Editorial

Espaldarazo a la industria extractiva
25 de Abril de 2015


Todas las acciones que se tomen deben apuntar a fortalecer el principal activo de la industria minera que es la confianza, especialmente hacia los potenciales inversionistas.

En desarrollo del Congreso Nacional de Minería que durante dos días se realizó en Cartagena y que por primera vez organizó la Asociación Colombiana de Minería (ACM). Los diagnósticos acerca de la situación del sector minero y de hidrocarburos eran bastante predecibles. Para nadie es un secreto que los problemas originados en la caída de los precios internacionales de los minerales y en el auge de la extracción ilegal han generado un funesto escenario para una industria que hasta hace un par de años le aportaba a la Nación hasta el 25% de sus ingresos. El mérito del sector es que su cumbre no estaba a la expectativa de un milagro en los mercados, sino que tuvo propuestas concretas para entregar al Gobierno Nacional, en cuyo apoyo sustentan las perspectivas de su recuperación.


La situación actual es producto de una sucesión de hechos cuyo origen puede situarse claramente en dos escenarios: el primero, el auge de los precios finalizando la primera década del nuevo milenio, que impulsó a los empresarios a hacer grandes inversiones cuya producción llegó en el momento del desplome, generándose una sobreoferta de minerales. Fruto de la bonanza vinieron las mayores tasas impositivas, por un lado, y el apogeo de la extracción ilegal, segundo gran escenario, que fue dejando una estela de devastación en el terreno que, expuesta en los medios de comunicación, demolió la reputación de la industria minera y alimentó la animadversión que hoy persiste. Fruto de esta situación vinieron las mayores exigencias de las autoridades ambientales, para la entrega de títulos y licencias.


Hacer frente a semejante panorama constituye un reto mayor para el sector minero y de hidrocarburos cuyo primer paso, acertado a nuestro juicio, fue la unión de fuerzas materializada en la constitución de la ACM, donde exploradores y productores, así como prestadores de bienes y servicios relacionados con el sector, se mueven en la misma dirección. Lo segundo, todavía pendiente, es lograr que la sociedad colombiana, permeada por las posturas radicales de movimientos ambientalistas y por la desinformación sobre los verdaderos impactos de la gran minería versus los de la informal y la ilegal, mire con objetividad los argumentos técnicos de la industria para derribar los mitos que se han construido. Y lo tercero es lograr el apoyo del Gobierno Nacional en distintos frentes para que aquel sector que fue planeado como una “locomotora” de la economía arranque por fin y convierta a Colombia en un país minero.


Ese apoyo es prácticamente un hecho a juzgar por la intervención del presidente Juan Manuel Santos durante la clausura del Congreso, oportunidad en la cual el gremio expuso de manera concreta sus iniciativas para conformar un plan de impulso a la productividad de la industria extractiva, con medidas de choque y de largo plazo, entre otras, la deducción por inversión en activos fijos productivos, la eliminación del impuesto adicional a los explosivos y el ajuste a las tarifas de retención. Por otro lado, la reducción del canon superficiario y el marco legal para los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines) ya fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que evidencia el fruto del trabajo conjunto entre el sector y el Gobierno, del cual han participado los ministerios de Minas y Energía, Hacienda y la Dian. El Mandatario habló de rediseñar la política minera dentro de lo cual fue explícito en señalar la necesidad de tener reglas claras para el sector, brindar apoyo a los proyectos en desarrollo, facilitar la formalización y delimitar claramente las áreas estratégicas de reserva para alcanzar la compatibilidad de lo ambiental, lo social y lo económico. Adicionalmente acogió el pedido de revisar la parte tributaria, sobre la cual el gremio pidió que se reconozca la necesidad de disminuir la carga fiscal en concordancia con las recomendaciones de la Ocde.


Frente al problema de la extracción ilegal, el presidente Santos insiste en tres caminos: la formalización, la reconversión cuando los proyectos no son viables o se hacen en zonas excluidas ambientalmente y la judicialización. En este sentido consideramos que todavía hay un vacío para afrontar la opción de la reconversión, pues el Estado debe acompañar los procesos para garantizar la generación de una cultura de cambio del uso de la tierra y de las tradiciones de quienes ejercen la actividad. Igualmente, como lo reclamó el gremio, acciones urgentes y directas tendientes a la captura y judicialización de los actores criminales que practican la extracción ilegal, un negocio cuyas características hacen posible su detección y persecución decidida que de paso traería la reducción de la criminalidad en general.


Todas las acciones que se tomen deben apuntar a fortalecer el principal activo de la industria minera que es la confianza, especialmente hacia los potenciales inversionistas, pues para su plena recuperación el sector requiere de la inyección de capital extranjero que solamente en el largo plazo puede ser sostenible. No se trata de hacer concesiones a los inversionistas o de facilitarles la rentabilidad de la extracción de nuestros recursos, sino de brindar una seguridad jurídica que les permita quedarse para consolidar la vocación minera del país.