Nacional

400 Colombians have been deported by the Venezuelan government
400 colombianos han sido deportados por el Gobierno venezolano
24 de Agosto de 2015


Los colombianos fueron deportados luego de que comenzara el estado de excepción decretado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Colombia pide se respeten los derechos humanos de los ciudadanos que allí se encuentran.


Foto: EFE 

El próximo miércoles se realizará una reunión entre las cancilleres de Colombia y Venezuela para tratar la situación. 

Redacción EFE


Un total de 394 ciudadanos colombianos, de los cuales 42 son menores de edad, han sido deportados por Venezuela en los últimos días, luego de que entrara en vigor el estado de excepción decretado por el Gobierno de Nicolás Maduro tras un ataque en la frontera, informó el Ministerio del Interior de Colombia.  


Ante esta situación, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, hizo un llamado a las autoridades venezolanas para “que se pueda solucionar este drama humanitario de una forma rápida y  sin afectar los derechos de los colombianos en Venezuela”.  


En una rueda de prensa en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Cristo aseguró que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se comunicó con el presidente de  Venezuela, Nicolás Maduro, “para conversar sobre esta situación”.


El pasado miércoles los pasos entre el departamento de Norte de Santander, en Colombia, y el estado de Táchira, en Venezuela, fueron cerrados por orden de Maduro tras un ataque de presuntos contrabandistas contra militares venezolanos en el que resultaron tres uniformados y un civil herido.   


Tras el cierre de la frontera, Maduro decretó el estado de excepción en el estado de Táchira por 60 días prorrogables, que entró en vigor el sábado, y cerró “hasta nuevo aviso” todos los pasos fronterizos con Colombia en esa región, que es usada por contrabandistas y paramilitares, según el mandatario venezolano. 


Cristo explicó que el vicepresidente venezolano, Jorge Alberto Arreaza, se encuentra haciendo una visita en la ciudad fronteriza de San Antonio de Táchira, por lo que le ha pedido aprovechar esta situación para mantener una reunión.   


Asimismo, afirmó que actualmente ambas partes están definiendo el sitio de la frontera donde se va a realizar la reunión  el próximo miércoles entre las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y Venezuela, Delcy Rodríguez, que se reunirán para tratar la situación. 


En su intervención, el Ministro también anunció la creación de un centro de mando unificado liderado por la Policía y el Gobierno Nacional en la ciudad de Cúcuta para atender la llegada de deportados a Colombia.  


En dicho centro habrá funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Cancillería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las autoridades regionales y municipales.



Colombia pide se respeten los derechos humanos

El Gobierno de Colombia pidió que “se respete la integridad y los derechos humanos” de los ciudadanos del país que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones adelantadas por Venezuela en el marco del estado de excepción decretado en el paso fronterizo del estado de Táchira.


Asimismo, exigió que antes de tomar medidas de deportación “se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos”, según un comunicado de la Cancillería.   


El estado insistió en su rechazo al cierre de la frontera entre ambos países ya que según el Gobierno colombiano esto “genera un problema social de gran dimensión por la cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente”. 


Además, recordaron que el cierre causa daños económicos en ambos países, agregó la información.


“Debemos buscar mecanismos conjuntos para solucionar la problemática que se vive en la frontera común, pero minimizando el daño que esta medida produce para los hombres mujeres y niños de los dos países que viven, trabajan y estudian en la zona fronteriza”, concluyeron.


Desde entonces, Venezuela ha deportado a varios centenares de colombianos indocumentados y ha apresado a otros ocho que están acusados de ser paramilitares.


El sábado, el presidente, Juan Manuel Santos, afirmó que el cierre indefinido de la frontera beneficia a la delincuencia, y destacó que tratará de hablar con Maduro para solucionar cuanto antes esa situación.




Hallazgos en la frontera

El vicepresidente venezolano, Jorge Alberto Arreaza, quedó “impactado” con el hallazgo de una cárcel clandestina y otras pruebas de la existencia de lo que llamó “paramilitarismo puro” en una faja de la frontera con Colombia cerrada por orden del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.   


“Esto nos ha impactado y es una realidad que habla por sí sola y que demuestra cómo el capitalismo paramilitar de la ultraderecha colombiana ha tratado de hacerse del territorio venezolano”, subrayó Arreaza desde San Antonio, localidad del estado Táchira.   


La segunda autoridad del Gobierno venezolano llegó ayer a Táchira en compañía de los titulares de las vicepresidencias Social, Política y Soberanía, Seguridad Alimentaria, Planificación y Economía y Finanzas para evaluar la ejecución del estado de excepción.


En una transmisión de la televisión estatal desde la localidad La Invasión, una explanada de unas 2.000 viviendas levantadas a 300 metros de la frontera y donde más de 2.500 soldados y policías seguían con los allanamientos iniciados la víspera, Arreaza mostró la cárcel subterránea, probablemente para esconder a secuestrados.


También mostró explosivos con sus detonantes, dinero venezolano en efectivo, armas, precursores químicos y vestimentas de grupos paramilitares colombianos, entre ellas unas con insignias donde se lee los alacranes rojos y contraguerrilla.


En la zona también se descubrió “un burdel con más de 500 mujeres de ambas nacionalidades explotadas por paramilitares”, destacó sin actualizar cifras sobre deportados indocumentados. 


El general de división Temístocles Morantes Torres, jefe militar del Táchira, confirmó en la misma transmisión televisada que la operación militar y policial con más de 2.500 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Fanb) y cuerpos de seguridad, con el apoyo de blindados, se mantenía en la zona “casa por casa”.