Editorial

Un paso adelante
24 de Septiembre de 2015


Los detalles que precisen estos acuerdos son los que permitirán determinar que esta “justicia para la paz” no se convierta en un burdo remedio de justicia no aceptable para el país.

Las casi 24 horas de expectativa que el país vivió en torno al anuncio de un pronunciamiento de la Mesa de conversaciones y el viaje a Cuba para tales efectos, del presidente Santos y de alias timochenko, favorecieron toda clase de especulaciones sobre el alcance de esas decisiones. Si bien ellas no son el acuerdo final que algunos alcanzaron a soñar, sí son decisiones esperanzadoras, que abrieron camino a que las partes se comprometieran con un plazo máximo de negociación hasta el 23 de marzo de 2016. Tomamos como garantía el compromiso reiterado del presidente Santos de que los contenidos de los acuerdos van a ser sometidos a refrendación ciudadana. 


Muchos fueron los globos, forcejeos y pretensiones de los voceros de las Farc, que atormentaron al país proclamando su determinación de eludir la Constitución y los acuerdos internacionales incorporados a la legislación colombiana sobre crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Conocido el comunicado de diez puntos, que por su brevedad parece más bien un avance del acuerdo en construcción sobre la justicia y el más amplio del punto de Víctimas, hemos de reconocer que en esta ocasión las decisiones alcanzadas sí reflejan el clamor popular y su rechazo a una impunidad justificada como medio para obtener un espejismo de “paz”.


El comunicado garantiza el reconocimiento por las partes del Estado de Derecho y el sometimiento a sus reglas; es trascendental la contundente declaración que precisa que no pueden ser objeto de amnistía o indulto los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra como el secuestro, la desaparición forzosa, el desplazamiento forzado, la tortura, el reclutamiento forzado de menores de edad, la violencia sexual y las ejecuciones extrajudiciales. Como consecuencia de esta proclama se señala que quienes reconozcan responsabilidad frente a estos delitos recibirán penas mínimas de cinco años y máximas de ocho años en sitios especiales, con restricción efectiva de la libertad y de derechos, entre los cuales presumimos tienen que estar los políticos, además de que se garantice la restauración a las víctimas. Los detalles que precisen estos acuerdos son los que permitirán determinar que esta “justicia para la paz” no se convierta en un burdo remedo de justicia no aceptable para el país y que seguramente exigiría la activación de los mecanismos de la Corte Penal Internacional.


El documento publicado por la Presidencia anuncia la creación de una Jurisdicción especial para la paz que se va a constituir en el marco de la actual normatividad jurídica, el cual contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz a integrarse por magistrados colombianos y algunos extranjeros, queda pendiente la explicación sobre las condiciones de elegibilidad de esos magistrados. Este tribunal actuará sobre la base de lo actuado previamente por la justicia y otros órganos del Estado y, por condición del acuerdo, reconoce la legitimidad de la interpelación que hagan las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. No se aclara aún cómo será la interacción de las Salas del tribunal para la paz, uno de cuyos objetivos es obtener la verdad, con la Comisión sobre el esclarecimiento de la verdad, cuya instauración y reglas de funcionamiento fueron acordadas como garantías de los derechos de las víctimas a la verdad. 


A diferencia de los acuerdos en los tres puntos que ofrecen garantías a las Farc, que son los de reforma rural integral, participación política y solución al problema de las drogas, las decisiones sobre Víctimas se han venido divulgando parcialmente y dejando importantes campos  pendientes de reglamentación, en ejercicios que exigen mantener vigilante atención sobre estos procesos que se avecinan. En el acuerdo sobre justicia debe prestarse especial atención a la determinación en el sentido de que “de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos”, señalando que “una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad”. Tal norma deberá ser debatida en los debates reglamentarios y votada por el Congreso, no por los mecanismos anti-institucionales que se pretenden con el acto legislativo especial, y sobre los que volveremos a pronunciarnos. En todo caso rechazamos la pretensión de reconocer los delitos asociados al narcotráfico como conexos a los políticos, según el lance que ha hecho el fiscal general y que ya comentamos en reciente editorial. 


Aun insuficientes frente al daño causado, estos acuerdos dan pasos posibles en las garantías de los derechos de las víctimas. Si estos son protegidos sólo podrá aclararse cuando se presenten las medidas de reparación y de garantía de no repetición, las cuales han sido presentadas como válidas para demandar el apoyo de la ciudadanía a las negociaciones.