Editorial


La distancia de Segovia a Bojayá
23 de Diciembre de 2015


Con apenas dos semanas de diferencia, los afectados por dos de los hechos más aterradores del conflicto interno recibieron las peticiones de perdón de los culpables por omisión o por su acción directa en la masacre de Segovia, Antioquia, en 1988.

Con apenas dos semanas de diferencia, los afectados por dos de los hechos más aterradores del conflicto interno recibieron las peticiones de perdón de los culpables por omisión o por su acción directa en la masacre de Segovia, Antioquia, en 1988, y la masacre de Bojayá, Chocó, en 2002. Aunque han sido descritos como actos de reconocimiento y verdad que ponen en el centro a las víctimas, existen profundas diferencias morales entre las peticiones de perdón y las responsabilidades que asumieron los culpables.  


El 11 de noviembre de 1998 fueron asesinados 43 habitantes de Segovia, Antioquia. Ocurrió durante un paseo de la muerte protagonizado por paramilitares, tolerado por miembros del batallón Bomboná de la IV Brigada y promovido por civiles. La afrenta contra quienes estaban en las calles del municipio también causó heridas a más de cincuenta personas y fue perpetrada para amedrentar a los políticos que habían conquistado la Alcaldía y la mayoría del Concejo a nombre de la Unión Patriótica, así como a sus electores. Por ese crimen, la Corte Suprema de Justicia condenó al determinador, César Pérez García. La justicia también definió las culpas de otros cinco militares y cuatro civiles, que deben pagar penas de prisión e indemnizaciones por los perjuicios morales a las víctimas. El acto público en el que el Estado pidió perdón el domingo pasado es uno de los compromisos que por propia voluntad asumió en el “Acuerdo de solución amistosa” que suscribió con representantes de las víctimas y que tiene como firme garante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh. En el acta (que es posible consultar en el sitio https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2015/COSA108-00ES.pdf), se confirma cómo, de manera transparente, el Estado asume compromisos con la reparación y garantía de protección a los afectados, además de asunción de disposiciones en la formación de nuevos miembros del Ejército, a través de las cuales busca evitar la repetición de estos crímenes.


El 2 de mayo de 2002, se calcula que 119 habitantes de Bojayá, entre ellos mujeres y niños, fueron masacrados por las Farc, cuando lanzaron un cilindro-bomba contra el templo en el que los civiles se habían refugiado tratando de resguardarse de combates que en las calles de su pueblo libraban guerrilleros y paramilitares. Por este crimen de lesa humanidad se han proferido condenas contra el secretariado de las Farc, como responsable directo de una grave afrenta a la población civil y a lugares protegidos por el DIH; el grupo paramilitar Elmer Cárdenas, por combatir en la cabecera municipal, arriesgando la población, bienes culturales y sitios de culto, y al Estado, por no ofrecer respuesta oportuna a las alertas tempranas que recibió. El pasado 6 de diciembre, guerrilleros encabezados por alias pastor alape encabezaron un acto privado para pedir perdón “por el error cometido”, según palabras del diario español El País. El carácter privado del evento -participaron víctimas, guerrilleros y miembros del Gobierno- ha sido defendido con el argumento de que fue una solicitud de las víctimas, miembros de comunidades afrodescendientes. Además de contradecir el carácter abierto de una cultura caracterizada por exorcizar el dolor mediante el abrazo colectivo, este acto desconoce que tan grave masacre también hirió profundamente a la sociedad colombiana y que es a toda ella, en evento público, como se debe pedir perdón. Después del evento no se conocen decisiones de reparación material y compromisos de no repetición que garanticen seguridad y tranquilidad a comunidades sometidas a la zozobra de la guerra.


Los actos de perdón de los responsables hacia las víctimas de las masacres de Segovia y Bojayá han fijado las diferencias morales entre el Estado, que es transparente para asumir responsabilidades y cumplir sus obligaciones constitucionales de velar por la vida, honra y bienes de los asociados, y una organización que trata a crímenes de la peor gravedad como “errores”, o sea hechos con algún grado de explicación o justificación. En ese contexto, compete a la justicia rectificar la doctrina, que generalmente ha sido invocada por el Consejo de Estado, según la cual el Estado -o sea todos los colombianos- es responsable de omisión no sólo cuando falla claramente en sus deberes, sino también porque en cincuenta años de conflicto no logró copar la totalidad del territorio y defenderlo de múltiples agresiones, incluidas las de las prácticas narcotraficantes de la guerrilla. Sin límites, se amplía la incertidumbre.