Columnistas


El Pgirs y la doctrina constitucional
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
18 de Diciembre de 2015


Los municipios del pa韘 en los pr髕imos d韆s podr醤 en vigencia las actualizaciones a los planes de gesti髇 integral de residuos s髄idos, en los que se definir醤 reglas b醩icas.

Los municipios del país en los próximos días podrán en vigencia las actualizaciones a los planes de gestión integral de residuos sólidos, en los que se definirán reglas básicas para: (i) la protección del medio ambiente; (ii) la ocupación del espacio público; (iii) el esquema de prestación del servicio de aseo; (iv) el aprovechamiento de residuos; (v) las medidas afirmativas que deben adoptarse a favor de la población recicladora, en fin,  se trata de un conjunto de disposiciones que ponen a prueba la aplicación práctica de diferentes mandatos,  que se derivan de la doctrina de la Corte Constitucional sobre estas materias.


El Pgirs se convierte en un mecanismo de democracia participativa, pues no obstante que se trata de actos que deben expedir los alcaldes municipales, ellos no pueden ser objeto de la voluntad o imposición unilateral de las autoridades locales,  sino que por el contrario,  deben ser el resultado de un proceso de amplia participación en la que los usuarios del servicio de aseo deben tener la palabra, pero además se constituye en un escenario adecuado para que se discutan y decidan las acciones afirmativas que deben tomarse a favor de los recicladores.


Con base en lo afirmado por la H. Corte Constitucional en la sentencia C-1043 de 2003, el concepto del servicio de aseo, entendido exclusivamente como la recolección, transporte y disposición final de material desechable en un relleno sanitario, ha evolucionado en un servicio con connotaciones mucho más amplias, asociado a conceptos como los de: (i) áreas limpias, (ii) limpieza urbana, (iii) aprovechamiento de material reciclable y de residuos orgánicos y (iv) dignificación de la población vulnerable como es el caso de los recicladores.


Para llegar al actual estado de cosas, el asunto no ha sido nada fácil,  pues ha sido necesaria la expedición de varias sentencias de la Corte Constitucional, que se han ocupado de diferentes temas, finalmente se agrupados con la expedición del PGIRS. 


Entre los temas deben resaltarse se encuentran decisiones como las contenidas en la sentencia C-150-03, que permite que los usuarios participen en la regulación de los servicios, la C-1043 de 2003, que permite incluir como parte del servicio de aseo, componentes propios de la limpieza urbana y como las contenidas en las sentencia T-724-03 y T-291-09, que ordenan que se adopten medidas afirmativas a favor de los recicladores.


Todos los temas asociados al Pgirs implican la adopción de medidas de trascendental importancia, desde la perspectiva de los derechos colectivos y aun individuales, pero debe resaltarse lo relativo a la protección del reciclaje y los recicladores, pues es un asunto en el que se unifica la defensa del medio ambiente, la eficiencia económica y la protección de la dignidad humana que nos debiera involucrar a todos.


El concepto de acción afirmativa, cada día siembra raíces más fuertes en nuestro derecho constitucional  y logra concretar de manera “real y efectiva”,  el verdadero alcance del término “igualdad”, pues se trata de reconocer las diferencias, de actuar en equidad y de privilegiar a través de discriminaciones positivas a grupos vulnerables de la población, como sucede en este caso con los recicladores.


El efecto de la adopción de medidas como las contenidas en el PGIRS, sin duda afectará la aplicación de la ley 142 de 1994,   pues es necesario que autoridades, prestadores del servicio y aún usuarios, reconozcamos una nueva realidad, la prestación de servicios públicos, no es solo una actividad económica, por el contrario, ella cumple una función social, que se vincula con derecho individuales y colectivos, como sucede con el medio ambiente, el espacio público y el reciclaje.


En el Pgirs deben adoptarse medidas concretas que faciliten la recolección en la fuente del material recuperable, su transporte, almacenamiento, pesaje y reutilización; pero además que se facilite el pago del trabajo que realizan los recicladores, se dignifique su vida y se proteja el medio ambiente que es todos.