Editorial


De vecinos y aliados
30 de Octubre de 2015


Lo más grave del reconocimiento del exfiscal refugiado en Miami, no es la certificación de que el más famoso preso político de Venezuela está sometido a un proceso en el que los instructores reciben “presiones políticas” para fabricar pruebas.

Los embajadores Mogens Lykketoft, presidente de la Asamblea General de la ONU, y Ban Ki-moon, secretario general del organismo, merecen sitiales en la galería de líderes que cedieron espacios a regímenes que incumplen las reglas democráticas y de respeto entre naciones. Por convicción o comodidad, el danés y el coreano facilitaron a cuestionados gobiernos orientar votaciones o conquistar poderes que los blindan de ser inquiridos por sus tropelías. Ante la debilidad de la ONU tienen las democracias el reto de unirse en alianzas que los acojan mientras pasa la tempestad en la que los resucitados hermanos Castro y el régimen chavista tienen papel principalísimo.


A la vergonzosa votación del martes, en la que la Asamblea General aprobó el proyecto de declaración a favor del fin del embargo de Estados Unidos a Cuba, iniciativa apenas negada por Estados Unidos e Israel, hay que agregar las decisiones tomadas en la renovación del Consejo de Derechos Humanos, donde se definieron 18 de las 47 curules. Por América Latina llegan la tibia Panamá, que tuvo 157 votos, y el cuestionado Ecuador, que tuvo 152 votos a pesar de los interrogantes a su papel contra el sistema de derechos humanos de la OEA; en el órgano repite Venezuela, que tuvo 131 de los 192 votos posibles. Con estas decisiones se pierden esperanzas de que la ONU supla a la debilitada OEA en el propósito de velar por la institucionalidad, las libertades y las garantías de derechos en los países latinoamericanos donde se encuentran amenazadas.


Esta votación le llega al chavismo como bálsamo para ocultar las valientes denuncias del fiscal Franklin Nieves, quien confirmó las verdades sobre denegación de justicia que algunos en el mundo todavía dudaban, y denunció la fabricación de “falsos positivos judiciales” en operaciones conjuntas de la Guardia Bolivariana y la Fiscalía, al mando de la chavista Luisa Ortega. Lo más grave del reconocimiento del exfiscal, refugiado en Miami, sobre el juicio al opositor Leopoldo López no es la certificación de que el más famoso preso político de Venezuela está sometido a un proceso en el que los instructores reciben “presiones políticas” para fabricar pruebas, sino la verificación de que el Poder Judicial de ese país se ha puesto al servicio de un Gobierno corrupto, razón por la cual los acusados por el régimen sufren la denegación de sus derechos fundamentales a la justicia, el debido proceso y la defensa. De la misma gravedad de estas declaraciones son los reconocimientos de que “las denuncias contra paramilitares colombianos son un montaje de Maduro” y que se fabrican “falsos positivos judiciales”, como el del colombiano José María Barrera, a quien “le sembraron un fusil, un generador de electricidad de una avioneta y uniformes militares”, para capturarlo en octubre de 2013 como paramilitar y además hacerse a sus propiedades, ganados y maquinaria, según reconoció el exfuncionario a Blu radio. Aunque los demócratas de todo el continente se han estremecido con estas denuncias, sus gobiernos no las consideraron tan suficientes como para negarse a reelegir a quien ha usado su curul en los consejos de Derechos Humanos y de Seguridad para boicotear cualquier intento de la ONU por defender la democracia.


Estaba en lo alto de la ola la crisis mediática de Venezuela cuando el habilidoso heredero de Chávez invitó al doctor Juan Manuel Santos a una cumbre para discutir la crisis de la frontera binacional. Con la habilidad con que mencionó agendas pendientes para evitar responder, la canciller María Ángela Holguín eludió exigir respuestas a las denuncias de altos mandos militares sobre la tolerancia de Venezuela a las guerrillas y a la confirmación del montaje sobre la presencia de paramilitares colombianos allí. Tal silencio no revela el talante sino la necesidad de un Gobierno que se resignó a depender del tirano entregándole potestades económicas, al hacerlo su proveedor de gas natural, y políticas, al dejarse presionar por su presencia condicionante en las decisiones de la mesa de La Habana.


Por fortuna quedan aires para Colombia. Cumpliendo una agenda acordada el año pasado en Iquitos, el presidente peruano Ollanta Humala llega hoy a Medellín para presidir con su homólogo colombiano la Segunda reunión de Gabinete binacional. De esta se espera que confirme y profundice acuerdos particulares de cooperación y que reafirme el camino de integración que, con Chile y México, ambos países transitan dentro de la Alianza del Pacífico, que una vez más demuestra que es el escenario en el que Colombia reafirma su amistad con países que respetuosamente la acompañan a seguir forjando democracia y prosperidad.