Editorial

Retorno a un debate superado
7 de Agosto de 2015


Vemos difícil que prospere, pues implicaría retrotraer debates ya superados en la historia del país y cuestionaría el principio de reciprocidad existente entre los países que enfrentan la lucha contra la producción y tráfico de narcóticos.

Cobró relevancia el representante a la Cámara del Polo Democrático por Antioquia, Víctor Correa, con una propuesta de Proyecto de Ley que reformaría el Código de Procedimiento Penal en lo pertinente al proceso de extradición “con la finalidad –según su autor- de brindar garantías a los nacionales y prevenir el error judicial”. La iniciativa ha captado la atención por cuanto contiene en su articulado algunas consideraciones que parecen hechas a la medida de las Farc, cuyos cabecillas podrían quedar en la mira de los Estados Unidos tras la eventual firma de un acuerdo de paz, y particularmente de alias simón trinidad, condenado en ese país a una pena de 60 años de prisión por el secuestro de tres contratistas norteamericanos, quien a la luz de la iniciativa podría solicitar su repatriación.


Radicado el 21 de julio pasado, el Proyecto de Ley contempla en sus artículos 5 y 6 que “no procederá la extradición de miembros de la insurgencia, por delitos políticos y/o conexos, o por hechos perpetrados en razón a su pertenencia a la organización al margen de la ley” y que “no podrán ser extraditadas las personas beneficiadas con amnistías o indultos o con la aplicación de penas alternativas conforme a disposiciones de justicia transicional”. Más adelante, en el Artículo 17, se consagra la “Repatriación a solicitud de parte”, según la cual quienes purguen penas en el exterior podrán pedir su repatriación a través de las autoridades consulares de Colombia en diversos casos, entre ellos, “cuando en Colombia cursen en su contra procesos judiciales por hechos distintos a los que motivan el juzgamiento o la condena de la autoridad extrajera”.


La historia de Colombia está teñida de sangre por cuenta de la figura de la extradición. El primer y único tratado suscrito entre Colombia y Estados Unidos fue ratificado por las partes en 1979 y luego declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia, bajo la presión de las balas y del dinero del Cartel de Medellín. Durante el Gobierno de Virgilio Barco Vargas y mediante normas amparadas en la figura del Estado de Sitio, se autorizaron extradiciones por vía administrativa hasta que, finalmente, la coacción de las empresas criminales, que no ocultaban su temor a esa figura, hizo que la extradición fuera expresamente prohibida por el Artículo 35 de la Constitución de 1991. Los efectos de esta decisión no tardaron en verse: la consolidación del fenómeno del narcotráfico asociado a otros delitos, en Colombia y por parte de colombianos en el exterior, unido a una creciente presión internacional, llevaron a la reforma constitucional que, mediante el Acto Legislativo 01 de 1997, revivió el mecanismo. Desde entonces, el mayor solicitante de ciudadanos colombianos ha sido Estados Unidos, seguido por España y Perú; en el 75% de los casos la extradición se ha originado en el narcotráfico, según cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia. Entre el 7 de agosto de 2002 y la misma fecha de 2014, se extraditaron 2.104 personas, según el Representante Correa.


A primera vista la iniciativa parece inoportuna, pues no haría más que añadir ruido a la mesa de conversaciones de La Habana, donde la prioridad está en alcanzar un acuerdo en los puntos relacionados con las víctimas y el fin del conflicto; más aún porque no hay claridad sobre qué clase de condena están dispuestos a pagar el secretariado de las Farc y sus combatientes por los delitos cometidos. Pero es precisamente en este punto en el que la iniciativa del representante Correa parece pertinente, pues pone sobre el tapete una realidad que, seguramente, las Farc han analizado internamente: la firma de un Acuerdo de Paz con el Gobierno Colombiano no borra sus cuentas pendientes con la justicia norteamericana. Esto, unido a la tesis de la insurgencia de que no van a pagar ni un solo día de cárcel, da por descontado su apoyo a la propuesta, que, de paso, les facilitaría el mecanismo para la reclamada repatriación de alias simón trinidad, a quien nombraron plenipotenciario en la mesa de diálogos desde su instalación y cuya excarcelación han pedido reiteradamente a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.


Aunque al momento de escribir estas líneas no se conoce una postura oficial del Gobierno frente al Proyecto de Ley, vemos difícil que prospere, pues implicaría retrotraer debates ya superados en la historia del país y cuestionaría el principio de reciprocidad existente entre los países que enfrentan la lucha contra la producción y tráfico de narcóticos. Adicionalmente, la tesis de que sólo en Colombia se puede garantizar que un actor armado cumpla con los mínimos de verdad y reparación para sus víctimas, es refutable desde la experiencia, pues han contribuido mucho más a la verdad y a la reparación los cabecillas paramilitares extraditados en mayo de 2008 que aquellos que se quedaron en el país y que ya comenzaron a salir de prisión tras cumplir los ocho años de cárcel que contemplaba la Ley de Justicia y Paz. La justicia colombiana no garantiza, como sí lo hace la norteamericana, que quienes cumplan las penas no regresen a la calle con el mismo poder que tenían antes y que les permitiría retomar su accionar criminal. Más allá de si la intención del representante Correa era -o no- favorecer los intereses de la guerrilla, este debate que apenas comienza no podrá desligarse de la coyuntura del proceso de paz. Confiamos en que la discusión se dé dentro de la mayor rigurosidad jurídica para que, al final, no se abra una ventana que cuestione la vigencia de las extradiciones ya ejecutadas.