Editorial

¿Intocables?
8 de Mayo de 2015


La que transcurre no es una reforma integral, ni perfecta pero no está manchada por hechos que justifiquen la solicitud de los altos cargos judiciales y el fiscal, de una constituyente, con origen, rumbo y futuro incierto.

Desde la mañana del miércoles, algunos juiciosos congresistas denunciaron los cambios realizados por ocho conciliadores al proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. Tales cambios, aprobados a las carreras, afectaron 26 artículos en los que las mayorías del Senado y la Cámara de Representantes habían dejado constancia de sus diferencias con la voluntad del Gobierno Nacional. Entre las revisiones polémicas se cuentan las que reviven la venta de Isagén, como ayer denunciamos, la minería en páramos, las licencias exprés y la privatización del Canal 1. Por supuesto, y como es justo, las actuaciones de ocho conciliadores y los ministros de Hacienda, Minas y de la Presidencia, enojaron a las mayorías derrotadas por los conciliadores y a personeros de opinión que guardaban esperanzas en que sobrevivieran los importantes ajustes. Aprobado en el Congreso, el PND transita hacia la sanción presidencial entre anuncios de demandas por vicios de trámite y fondo.


Los episodios entre la tarde del martes y la noche del miércoles alimentaron las desconfianzas de la ciudadanía en trámites legislativos en los que concurren lobistas y altos funcionarios gubernamentales habilitados para seducir votos favorables al Ejecutivo, acciones que el país no logra entender cómo en unos casos se aceptan y en otros generan condenas como las impuestas a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacios por sus interferencias durante la aprobación de la reelección presidencial, en 2005. Tal desconfianza se hizo ambiente propicio para que las cabezas del Poder Judicial presentaran su idea de provocar el hundimiento del proyecto de Equilibrio de poderes buscando abrir camino a una asamblea constituyente con agenda preestablecida por las cortes y el fiscal general. En la presentación de la iniciativa, los altos cargos del Poder Judicial mencionaron la necesidad de revertir lo actuado por el Congreso en materia de elección de magistrados y órganos de control, así como la importancia de adecuar la justicia a “un escenario de posconflicto”, etérea frase que no logra ocultar el afán de sentar las bases para la impunidad a que siguen aspirando los negociadores de las Farc en La Habana.


No se equivocan los magistrados y el fiscal cuando alertan sobre fallos del proyecto de Equilibrio de poderes, toda vez que el Gobierno lo tramita con la única intención de eliminar la reelección presidencial, mientras el Congreso, deliberante y activo, ha recogido otras aspiraciones de cambio institucional que han venido madurando en la opinión pública y los partidos políticos. Aunque pasan dificultades y son perfectibles, hay avances en la eliminación de los poderes electorales de las cortes, la paridad en las listas y el tribunal de aforados. Enfocar y dar coherencia a lo decidido es posibilidad vigente, aún dentro de las vicisitudes que enmarcan el debate legislativo, el de Dinamarca y el de Cundinamarca. La que transcurre no es una reforma integral, ni perfecta y yerra al eliminar la reelección presidencial en vez de fijar mecanismos de control al proceso electoral, sin embargo no está manchada por hechos que justifiquen la solicitud de los altos cargos judiciales y el fiscal, de una constituyente, con origen, rumbo y futuro incierto.


En la carta de los juristas es notoria la aspiración de refundar el Estado, que afiebra a ciertos académicos que sueñan con olimpos radicales mientras aspiran a reunir en tan magna tarea a individuos seleccionados entre los más pulcros e incapaces de dejarse atrapar por tentaciones terrenas que sí parecieran abundar en el Congreso. ¡Falso!, ni tales ángeles, si existieran, se involucrarían con las dificultades y derrotas del proceso legislativo, ni existe posibilidad de que el país llegue a elegir una constituyente con mayores capacidades técnicas y pluralidad que el Congreso que hace apenas un año recibió por muchos el nombre de Congreso Admirable, en reconocimiento a los talentos, experiencia, diversidad y carácter de los congresistas elegidos en 2014. 


En el debate abierto por la carta de magistrados y fiscal apenas se ha insinuado la discusión sobre el futuro de la reforma de Equilibrio de poderes que Gobierno y Congreso seguirán analizando en los dos debates pendientes en Cámara. Aunque la presidente de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, no suscribió la misiva alegando que esa instancia debe emitir concepto sobre el proyecto en curso, quedan abiertos interrogantes sobre su imparcialidad frente a un proyecto que el Gobierno ha anunciado que mantendrá.