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El alto tribunal, en un comunicado, explicó que la medida no se tomó por razones de ilegalidad o inconstitucionalidad sino para “evitar posteriores y eventuales daños al interés público en caso de que se adjudicaran las acciones a los inversionistas privados”.

El  Consejo de Estado ordenó al Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, asegurar que se cumpla esta orden judicial mediante las respectivas órdenes administrativas, instrucciones y demás medidas pertinentes.

Informaron también que  “se fijará con prelación y urgencia la primera audiencia de trámite para adelantar el procedimiento correspondiente, sin perjuicio de las demás medidas a que haya lugar según el estado procesal de los expedientes acumulados”.