Columnistas


Justicia y Paz
Autor: Jorge Mejía Martinez
23 de Diciembre de 2015


Se bajó la bandera de la carrera por el SI o por el NO para refrendar los acuerdos de la Habana. Fabio Villegas, exgerente de Avianca, anunció su disposición para gerenciar la aprobación popular de lo negociado por el gobierno y las Farc.

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Se bajó la bandera de la carrera por el SI o por el NO para refrendar los acuerdos de la Habana. Fabio Villegas, exgerente de Avianca, anunció su disposición para gerenciar la aprobación popular de lo negociado por el gobierno y las Farc. En las columnas de opinión de los medios aparecen voces a favor de la negación, a pesar de que el principal opositor del proceso, el expresidente Uribe, baraja sus encrucijadas entre promover el no, o la abstención. Cuestión de tiempo. 


Entre los opositores hay una amalgama amplia de críticas. Desde quienes magnifican los detalles de la negociación con la convicción de que en la letra menuda se esconde el diablo, o no admiten ningún asomo de impunidad, variable más trascendental que la solución del conflicto y la paz, o quienes consideran que la negociación política no tiene sentido y por tanto no es necesario redefinir un marco jurídico e institucional para ello. Esta última postura con dos variantes: de un lado, no había que negociar porque la vía militar seguía vigente después de 8 años de la seguridad democrática, y, de otro lado, la negociación era posible pero bajo la justicia ordinaria o bajo el marco de la ley de Justicia y Paz, vigente desde hace diez años. 


La proporción de justicia o no impunidad y la búsqueda de la paz, es una combinación que dependerá de privilegiar la solución del conflicto armado o seguir sufriendo (o disfrutando) la guerra. Afloran consideraciones de ideología, política o conveniencia personal. Desde el amigo de la mano dura para resolver los problemas, o el antisantista a morir o el que se beneficia con los negocios de la guerra como abogado, militar o guerrillero.


“Parece que nuestro Estado de derecho no le alcanzó a los negociadores de la Habana para satisfacer las necesidades de las víctimas ni para el esclarecimiento de la verdad”, lamentó Maria Isabel Rueda en El Tiempo. Carlos Holmes Trujillo, del Centro Democrático, es reiterativo en considerar que no era necesario un nuevo marco jurídico para la paz estando vigente la “exitosa” ley 975 de 2005 que propició el marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares. Ambas posturas desconocen que las Farc se sentaron en la mesa, no porque fueran aniquiladas, si bien debilitadas. El proceso con los paras fue de sometimiento, según algunos comandantes, resultado del engaño oficial. 


La ley de justicia y paz fue importante, positiva. Dejó enseñanzas para procesos como el actual con las Farc o mañana con el Eln. Pero es limitada. Demostró que el aparato de justicia es incapaz de asumir el reto de no permitir impunidad en aras de la paz o de cualquier propósito nacional. Recordemos que en delitos de alto impacto la falta de justicia supera el 90%.


Según el portal Verdad Abierta, a pesar de que en estos 10 años de Justicia y Paz, los ex paramilitares han confesado más de 50.000 crímenes, las 33 sentencias que existen hasta ahora sólo incluyen el 6% de todos los hechos confesados y condenan a menos del 4% de todos los postulados a este modelo de justicia transicional. Cerca del 40% de los postulados a la ley, es decir de los que sí tenían órdenes de captura, nunca se presentaron a comparecer ante la justicia. No se conoce el paradero de la mayoría, ni hay una cifra de cuántos de ellos se unieron a la bandas criminales que surgieron después de la desmovilización. 


La paz es el mejor camino para afianzar la justicia y la no impunidad.