Columnistas

Sin justicia no hay democracia
Autor: Ivn Guzmn Lpez
31 de Marzo de 2015


La justicia colombiana tiene en jaque a la democracia.

Esta sentencia, que parece extrema, no lo es si glosamos los centenares de casos donde la impunidad es la única constante, mientras los ciudadanos y los medios se preguntan a diario ¿y dónde está la autoridad?, ¿dónde, la justicia? Son cientos, por no decir miles, las investigaciones abiertas contra funcionarios públicos del orden local y nacional, sin que, sospechosamente, esas investigaciones prosperen. Y lo peor, el escándalo de hoy, es cortina de humo para el de ayer, y es entonces cuando esos acusados de ayer, aparecen hoy como candidatos a corporaciones públicas, alcaldías, gobernaciones y hasta presidencia. Raramente, una democracia (excepto, parece, la colombiana), soportaría tanta cadena de corrupción dentro de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ninguna democracia (a no ser que fuese de papel), resistiría a una Corte Constitucional con visos de corrupción tan graves y vergonzosos, como la que soporta este país, por cuenta de la poca o ninguna integridad ética de algunos magistrados, en cabeza de su mismísimo presidente, al igual que en el pasado cercano ocurrió con el  Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. Duele más y produce mayor tristeza y vergüenza, si consideramos que muchas de estas instituciones son hijas de un proceso de paz y de la Constitución de 1991, la misma que, creíamos, nos pondría en el camino de la más robusta institucionalidad y sustento de un verdadero Estado de derecho. En suma, la rama judicial, pilar de cualquier democracia, es precisamente hoy la que propicia la más  grave crisis de prestigio y credibilidad en las instituciones que hayamos vivido los colombianos. 


Lo verdaderamente vergonzoso del asunto, para la estabilidad democrática y el buen nombre de Colombia, es que sujetos como Jorge Pretelt, precisamente aupados por el vacío de justicia y la incapacidad manifiesta de la Comisión  de Investigación y Acusación de la cámara de Representantes para esclarecer y llegar a medidas verdaderamente aleccionadoras, aseguró que no va a renunciar (como se lo han pedido colegas, tribunales, el gobierno y la opinión pública), y anunció, con el terror del condenado, que “si me voy, nos vamos todos”, dando a entender así la putrefacción que hay en esa Corte. Por supuesto, ante el contraataque, todos sus colegas callaron,  tal vez recordando el rabo de paja que ocultan bajo la toga.    


A este descalabro institucional se le suma la poca credibilidad que la población encuentra en las palabras del señor presidente de la república, cuando, veintejulieramente, dijo en Medellín que “hay que sacarle tarjeta roja al que se porte mal”, a sabiendas de que en este país no hay quien le saque tarjeta roja a nadie, y menos a los “árbitros” del establecimiento, “que imparten justicia”, porque es sabido por todos que aquí, “a la longaniza la cuida el gato”.


No deja de suscitar curiosidad el que mientras en Colombia los ciudadanos del común van a la cárcel, hasta que demuestren que son inocentes, el magistrado Pretelt y sus “colegas”, permanezcan atornillados a sus cargos (aduciendo la presunción de inocencia y el debido proceso), en detrimento del interés general implícito en la respetabilidad de las instituciones, más si ellas son de la magnitud de la Corte Constitucional. En cualquiera parte del mundo (excepto en las democracias mermeladas y anémicas), lo lógico ante un hecho de esta magnitud, para bien de su sistema jurídico y su institucionalidad, sería la renuncia o suspensión de los jueces cuestionados mientras se les adelanta el debido proceso, para evitar así la confusión entre el oscuro interés particular y la respetabilidad que deben encarnan las instituciones públicas. ¡Justicia! ¡Justicia!, pide la democracia.


Puntada final: es deprimente escuchar a los amigos comerciantes del Centro, cuando hablan de pérdidas sostenidas por la escasez de ventas, la competencia desleal, la venta de piratería y contrabando,  y el abandono del espacio público por parte de las autoridades. Lo cierto es que mientras el señor Jorge Alberto Pérez Jaramillo, Secretario de Hacienda municipal, sostiene que “Medellín es una de las ciudades mejor planeadas”, el Centro está siendo intervenido con la construcción del tranvía de Ayacucho, y de contera le agregaron el Plan Parrilla, al parecer, sin ninguna planeación; sin siquiera sacar los buses del Centro, con caos vial, con ausencia manifiesta del Tránsito municipal y con las ventas callejeras multiplicadas y a las puertas mismas de los negocios de los comerciantes que pagan toda suerte de cargas impositivas. Entre tanto, al consorcio español Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A., y a otras instituciones municipales, según concluyen reuniones de comerciantes de la comuna 10, parece importarles un bledo la situación del comercio organizado y menos la del ciudadano que tributa y vota.