de Zulia y Apure, frontera con el municipio Paraguanchón, en La Guajira.


Finalmente, Walter Márquez, diputado del Parlamento venezolano perteneciente a la Mesa de la Unidad Democrática (Mud), denunció el 29 de diciembre ante la Fiscalía al presidente Nicolás Maduro, a José Vielma Mora, gobernador del estado Táchira, y a Carlos Martínez, el jefe militar de la zona, por crímenes de lesa humanidad y violación de los tratados internacionales al mantener por más de 130 días el cierre fronterizo, aseguró, además que “esta denuncia también será introducida en la Corte Penal Internacional de La Haya”.



Ola de deportados

El Gobierno venezolano ordenó la operación policial denominada “Operación de Liberación del Pueblo” en busca de paramilitares colombianos en el sector La Invasión, de la ciudad de San Antonio del Táchira, donde el 90%  de los residentes era de nacionalidad colombiana. Como parte de la operación, Venezuela deportó a Colombia un total de 21.500 ciudadanos colombianos, mientras que apresó a ocho miembros de la banda paramilitar colombiana “los urabeños”. Los deportados denunciaron maltrato físico y verbal por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (Gnb) así como también robos y saqueos durante el proceso de deportación. Las autoridades venezolanas, en busca de delincuentes, registraron casa por casa, las cuales fueron marcadas y clasificadas con una R lo que indicó que la vivienda ya fue registrada o D que indicó que esta debería ser demolida. Muchas familias fueron separadas, pues los padres colombianos fueron deportados a Colombia sin sus hijos cuando estos tenían la nacionalidad venezolana y, en otros casos,  era la madre o el padre quien de modo individual tendría que retornar abandonando forzosamente a su familia.


Junto a los deportados, empezaron otros movimientos migratorios de personas que por cuenta propia realizaron el cruce desde el territorio venezolano hacia el colombiano, lo cual provocó una situación humanitaria grave debido a que los servicios migratorios y de ayudas a los desplazados fueron insuficientes por la desbordada cantidad de personas que ingresaron al país en tan poco tiempo, siendo los principales departamentos receptores Norte de Santander, Arauca, La Guajira y Vichada.