Editorial

Fundamentos de la justicia
30 de Marzo de 2015


Las denuncias y apertura de investigaci髇 al magistrado Jorge Pretelt han destapado algunas de las presiones y actos de corrupci髇 que han manchado a instituciones que el pa韘 presum韆 por encima de componendas y trapisondas.

Además de provocar equívocas actuaciones de las autoridades, el escándalo ha reabierto el debate sobre las reformas que necesitaría la justicia para recuperar ¿o tomar? su rumbo como pilar de la sociedad. Algunas, que permanecieron engavetadas esperando el ojo avisado o el momento propicio para entrar en escena, parecen instaurarse como opción cerrada y final, así su aplicación no implique transformaciones a las causas y los problemas estructurales de nuestro sistema judicial.


La búsqueda desesperada de una reforma a la justicia, que el Congreso había sido incapaz de tramitar y que las Cortes rechazaban apoyar, alentó la convocatoria a la Constitución de 1991, que entregó a los órganos de justicia capacidades e instituciones de las que se esperaba emanara un ejercicio del poder eficiente e intachable. Hoy, las falencias de esa instancia depositaria de las esperanzas de los ciudadanos propician clamores por otra constituyente refundadora del Estado, que no de las costumbres de los asociados. Tales cantos descuidan que son las prácticas de ciudadanos, abogados y jueces las que forman el sistema judicial y que, por tanto, son estas las que ameritan investigación, comprensión y cambios que permitan conformar un sistema de justicia que garantice el acceso universal a los derechos, o sea la vigencia de la civilidad y el acatamiento a la institucionalidad como fundamentos del Estado.


Usuarios de servicios públicos, como la salud o la protección a víctimas de la violencia, han reiterado sus denuncias sobre exigencias hechas por funcionarios administrativos para que entreguen sentencias de tutela como requisito para recibir la garantía de sus derechos. Tales demandas, sumadas al uso de esa protección como complemento o sustituto de actuaciones en procesos ordinarios, y hasta arbitramentos privados, ha provocado, como ayer señaló el columnista Jorge Arango Mejía, expresidente de la Corte Constitucional, un desvío, pues la tutela “destinada  en su origen a corregir las violaciones de los derechos fundamentales, se ha convertido en un remedio para todo, especie de panacea universal”. El abuso se traduce en cerca de 70.000 decisiones de tutela, que los nueve magistrados constitucionales deberían revisar; la configuración de ese imposible impuso la designación de auxiliares, estudiantes pasantes, que estudian las sentencias y hacen la preselección de las que pueden ser revisadas. Aun en situaciones transparentes, siempre quedarán dudas por las decisiones que no fueron escogidas. Y ni se diga, ahora que se sabe de intereses y presiones sobre la selección.


Premisa indiscutida en el debate presente sobre la corrupción en la Corte Constitucional y las acciones necesarias para conjurarla es el carácter intangible que se pretende dar a la acción de tutela. Tal consideración se levanta como barrera infranqueable para discusiones necesarias, y responsables, que deben propiciar acuerdos sobre las reformas administrativas y judiciales requeridas para garantizar el fin de los abusos con la acción de tutela, que también congestionan los procesos ordinarios. Con la reforma se debe procurar que la acción de amparo sí sea excepcional y permanezca al alcance de ciudadanos cuyos derechos fueron vulnerados.


Si a las decisiones cuestionables de los magistrados las preceden los abusos en la presentación de tutelas y la negligencia de los administradores para cumplir la ley, se comprueban fallas que trascienden a cualquier norma o reforma a instituciones y procedimientos y que demandan acciones transversales. Estas las reclama el constitucionalista y columnista Ramón Elejalde Arbeláez, cuando llama a “un revolcón a la educación en todos los niveles”. Si la justicia, la equidad y la educación son fundamentos de la sociedad del posconflicto, hoy en construcción, parece necesario discutir sobre los principios, objetivos y fundamentos del proyecto educativo que permitirá forjar esa sociedad. Si el clamor nacional es por devolver dignidad a las instituciones de justicia y recuperar la majestad de la magistratura, se ve necesario actuar sobre la formación ética de los ciudadanos, mediante acciones en las que Estado, escuela, familia y medios de comunicación contribuyamos a su preparación para aportar a una sociedad equitativa y justa, o sea con desarrollo sostenible e incluyente.