Editorial


Premio al incumplimiento
2 de Diciembre de 2015


Con la llegada de diciembre se hacen efectivas las alzas en las tarifas de la energía que el Gobierno decretó en octubre para ayudar a las generadoras térmicas, que bajo el pretexto de escasez del gas y altos costos en los combustibles líquidos.

Con la llegada de diciembre se hacen efectivas las alzas en las tarifas de la energía que el Gobierno decretó en octubre para ayudar a las generadoras térmicas, que bajo el pretexto de escasez del gas y altos costos en los combustibles líquidos, advirtieron al país que a menos que se conjuraran sus pérdidas, tasadas entonces en $3,3 billones, sería inevitable un apagón. En esta columna denunciamos que no era culpa del fenómeno climatológico de El Niño la situación que se estaba presentando, como se quiere hacer ver por parte de los voceros oficiales, sino la plena prueba de la mala administración del sistema energético nacional y de la debilidad del Estado frente a los generadores privados, cuya capacidad de presión es tal que, en el caso específico de Termocandelaria, van a ser capaces de poner al Gobierno a pagar sus pérdidas y mantenerlos en el negocio, a pesar de haber incumplido de manera flagrante sus responsabilidades con el mercado.


El alza, que va desde los $439 para el estrato 1 hasta los $2.943 para el estrato 6 por kilovatio hora, llega en un momento particularmente difícil para los usuarios, puesto que diciembre es el mes del año en que más energía se consume. Según los cálculos de Raddar, ese consumo podría incrementarse hasta en un 22%, bien porque la gente pasa más tiempo en su casa y, por ende, utiliza más aparatos, o bien porque al consumo habitual se suma la iluminación navideña.


Como planteamos en nuestro editorial El niño no es el culpable, el pasado 29 de octubre, el fenómeno climático no es la causa sino el hecho que pone en evidencia las decisiones desacertadas (o la falta de control sobre su cumplimiento) que en su momento se tomaron para garantizar el suministro de energía en el país, precisamente durante tiempos de escasez de agua. El cargo por confiabilidad, que debía funcionar como un seguro para que las generadoras térmicas estuvieran a punto de operación en cualquier momento, al parecer fue desviado y, cuando se requirió que empezaran a generar la energía que las hidroeléctricas no podían tener en firme por la reducción de los embalses, algunas de ellas empezaron a “hacerse las difíciles” hasta el punto de llegar a la decisión unilateral tomada por Termocandelaria de cerrar operaciones, ocasionando así su intervención por la SuperServicios.


Y si ya criticamos las medias de salvamento propuestas por el Gobierno para las termoeléctricas en general, más exótico nos parece que como producto de la intervención a Termocandelaria y según la Resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos, del 19 de noviembre pasado, se le pague un mayor valor por kilovatio/hora y se suspendan todos los pagos de las obligaciones “causadas hasta el momento de la toma de posesión, incluyendo las obligaciones de energía firme asignadas con anterioridad” lo que ha sido interpretado por conocedores de la materia en medios de comunicación nacionales, como una invitación a incumplir los compromisos, pues a la generadora intervenida se le va a pagar el kilovatio al precio de bolsa, que está en $822, y no al precio de escasez, que sería de $470, y no tendrá que responder por la energía en firme que debía haber entregado al sistema -y para lo cual los colombianos pagamos el cargo por confiabilidad-, lo que podría estar construyendo el absurdo escenario de que al cabo de los seis meses de intervención, los dueños retomen el control de la empresa como si nada hubiera pasado, y sin tener que responder por los recursos del cargo por confiabilidad, que según el representante David Barguil, en un debate ante la Cámara de Representantes, alcanzarían los $567.771 millones entre 2007 y 2015.


Efectivamente, con esta actuación el Gobierno les está mandando a las generadoras térmicas, antes cuyas presiones ya había cedido, el nuevo mensaje de que le va mejor aún a las que de manera unilateral cierran sus operaciones, sin más ni más, pues allí el Estado interviene, transfiere parte de la carga al consumidor y además les da un semestre de gracia. A pesar, pues, de que según la Superintendencia de Servicios Públicos, al 25 de noviembre pasado la mayor parte de las térmicas estaban en condiciones de cumplir con su cuota de generación de energía para estos meses de sequía, no se haría raro que otras pusieran el grito en el cielo y buscaran ser intervenidas bajo estas mismas condiciones.


Tiene una gran responsabilidad el Gobierno Nacional para enderezar el camino en esta materia y que una situación como la presente no se vuelva a repetir. No hablamos del Fenómeno del Niño sino de la planificación del sector y de su efectivo control. Es urgente que se reconozcan los fallos del sistema, empezando por el cargo por confiabilidad, y que se establezcan controles y se cumplan las sanciones sobre las generadoras que no honren sus compromisos. Sería inadmisible que nada pasara y que simplemente se tiendan cortinas de humo, como la reducción en los precios de la gasolina  y el Acpm -que era lógico y esperado-, para que los usuarios pierdan de vista el castigo tarifario que les llega de aguinaldo.