Editorial


Los umbrales de la desconfianza
3 de Diciembre de 2015


En el tortuoso camino que el Gobierno Nacional está recorriendo en la búsqueda de la paz con la guerrilla de las Farc, los últimos días estuvieron marcados por los gestos extremadamente generosos hacia la insurgencia.

En el tortuoso camino que el Gobierno Nacional está recorriendo en la búsqueda de la paz con la guerrilla de las Farc, los últimos días estuvieron marcados por los gestos extremadamente generosos hacia la insurgencia, no se sabe si por el afán de llegar al cierre definitivo de la discusión del punto sobre justicia, que sigue estancado aún después del apretón de manos entre Santos y alias timochenko, o como una medida desesperada ante la creciente indiferencia y hasta descrédito que tanta dilación va generando. No de otro modo se entendería que el mandatario recurriera a la exótica decisión de enviar a su hermano Enrique, como una especie de alter ego, a un “cónclave” cuyo propósito era destrabar las negociaciones y que el máximo cabecilla de las Farc aprovechó para proponer la creación de una “dirección ejecutiva” con la capacidad de cambiar de un plumazo las posiciones que el equipo negociador, desgastado y agobiado tras tres años de conversaciones, ha intentado defender con responsabilidad.


Del famoso “cónclave” surgió, por ejemplo, la decisión de indultar a 30 guerrilleros privados de la libertad, supuestamente por el delito de rebelión, pero cuyas identidades todavía no se conocen, y entre quienes seguramente habrá muchos a los que sólo se les pudo probar el delito político, más no otras conductas punibles frecuentes entre los combatientes, que nada tienen que ver con la insurgencia y que llegan hasta crímenes atroces o delitos de lesa humanidad. Otra concesión fue la revocatoria de la extradición de Juan Vicente Carvajal Isidro, alias misael, jefe de finanzas del bloque 10 de las Farc, quien era solicitado por los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Y, del mismo modo, la insinuación del presidente Santos de que va a ceder a la tentación de aceptar un cese bilateral del fuego, supuestamente porque para él ya se cruzó el umbral de la desconfianza y está convencido de que la guerrilla va en serio con el proceso.


Pero a tan generosas concesiones del Gobierno, la guerrilla respondió con la publicación la “Octava propuesta sobre el fin del conflicto”, referida a “garantías de seguridad integral para la población en general y para el movimiento político en el que se transformen las Farc-Ep”, que contiene ocho puntos, de los cuales tres pusieron sobre la mesa nuevos desencuentros. Uno de ellos habla del desmonte del Esmad, otro de la desmilitarización de los “Territorios especiales de construcción de paz - Terrepaz”, y uno más del otorgamiento de personería jurídica incondicional e indefinida para el movimiento político que resulte de su “transformación”. Los demás, plagados de retórica, se orientan hacia las garantías de seguridad para organizaciones políticas y sociales de izquierda, de víctimas y defensoras de los derechos humanos, para el ejercicio de su labor política.


La reacción del Gobierno, a través de su equipo negociador, fue firme, y para acentuar su postura, fue el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, el encargado de hacerla pública en una inusual intervención ante los medios, antes de la jornada de trabajo del martes. En la declaración se les recuerda a las Farc que el balance del conflicto es favorable al Estado, que no se va a cambiar el orden constitucional, tampoco la misión, ni el tamaño, ni el presupuesto de las Fuerzas Militares, y mucho menos se va a fragmentar o a distribuir el territorio, lo que en el fondo fue una sutil manera de recordarle a la guerrilla y a la comunidad internacional, que estas negociaciones son para la terminación de un conflicto entre un Estado y un grupo al margen de la ley y no de un armisticio entre partes en igualdad de condiciones y legitimidades.


No se puede decir así que la paz está cerca o que el umbral de la desconfianza está superado, pues las pretensiones de las Farc, sumadas a declaraciones como las de alias joaquín gómez, quien afirmaba en días recientes que es impensable considerar la dejación de las armas si no se hace efectivo el desmonte del paramilitarismo, lo que ponen en evidencia es el habitual tira y afloje en el que la insurgencia dilata, enreda y no cede, sino que se sienta a esperar a que el paso del tiempo vaya acorralando al Gobierno, quien es el que da los pasos, como ya lo señalábamos, que son ganancias de terreno de las Farc. En tales circunstancias, la refrendación cobra cada vez mayor importancia, pues no es el simple compromiso del presidente Santos con el país, sino que es el único mecanismo posible para blindar las decisiones que se tomen en la mesa de ser controvertidas en el futuro. En ese sentido, el proyecto de ley del Plebiscito por la paz, cuyo cuarto y último debate se debatió ayer, adquiere gran importancia. Más que el mecanismo, el umbral para su aprobación fue el centro del debate, pues si bien el establecido era alto, bajarlo a 13% era considerado nugatorio de legitimidad por muchos, entre los que nos incluimos. Ya tendremos oportunidad de analizar el proyecto como fue aprobado, pero definitivamente esa sola decisión demuestra la poca confianza en la solidez y justicia de lo que se está acordando, o en la capacidad de la nación colombiana para valorarlo.