Columnistas

Sobre la reforma de la justicia
Autor: Jorge Arango Mejía
12 de Abril de 2015


Reformar la Constitución no es un juego de niños: es un asunto incompatible con las improvisaciones y las marchas forzadas. Para que una reforma tenga posibilidades de acierto, es menester reunir varias condiciones.

En primer lugar, un proyecto de reforma constitucional no puede redactarse de la noche a la mañana, a las volandas, bajo el apremio de los titulares de los medios de comunicación que, movidos por un hecho concreto, aprovechan para aumentar su circulación. Por el contrario: hay que comenzar por integrar una comisión, confiarle una tarea determinada y señalarle un plazo para llevarla a cabo. Para no caer en generalizaciones, es conveniente pensar en un tema especial, el de la administración de justicia.


En tratándose de este asunto, debe la comisión empezar por el señalamiento de los principales problemas de este servicio público.


El primero de ellos, que, además, genera otros, es la morosidad de los jueces, la duración interminable de los procesos. Este hecho trae consigo dos consecuencias ostensibles: la primera, la tendencia a ejercer la acción de tutela ante la inoperancia de los procesos judiciales que podrían llamarse ordinarios. La segunda, la corrupción, la compra de las providencias judiciales como si de mercancías se tratara. La gente, desesperada porque la controversia se ha vuelto interminable, ha completado varios años de trámites y no se ha resuelto, decide alcanzar las pretensiones para cuya satisfacción presentó la demanda, por caminos diferentes a los previstos en la ley. El más fácil es ofrecer dineros a jueces o a empleados subalternos.


Hay razones para sostener que esta práctica no sólo se presenta en juzgados sino que ha llegado a tribunales y a las altas cortes. Estas últimas también se han contagiado de la lentitud, problema que afecta especialmente al Consejo de Estado. Como lo he escrito antes, en la puerta de éste debería ponerse el letrero que, según Dante, marcaba las del infierno: “Perded los que llegais aquí toda esperanza.”


En segundo lugar, la mala preparación, la ignorancia de los jueces. Da vergüenza, cuando no ira, leer algunas providencias en las cuales el manejo descuidado del idioma es comparable únicamente a los errores evidentes en la interpretación de las normas jurídicas.


El segundo paso de la comisión, consiste en la redacción del anteproyecto de reforma, que se someterá a la consideración del Gobierno. Si éste lo encuentra acertado, lo presentará al Congreso. Naturalmente, la defensa del proyecto no puede confiarse únicamente a funcionarios del Gobierno: tiene que haber entre los congresistas algunos que la asuman. Recuerdo que en 1966, Carlos Lleras Restrepo hizo senador al profesor Carlos Restrepo Piedrahíta, con el fin de que defendiera en el Congreso la reforma administrativa de 1968. Así lo hizo, y después el presidente Lleras lo nombró embajador de Colombia en Alemania Occidental.


Es preciso advertir que no que hay caer en el error de creer que los males de la administración de justicia se remedian con las reformas: en la mayoría de los casos, las fallas son de los hombres y no de las instituciones. Ocurre algo semejante a la relación entre las leyes y los jueces encargados de aplicarlas: un buen juez puede dictar una sentencia acertada con base en una ley mala en sí misma; en cambio, un mal juez dictará un mal fallo basado en una buena ley.


Tampoco hay que pensar que faltan normas: no, las normas existen pero no se aplican. Por ejemplo, la profesión de abogado carecía de reglamentación. Hoy existe un verdadero código que, si se aplicara correctamente, sería suficiente para corregir cualquier falta. Un caso he conocido en que un abogado ha incurrido en faltas gravísimas, so pretexto de ejercer su profesión como apoderado de la parte civil en un proceso penal, y ha sido imposible, al parecer por presiones politiqueras, que se le sancione.


Al paso que vamos, las reformas constitucionales que el gobierno promueve en el Congreso, están condenadas al fracaso. Son el fruto de la improvisación, de la costumbre de legislar siempre por motivos circunstanciales. No me cabe la menor duda: estamos en vísperas de un nuevo parto de los montes.