Economía

Productive sectors ask for protection for sugar
Gremios piden protección al azúcar
Autor: Olga Patricia Rendón Marulanda
5 de Septiembre de 2015


El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene en etapa de observaciones el decreto mediante el cual se disminuye el arancel del azúcar del 117% al 70%.


Nunca antes los gremios empresariales y los sindicatos habían estado tan de acuerdo en ningún tema como ahora con su petición al Gobierno Nacional para que continúe protegiendo a la industria azucarera colombiana.


La Confederación General de Trabajadores (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el gremio de los empresarios de la caña azucarera, Asocaña, firmaron un comunicado conjunto en el que llaman la atención del Gobierno por las “graves consecuencias que tendría para el suroccidente colombiano, la firma de un proyecto de decreto que se puso en consulta por parte del Ministerio de Comercio”.


El proyecto determina que para doce posiciones arancelarias se establecería un arancel máximo posible de 70% que hoy es del 117% y que irá reduciéndose de forma escalonada durante tres años hasta llegar a un 40%.


Los firmantes indicaron que de llegar a firmarse este decreto “ocasionaría la peor crisis social y económica en el suroccidente colombiano y la región panelera de todo el país, pues si al azúcar le va mal, a la panela también”. 


Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos expresó que “no vamos a hacer eso. Sí los vamos a bajar, porque hay que mantener un sano equilibrio entre proteger la base y estimular la cadena”, expresó el Mandatario.


“Vamos a tomar una decisión, quiero decírselos con toda franqueza. Vamos a bajar el arancel que está en la franja de precios de la Comunidad Andina, franja que yo negocié hace 25 años como ministro de Comercio. Pero la vamos a bajar a un nivel muy razonable, no la vamos a desaparecer como nos lo están pidiendo muchísimos”, aseguró el Presidente.


Adicionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) opinó que el arancel debería bajarse inmediatamente al 40% justificado en las irregularidades que han venido cometiendo algunos ingenios azucareros que son materia de investigación de esa entidad y que mostrarían un amplio margen de ganancia de esa industria. La SIC advirtió que esa decisión debería ser tomada como una medida de protección al consumidor.


Al respecto Alejandro Vélez, vicepresidente técnico de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), puntualizó que la SIC está cometiendo una extralimitación de opiniones: “La SIC está dando consejos que no le competen, este es un ente de control y se debería limitar a controlar. Es una entidad que tiene serios sesgos contra la industria azucarera y eso puede tener consecuencias muy graves porque debilita la institucionalidad del país”. 


Además, Vélez aseguró que el paso real del arancel al azúcar al precio del consumidor final es irrelevante porque los grandes costos los aporta la industria.



La industria confitera

La disminución al arancel del azúcar se viene planteando desde el MinCIT a raíz de la petición que hicieron compañías de la chocolatería y confitería afirmando que el precio elevado del azúcar les hace perder competitividad.


Al respecto, Alejandro Vélez afirmó que “lastimosamente el Ministerio está cayendo en un tema de desinformación. La industria chocolatera y confitera ha tratado, desde hace cinco años, de desbaratar los instrumentos de política comercial afirmando que los precios internos del azúcar están muy por encima de los precios internacionales y, por ejemplo, el precio de Latinoamérica está en US$0,7 y los de Colombia en US$0,72”.


Lo que es imposible, según el gremialista, es que se pretenda que el precio interno del azúcar en Colombia sea el mismo que el precio internacional en el puerto, y ejemplificó que en Estados Unidos el precio de una libra de azúcar es el doble de lo que vale para exportar.


Y concluyó que la industria confitera y chocolatera tienen márgenes de utilidad muy altos y que estos no pueden ser “a costillas” de los productores y de la mano de obra no calificada de este país “que es la que tenemos que proteger”.