Columnistas

Discriminación positiva a los recicladores
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
16 de Octubre de 2015


La necesaria expedición de la reglamentación de la actividad del reciclaje, y la expresión de voces de inconformidad con algunas de las normas contenidas en el proyecto que ha elaborado el Gobierno.

La necesaria expedición de la reglamentación de la actividad del reciclaje, y la expresión de voces de inconformidad con algunas de las normas contenidas en el proyecto que ha elaborado el Gobierno, hace necesario que se resalte la obligatoriedad de las decisiones que la Corte Constitucional ha adoptado en esta materia, sobre el todo el carácter imperativo que tiene en todo el país la adopción de acciones afirmativas a favor de los recicladores.


El asunto se hace apremiante, si se tiene en cuenta que en diciembre de este año deben ponerse en vigencia los nuevos planes de gestión integral de residuos sólidos Pgirs, en los que se incluyan las acciones afirmativas que se adoptan con los recicladores; además, que los recicladores esperan desde el 2003 que se hagan efectivos plenamente los derechos que les reconoció la sentencia T-724 de ese año, que se han reiterado en otras providencias.


Todos los días la teoría del servicio público, debe ratificar su existencia y enfrentar corrientes del pensamiento económico que pretenden negarla y reducir toda la actividad de servicios, a economía de mercado; es que para algunos todo se reduce a eficiencias económicas y a “libre” competencia, sin importar si con ello se conduce a la inequidad y la concentración de capitales. 


En mi opinión para la “teoría del servicio público” el asunto es bien diferente, pues en servicios públicos se debe privilegiar la intervención del Estado y la protección del interés público y social, de allí la necesidad de (i) proteger los derechos de los usuarios; (ii) la de la participación de todos los agentes del sector en la expedición de reglamentos y regulaciones; (iii) el derecho de acceso al mínimo vital para todos, en especial para las personas con menor capacidad de pago; y, (iv) la adopción de acciones afirmativas que garanticen el ejercicio de la “igualdad material” y no “simplemente formal” en este sector, como es el caso se presenta con los derechos de los recicladores. 


Aunque con la expedición del artículo 88 de la Ley 1753 de 2015, el Decreto 2981 de 2013, compilado como parte del Decreto 1077 de 2015, la Resolución conjunta 754 de 2014, la Resolución CRA 720 de 2015 y los autos de la Corte Constitucional 286 de 2010, 275-11, 074-12, 366 de 2014 y 089-15, todos en general dentro del contexto de las sentencias Tutela T-724-03, T-291-09 y T-387-12, se podría concluir que se avanza positivamente en la adopción de acciones afirmativas a favor de los recicladores, estas no serán realidad sino se facilita su aplicación por parte de un Decreto Reglamentario que en la actualidad prepara el Gobierno Nacional.


No obstante que algunas de las autoridades territoriales han avanzado con medidas de reconocimiento y fomento al reciclaje y a los derechos de los recicladores, esto no será suficiente, sin además no se concretan los mecanismos que permitan remunerar adecuadamente el trabajo que realizan los recicladores y se proteger las condiciones en que los recicladores realizan su trabajo, para que no tengan que competir con empresas cuyo objeto debe ser ocuparse de la recolección, transporte y disposición final de material no recuperable.


Aunque no será fácil que todos aceptemos que la adopción de acciones afirmativas, en particular la de medidas que implican discriminación positiva, en la práctica generan una distinción en dos modalidades del servicio de aseo, según se trate de material recuperable o no, la realidad es que de la doctrina de Corte Constitucional se desprende esta consecuencia, sin la cual no será posible darle a los recicladores el tratamiento especial que se deriva de las distintas decisiones de la Corte Constitucional.


Sería muy lamentable, que a estas horas del proceso, la Corte Constitucional en su labor de seguimiento de la ejecución de la sentencia T-724-03 y el Auto 275-11, tuviera que ordenar de nuevo que se adopten medidas que realmente correspondan a discriminación positiva a favor de los reciclares y desconozca las decisiones adoptadas por no corresponder plenamente a las órdenes que con anterioridad ese organismo judicial ha impartido.