Columnistas


El acuerdo sobre justicia de La Habana
Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
20 de Diciembre de 2015


Mucho se está hablando del último acuerdo en La Habana. Yo intentaré, hoy, abordar algunos temas porque se trata de un documento denso, al que habrá que analizar a fondo y detallar muy bien, posteriormente.

Mucho se está hablando del último acuerdo en La Habana. Yo intentaré, hoy, abordar algunos temas porque se trata de un documento denso, al que habrá que analizar a fondo y detallar muy bien, posteriormente.


Sea lo primero decir que está -como se esperaba- a la medida de las Farc; pero no de cualquier manera, sino de una clara y desvergonzada. Hay tal entrega de los principios que iluminan una democracia, que en el documento no hay sapos que tragar, sino ballenas jorobadas.


Aunque no soy abogado, he sido estudioso de la teoría de la argumentación jurídica. Este hecho me permite señalar, de entrada, lo siguiente:


En distintos sitios del texto se habla de los responsables indirectos de la violencia. El término “indirectos” se presta para cualquier abuso. Se aplica en el texto, a civiles - es decir, no combatientes-  que serán investigados, juzgados y condenados, con base en testimonios, vaya usted a saber de quién y buscando qué beneficio, o ajustando qué cuenta, por paramilitarismo, colaboración con el ejército, o lo que se les ocurra a los denunciantes. Como la palabra “indirectos” no está definida, y en realidad, en ella cabe cualquier cosa, todo el que se haya opuesto públicamente a las Farc; o, escrito, denunciado, resistido a ser extorsionado, o a que sus hijos fueran reclutados, y un sinnúmero de conductas más que las Farc tengan en mente, serán sujeto de esta máquina de persecución. Es la manera de acabar con la oposición real o imaginada y de someter a un pueblo.


Como el asunto es simétrico, hay un punto en el que La Sala de Indulto puede revisar y levantar cualquier sanción judicial o disciplinaria, contra aquellos que han sido condenados o sancionados, en el marco de la ley y siguiéndoles un debido proceso, por los organismos competentes colombianos.


Como señaló el eminente abogado experto en derecho penal internacional, y miembro del sistema judicial de la ONU en los tribunales de La Haya, Juan Daniel Jaramillo, en una reunión donde se estudió lo acordado esta semana en La Habana, hay un curioso lenguaje jurídico que busca difuminar la definición de “crímenes de guerra”, para favorecer a los guerrilleros de las Farc. En efecto, allí se habla de que habrá sanciones para quienes hayan cometido “graves crímenes de guerra”, como si hubiese una escala en estos delitos, que son todos gravísimos, y precisamente, por eso tienen un tratamiento especial en los tratados internacionales. Y, además, introduce la expresión, “por ejemplo” y cita a continuación algunos de ellos. Grave, porque estos delitos deben ser enumerados taxativamente.


Y a propósito, dice el mencionado jurisconsulto que en los puntos acordados se habla de “sanciones” como la restricción de movimiento a áreas geográficas (ciudades o regiones) y ejecución de trabajo social -con lo cual se los premia porque serán los que administren los ingentes recursos que el gobierno le dará a las Farc para que “inviertan” en esos lugares- y no de penas, que es lo que exige la Corte Penal Internacional. Y el colmo de colmos: los “sancionados, que son autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad, no perderán sus derechos políticos, incluso durante el lapso de su “sanción”, sino que podrán ser elegidos para cargos públicos. A la sociedad internacional le están vendiendo la idea de que están cumpliendo con los tratados firmados por el país, algo que, por supuesto, los expertos no se tragarán. 


Luego, está el concepto de “culpa colectiva”, que es la admisión de un grupo de que ha cometido serias violaciones al Derecho Internacional Humanitario. En el derecho penal no hay culpas colectivas sino individuales; y en los planos moral y político, una culpa tal sirve para estigmatizar a gremios, sectores poblacionales, asociaciones de víctimas, etc., que no aceptaron, no se sometieron y resistieron las atrocidades de la guerrilla.


Los jueces del Tribunal para la Paz y de las Salas y miembros de todos los organismos que crea el acuerdo, serán nombrados paritariamente entre el gobierno y las Farc, mediante el mecanismo de poner cada uno el mismo número de magistrados y luego éstos, elegir los que falten. ¡Los victimarios escogiendo a sus jueces!  y ¡los de sus enemigos y contradictores!  Y ¿cómo les parece la Comisión de la verdad? Tres por el gobierno de Santos y su hermano Enrique, tres por las Farc y tres que los comisionados nombrados por ellos, seleccionan. Entenderán ustedes, cuál será la verdad que saldrá de allí. Se escribirá una nueva historia de las víctimas, hecha por los victimarios.


Y claro, queda abierta la puerta para que la Sala de Indultos haga su trabajo, después de que el “congresito” o Santos con las facultades omnímodas que se le otorgarán, hagan el suyo, declarando como conexos a los delitos políticos, al narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro, para dejar en libertad a los responsables de estos crímenes que financian la actividad del terrorismo, que es el método con el cual las Farc han hecho lo que ellos laman “política”.


Ya lo ven. Que las fiestas de fin de año no nos lleven a perder la noción de la realidad que nos están cocinando.