Editorial


Mientras el país descansa
27 de Diciembre de 2015


Desde el inicio del receso reglamentario de sesiones del Congreso y de la vacancia de la Rama Judicial, el Gobierno Nacional ha decidido acelerar los procesos de indulto a treinta guerrilleros escogidos por funcionarios nacionales.

Desde el inicio del receso reglamentario de sesiones del Congreso y de la vacancia de la Rama Judicial, el Gobierno Nacional ha decidido acelerar los procesos de indulto a treinta guerrilleros escogidos por funcionarios nacionales -¿según recomendaciones de los jefes guerrilleros?- y de venta de Isagén. Lo hace a pesar de que estas acciones no tienen aún apoyo de las otras dos ramas del poder, particularmente del Congreso, ni respaldo de la opinión pública, que ha presentado claras exigencias de que los acuerdos de La Habana se hagan sobre el reconocimiento y respeto a las víctimas del conflicto y que permanece vigilante al intento de privatizar a Isagén, impulsado por el Ministerio de Hacienda desde agosto de 2014. La conformación de la lista de indultables, la definición del procedimiento para pedir el beneficio, la valoración de Isagén y la definición de la fecha de su venta, son decisiones en las que el Gobierno Nacional demuestra que luchará por imponerse, así ello le imponga ir en contravía de amplios sectores de la opinión y correr el riesgo de enfrentar decisiones judiciales que lo pondrían en aprietos con los beneficiarios de su apresuramiento.


Tras la publicación, el pasado martes 22 de diciembre, de los requisitos y procedimientos para que treinta guerrilleros, que estarían condenados por rebelión, inicien trámites en busca de obtener indulto, el Gobierno ha recibido críticas de los beneficiarios de la graciosa concesión, que fue anunciada a pesar de justificados y profundos reparos del Congreso, hechos en debate de control político convocado por los partidos de la U y Centro Democrático. De este tempranero indulto no queda claro cómo el Gobierno y los merecedores de la graciosa prebenda ofrecerán verdad, reparación y garantías de no repetición a las víctimas todavía no escuchadas.


Después de modificar el valor base de la subasta, el Ministerio de Hacienda anunció el 23 de diciembre que la subasta de Isagén se realizaría el miércoles 13 de enero, día posterior al término de la vacancia judicial, en cuya rama se estudian las acciones impetradas contra esa acción, entre las firmas aspirantes Energy (francesa), Brookfield (canadiense) y Colbun (chilena que manifestó dudas sobre su participación). Con su decisión, el Gobierno Nacional ratifica su desprecio por las conclusiones de los debates de control político realizados por congresistas de cinco partidos políticos, entre ellos el actual presidente del Senado; por los argumentos expuestos en las acciones que han impetrado el expresidente Álvaro Uribe, la Red de Justicia Tributaria, un grupo de congresistas y el grupo Dueños de Isagén, y por autorizadas voces gremiales y expertas que han reclamado cesar este embeleco.


En demostración de que la insistencia gubernamental no los amilana, ochenta congresistas escribieron a los presidentes de las firmas aspirantes a la subasta para informarles sobre los procesos jurídicos contra la operación, la existencia de un sólido bloque de opinión pública contrario a la operación y la falta de voluntad del Gobierno Nacional, denunciada por Mauricio Cabrera, exdirector de Crédito Público, para atender y considerar válidas objeciones estratégicas, jurídicas y técnicas a la operación. Con esos analistas, reiteramos las críticas a una decisión que pone en serio riesgo el modelo mixto que consolida el sector eléctrico colombiano desde la competencia entre compañías fuertes del sector público y privado, además de feriar un activo estratégico que la Nación ha construido en casi cincuenta años de ahorro, buena administración y responsabilidad pública. A estos argumentos sumamos la alerta por el riesgo de que las decisiones sobre tarifas eléctricas sean sometidas a las presiones de operadores privados sobre entes reguladores que en este fenómeno de El Niño han demostrado ser incapaces de imponer y vigilar normas que defiendan el interés nacional sobre los intereses privados.


En la memoria del folclor nacional viven las inocentadas, pequeñas burlas a los débiles por parte de graciosos que gozan a sus costillas. Son tan inoportunos y descabellados, que es imposible no comparar los aceleradores puestos por el Gobierno Nacional al indulto, que parece sacado del sombrero de mago, así tenga amparo en la Ley 418 de 1997, y la subasta de Isagén, con los juegos domésticos para entretener el descanso de fin de año.